*A ello agrega la impunidad del violento presente
*Complicidad u omisión es faltar a un deber legal
SUPONIENDO SIN conceder que en Veracruz se acabaron las complicidades entre el Gobierno, la delincuencia y los grupos de poder político, como asegura la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, la sola mención supone la aceptación del encubrimientos pretéritos, delito que se presenta cuando una persona, que no necesariamente es participe en la realización de una conducta ilícita, realiza una acción encaminada a proteger u ocultar a otra, o ciertos bienes producto del hecho delictivo cuya comisión conoce, ayudando a los responsables evadir a la justicia. Porque decir que en este Gobierno ya no hay complicidades es reconocer que en el pasado si las hubo, y como la señora Hernández Giadans es la responsable de procurar justicia, lo menos sería que actuara conforme a lo que establece la ley y no en razón al órgano muscular movible fijado en la parte interna de la boca, que en los seres humanos interviene en el gusto, en la masticación, en deglución de los alimentos y en la articulación de los sonidos, aunque también para decir barbaridades que nos permiten salir del paso. No se trata solo de culpar al pasado sino de actuar con responsabilidad, de presentar pruebas e iniciar carpetas, porque solo abrir la boca para decir que en el pretérito se cometía tal o cual conducta ilícita sin proceder conforme a derecho es aceptarse cómplice, ya que la señora Fiscal, hasta donde se sabe, es la fecha que no ha procedido contra aquellos que según ella eran aliados de los delincuentes, y la omisión es, también, una forma de complicidad.
SEGÚN EL Código Penal Federal, en el Título Vigésimo Tercero del artículo 400 referente al encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita, el capítulo primero inherente al Encubrimiento, inciso VII establece penas de cárcel y administrativa para quien desvíe u obstaculice la investigación del hecho delictivo de que se trate o favorezca que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Ahora que si se trata de Veracruz, el Código Penal para el Estado establece en su artículo 319 que: Se impondrán de uno a ocho años de prisión y multa hasta de doscientos días de salario al servidor público que deje de cumplir con los deberes inherentes a su empleo, cargo o comisión en perjuicio de los derechos de un tercero o en beneficio propio o ajeno.
NO DESEAMOS suponer que la señora Verónica Hernández ha politizado la Fiscalía General del Estado en aras de servir únicamente a quienes la impusieron, que no fueron precisamente, los diputados locales que solo actuaron como la tramoya para consumar al acto, y que incluso esté siendo obligada a copiar la fraseología barata de la administración Estatal que recurre al: miente, miente, miente que algo queda, porque sería catastrófico para la justicia que en Veracruz se aplique la ley a los enemigos mientras a los amigos se les concede la gracia, ya que la función de la dependencia que detenta debe ser abierta para todos, expedita y dispuesta a atender a ricos, pobres, desheredados y pudientes, sin distintos pero, sobre todo sin líneas marcadas desde Palacio de Gobierno.
Y ES que en su comparecencia ante diputados del Congreso del Estado, la Fiscal General recurrió a lo mismo de siempre: a las cifras alegres que nadie cree, y que lejos de fortalecerla la desprestigian como abogada que rindió protesta y asumió un compromiso. A la señora le colocaron el mismo disco rayado: que el feminicidio ha bajado en un 19.2 por ciento, y que al menos el 40 por ciento de los homicidios de mujeres perpetrados en el Estado el año pasado fueron llevados ante un juez de control. Menos mal que reconoció que en su primer año de gestión las muertes violentas de mujeres se incrementaron en un 28 por ciento; se abrieron 182 carpetas de investigación por muerte de mujeres, de las cuales 84 son por feminicidios, 97 por homicidios dolosos y una más por secuestro, pero algo falló en la difusión que al jefe de prensa de la FGE lo pusieron de patitas en la calle, pues al parecer algunos periodistas y legisladores estaban maiceados pero con todo y ello echaron por la borda la comparecencia.
Y COMO la mejor salida a la inoperancia es recurrir al pasado, intentó convencer de que ha logrado la solventación al 100 por ciento del rezago de administraciones pasadas en materia de registro de carpetas de investigación, que por negligencia o corrupción no estaban tramitadas, además que se logró abatir el 52 por ciento del rezago del sistema penal acusatorio y un 80 por ciento del sistema inquisitivo penal, y en materia de gestión administrativa destaca la homologación salarial de mil 294 servidores públicos que significó una inversión de 56 millones de pesos beneficiando a 437 fiscales, 550 policías, 266 peritos y 41 fiscales facilitadores, acción que consolida las bases de una política de cero tolerancia a los actos de corrupción. “Atrás quedaron los pretextos de las carencias que encubrían la inactividad de la Fiscalía”, aseveró, y mientras eso ocurría, en Martínez de la Torre una camioneta del Forense que acudió a levantar el cuerpo de un varón asesinado en el estacionamiento de una plaza comercial tuvo que ser empujado por decenas de policías y particulares, ya que con el cadáver dentro debido a que no arrancó, lo que sucede con la mayoría de las unidades de la dependencia a las que no les dan manteamiento.
DE LOS crímenes más reciente que han conmocionado a la sociedad nada dijo, solo que no quedarán impunes como ningún otro delito en el Estado, pero como la pregunta eran a modo ningún legislador la cuestionó en torno a cifras de impunidad. Aún se recuerda que en Diciembre del año pasado, empresarios que integran la Cámara Nacional de Comercio en Coatzacoalcos hicieron un llamado a los tres órdenes de gobierno para que hagan lo necesario y frenen la impunidad con que grupos delincuenciales cometen actos de violencia. “Nos preocupa el nivel de impunidad que hemos alcanzado y la pérdida de capacidad de asombro ante la violencia que se observa todos los días. Ni las autoridades ni los ciudadanos parecen asombrarse ante los hechos delictivos”, dejo en claro Armando Carvallo Brañas, presidente de la Canaco Coatzacoalcos. Por esos días, dos autobuses de pasajeros fueron incendiados en diferentes puntos de la ciudad porteña, aunque unas semanas antes había ocurrido lo propio con otra unidad. Y en el sur la violencia sigue peor que el año pasado, y ahora, en plena efervescencia electoral, la violencia política se hace presente, incluso, contra mujeres, y la Fiscal dice que casi todos los delitos están resueltos, cuando el Estado, partiendo de cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública anda en un 98 por ciento de impunidad, esto es, solo el 2 por ciento de los ilícitos se resuelve. Así las cosas en este mundo muy propio de la Barbie y Kent. OPINA [email protected]
