Por Miguel Ángel Cristiani G.
Pancho López, el filósofo xalapeño ateniense, suele despachar grandes verdades con la sencillez de una frase popular: el miedo no anda en burro. Y, viendo la repentina inquietud del gobierno mexicano por el caso de Ismael “El Mayo” Zambada, habría que concluir que el miedo, además, tiene muy buena memoria… aunque llegue con dos años de retraso.
Porque eso es exactamente lo que resulta difícil de creer: durante dos años nadie levantó demasiado la voz para exigir una explicación convincente sobre cómo Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán López terminaron en manos de las autoridades estadounidenses. El asunto parecía archivado entre comunicados ambiguos, versiones encontradas y silencios oficiales. De pronto, el gobierno decide desempolvar el expediente y exigir respuestas al FBI. La sincronía política, desde luego, no parece casual.
¿Por qué hoy y no ayer?
La respuesta parece estar más en Sinaloa que en Washington.
Desde hace semanas, el gobierno de Estados Unidos mantiene abierta una exigencia diplomática para que México procese la solicitud de extradición del exgobernador Rubén Rocha Moya y de nueve exfuncionarios de su administración, señalados por presuntos vínculos de protección con la facción de Los Chapitos. No se trata de un rumor de café ni de una filtración de redes sociales: es un tema que ha colocado nuevamente la relación bilateral bajo una presión extraordinaria.
Y entonces aparece el súbito interés por conocer quién se llevó al Mayo.
La coincidencia habla por sí sola.
Quizá alguien en Palacio Nacional comienza a preguntarse si aquella operación que nunca fue aclarada podría repetirse con otros personajes políticamente incómodos. Porque, después del precedente de julio de 2024, quedó demostrado que, cuando los intereses de Washington están en juego, las fronteras pueden convertirse en simples líneas sobre el mapa.
Resulta enternecedor observar al gobierno mexicano solicitar que el FBI reconozca públicamente si organizó aquella operación. Es como pedirle a un prestidigitador que revele el truco antes de terminar la función. Las agencias de inteligencia no acostumbran redactar confesiones para satisfacer conferencias de prensa.
Como diría aquel político hoy refugiado en Chiapas: “me dan ternurita”.
Y mientras en México se insiste en una explicación que probablemente nunca llegará, desde Estados Unidos la respuesta permanece inalterable.
Ken Salazar volvió a sostener exactamente lo mismo que dijo desde el principio: “No era nuestro avión, no era nuestro piloto y no era nuestra operación”. Recordó incluso que él y el entonces fiscal general Merrick Garland notificaron al gobierno mexicano sobre las detenciones los días 25 y 26 de julio de 2024.
Después lanzó una frase demoledora por su sencillez.
“La verdad es la verdad.”
Ahí comienza el verdadero problema.
Si Salazar dice la verdad, entonces el Estado mexicano fue incapaz de impedir que uno de los narcotraficantes más buscados del mundo abandonara el país sin que ninguna autoridad pudiera evitarlo.
Si no dice la verdad, el gobierno mexicano tendría que presentar pruebas sólidas para desmentirlo y no únicamente sospechas, especulaciones o exigencias diplomáticas destinadas al consumo político interno.
En cualquiera de los dos escenarios, la credibilidad oficial sale derrotada.
Porque la soberanía no se defiende dos años después mediante discursos patrióticos. Se ejerce todos los días con instituciones que controlan el territorio, con servicios de inteligencia eficaces y con autoridades capaces de saber quién entra, quién sale y quién gobierna realmente determinadas regiones del país.
Lo demás es retórica.
La política mexicana tiene una vieja costumbre: cuando el escándalo se aproxima demasiado al poder, se organiza una cortina de humo para cambiar la conversación. Pero el humo ya no alcanza para ocultar la desconfianza. Hoy las preguntas pesan más que las respuestas y los silencios resultan mucho más elocuentes que los discursos.
Porque el verdadero problema nunca fue quién subió al Mayo al avión; el verdadero escándalo es que, a estas alturas, millones de mexicanos sospechan que el gobierno pregunta por miedo, no por dignidad, y esa diferencia desnuda el tamaño de la crisis del Estado.
