*39 periodistas asesinados en la era AMLO, 12 este año
*Aispuro amenaza a comunicador y victimiza a su hija
TAL VEZ como dicen algunos seguidores de MoReNa, los comunicadores nos lo merecemos por ejercer la crítica que consagra la Constitución Política del País en sus artículos Sexto y Séptimo, no solo a comunicadores sino para todos los mexicanos, y por no formar parte de la hermandad o cofradía de la Cuarta Transformación, pero sea como fuere, en México la violencia contra periodista se agrava al paso de los días alentada por discursos de odio que emergen desde la cúpula del poder, y replicados por gobernadores convertidos en muñecos de ventrílocuo, y en Mérida ocurrió un hecho lamentable que muestra otra forma de terrorismo e intimidación a los medios: el levantón –pese a estar en una casa de seguridad proporcionada por el propio Gobierno Federal para resguardar garantías a periodistas amenazados-, la tortura mediante golpes y amenazas de muerte, y la violación a un reconocido periodista en Mérida, Yucatán quien fue secuestrado por presuntos integrantes del crimen organizado que abusaron sexualmente de él, introduciéndole un tubo por el recto y, posteriormente el cañón de un rifle que amenazaban hacerle explotar en el interior, lo que provocó, incluso, desmayos al torturado. Según el relato del comunicador –cuya identidad nos reservamos, pero que alguna vez fue director de este portal en Quinta Roo-, los hechos tuvieron lugar la noche del 2 de Julio cuando un comando armado irrumpió en el refugio que se le otorgó como parte del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Los delincuentes se lo llevaron a un lugar desconocido donde fue golpeado, vestido con ropa interior de mujer y obligado a arrastrarse ante sus captores quienes lo violaron con un metal o la boquilla de un rifle de grueso calibre, todo lo cual fue videograbado por ellos mismos. Según le dijeron sus captores, no lo mataban “porque no debían calentar la plaza”, pero le ordenaron dejar de escribir, siendo liberado 24 horas después de su secuestro.
EL REPORTERO habría escrito un reportaje para Los Ángeles Press, en el que denunciaba el avance de un grupo delincuencial en Yucatán y sus vínculos con contratos de la CFE para la construcción del Tren Maya, por lo que ese pudo haber sido el detonante por el cual fue levantado y torturado, aunque no descarta las criticas ejercidas contra los Gobiernos Federal y Estatales de Quintana Roo, Campeche y Tabasco, ya que se trata de un periodista que siempre ha ejercido la crítica, lo cual nos consta como colaborador que fue de este portal y directivo en Quintana Roo.
EN DURANGO hay otro asunto que amenaza salirse de control en contra del ejercicio de la libertad de expresión, y en este caso, el Gobernador panista José Rosas Aispuro es pieza clave tras haber amenazado a Iván Soto, director del medio digital Durango En Vivo. La agresión fue vía telefónica, según cuenta el comunicador debido a denuncias que ha realizado por ataques a la libertad de expresión en ese Estado. Relata el comunicador que en mayo de 2021 su hija, hoy de 17 años, fue víctima de una violación sexual que, más de un año después, continúa sin ser investigada a fondo y sin ninguno de los presuntos agresores llevado ante la justicia. Por ese motivo, Soto ha realizado varias críticas al gobierno y a las autoridades de investigación, pues considera que desde el Ejecutivo estatal se está protegiendo a los responsables. El Gobernador ha sido buscado por diversos medios de comunicación para conocer su postura sobre esa denuncia pública, pero no han obtenido respuesta. Las críticas y exigencias del periodista, lejos de presionar a las autoridades duranguenses para lograr resultados en el caso, provocaron que el gobernador llamara la noche del domingo a Soto para advertirle que va a proceder penalmente en su contra. En la llamada, el panista señaló varias veces que la denuncia es contra Soto “como persona, no como periodista”, argumentando que el comunicador sería cómplice “por omisión” en la violación de su hija menor, pues como padre de familia “debía de cuidarla” en todo momento y no lo hizo. Y es que para el mandatario duranguense, los padres y las madres de víctimas de violación tendrían responsabilidad en una agresión sexual, puesto que sería su obligación cuidar de sus hijos e hijas e impedir ataques. “Tú acusaste al gobierno de no hacer nada para evitarlo (la violación). ¿Y quién tenía que ser el responsable de evitarlo? El padre. Tú eras el mayor responsable de tu hija, no el gobierno”, dijo Rosas Aispuro, según el audio grabado de la llamada.
EL GOBERNADOR también acusó a Soto de no denunciar la violación inmediatamente, algo que Soto rechazó tajantemente alegando que tiene las pruebas que muestran que interpuso una denuncia por los hechos al día siguiente del suceso. “No está usted bien informado”, respondió el periodista, quien aseguró que la denuncia del gobernador por supuesta omisión sería en realidad “una amenaza” y un intento de “intimidación”, en represalia por su periodismo crítico durante el sexenio del panista que está a tan solo 60 días de concluir, y por las críticas que ha vertido por presuntos ataques a la libertad de expresión en su mandato. “Esto es una venganza”, dijo Soto en una conferencia de prensa. “Si de verdad al gobernador le interesara el caso de mi hija, no la estaría revictimizando de esta forma. Porque, ahora, mi hija va a tener que comparecer ante un juez para decir cómo fueron los cuidados de su padre, cuando (el gobierno) jamás le ofreció ayuda psicológica ni asesoría legal, nada. Todo lo hemos tenido que pagar nosotros. Ellos solo están esperando a que nosotros les resolvamos el caso, para ver si así proceden contra los violadores, que son hijos de sus amigos”. Héctor Pérez, abogado del comunicador, dice que ya presentaron un amparo ante la justicia federal para evitar “una detención ilegal”. “Es increíble la facilidad con la que un gobernador puede marcar a un periodista y amenazarle con toda impunidad, y que, además, te diga: ‘sé que estás grabando y no me importa’”, subraya Pérez.
EN MÉXICO 12 mujeres periodistas han sido asesinadas y muchas más fueron atacadas en los últimos 15 años, tres de ellas en lo que va de este año, pero solo en el Gobierno de AMLO 39 periodistas fueron ejecutados, 12 en lo que va del año, de acuerdo con información de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), esto demuestra los retos a los que se enfrentan al desempeñar el periodismo en el País, de acuerdo al informe de la relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Promoción y Protección de la Libertad de Expresión, Irene Khan. Y como para rubricar, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirigió una recomendación al secretario de Gobernación, Adán Augusto López; al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat y al titular de la Fiscalía General de aquel Estado (FGEO), Arturo de Jesús Peimbert Calvo, por violaciones a los derechos humanos, falta a la debida diligencia, así como incumplimiento al deber de cuidado en agravio del periodista Gustavo Sánchez Cabrera, asesinado el 17 de junio de 2021 en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca. La CNDH recabó elementos que permiten corroborar “omisiones, dilación, negligencia e incumplimiento de funciones” de, al menos, 15 personas servidoras públicas: 11 de ellas pertenecientes a distintas unidades del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; una más, que forma parte del personal directivo de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos de Oaxaca (CADH), y tres de ellas adscritas a la Fiscalía de la entidad. Así las cosas. OPINA [email protected]
