* Carece del certificado de confianza necesario para ejercerlo, aparentemente
Marco Antonio Aguirre Rodríguez
El 3 de septiembre de 2019 Jorge Winckler Ortiz fue destituido como Fiscal general del estado de Veracruz, porque no presentó el certificado de control de confianza que debía poseer para ejercer el cargo.
Hoy, bajo esa misma presunción, la fiscal Verónica Hernández Giadans, debería de ser cesada de inmediato, porque igualmente, no presenta dicho documento.
Tomó posesión del cargo definitivamente el 26 de marzo de 2020, hace más de tres años.
Y aún con todo éste tiempo transcurrido no ha podido obtener el documento.
Pero no sólo ella carece de éste requisito, si no todo el cuerpo directivo de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz.
Ninguno de los “altos mandos” como los define la misma Fiscalía muestra tener ese documento… vaya, ni siquiera quieren decir la fecha de emisión del mismo.
Muy probablemente porque no lo tienen.
Ni ella, ni sus subalternos.
¿Porqué no han hecho siquiera el intento de conseguirlo?.
¿Algún vínculo con grupos dellincuenciales?, ¿algún pasado turbio?.
Mediante una solicitud de acceso a la información, se pidió únicamente, la fecha de emisión del Certificado Único Policial, que debe tener todo funcionario y el personal que trabaje en cuestiones de seguridad pública, en cualquiera de sus niveles.
Lo solicitado fue:
“Fecha de emisión del Certificado Único Policial del cuerpo directivo de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, desde la Fiscal, los titulares de las Fiscalías (incluyendo las regionales y la Especializada en Combate a la Corrupción), Visitaduría General, Unidad Especializada en Combate al Secuestro, Unidad de Análisis de Información, Órgano Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, Dirección General de Servicios Periciales, Dirección General de la Policia Ministerial, las direcciones de la misma, y el Instituto de Formación Profesional, así como el Centro de Evaluación y Control de Confianza”.
Pero no lo proporcionaron.
La directora del Centro de Evaluación y Control de Confianza de la misma Fiscalía, Paulina Cárdenas González, asegura que todos estos son “altos mandos” y que por lo mismo la evaluación le corresponde a los centros federales.
Más la petición no fue sobre los resultados de la evaluación en la instancia de la misma Fiscalía, si no sobre la fecha de emisión del certificado correspondiente.
Nada más.
Lo haya emitido quien lo haya expedido.
Sólo eso.
Y para tratar de evadir la responsabilidad, alude al “Acuerdo 01/VIII/2013” de la Oficina del Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Pública, según el “Seguimiento de acuerdos” que el mismo lleva.
Sin embargo, ese Acuerdo asienta:
“Que el Centro Nacional de Certificación y Acreditación del SESNSP determine que los Centros de Evaluación consideren para las evaluaciones de control de confianza y la emisión del certificado correspondiente, al personal del Servicio Profesional de Carrera de las Instituciones de Seguridad Pública (Policías, Ministerios Públicos y Peritos), así como altos mandos de las mismas”.
O sea que en lugar de quitarle la responsabilidad, la remarca.
De hecho en esa respuesta se puede leer esta síntesis del mencionado acuerdo.
Paulina Cárdenas termina su contestación diciendo que “me encuentro material y legalmente imposibilitada para proporcionar información al respecto”.
Entonces, si no es esa instancia la que debe guardar los resultados de los exámenes de control de confianza y del certificado único polícial, ¿a qué oficina de la Fiscalía le corresponde?.
El que Mauricia Patiño González, directora de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de la FGE, hayA remitido la petición a esa instancia de la Fiscalía para que no dieran respuesta, obedece a un intento por ocultar que ninguno de los funcionarios de la misma tiene esa certificación, porque de haberla poseíado se hubiera pedido la respuesta a quien si tiene la información.
Así pues, Verónica Hernández Giadans debe ser destituida de inmediato.
Por lo mismo que cesaron a Jorge Winckler, “POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL MANDATO CONSTITUCIONAL DE CONTAR CON CERTIFICACIÓN, REVALIDACIÓN Y REGISTRO CORRESPONDIENTES, NECESARIOS PARA EL INGRESO Y PERMANENCIA EN EL CARGO” (en mayúsculas en la Gaceta Oficial del gobierno de Veracruz del 3 de septiembre de 2019, cuando se hizo el despido).
¿Tardaran mucho los presuntos místicos del estado en proceder en consecuencia?.
Juan Javier Gómez Cazarin, quien actuó en la destitución de Winckler sigue en el Congreso del estado y les puede ayudar a llevar el procedimiento.
