*Se declara Presidente contrario a ultrajes a la autoridad
*Libertades deben estar por encima de cualquier mando
LO QUE es la necedad. Tuvo que salir el Presidente Andrés Manuel López Obrador a propinarle un par de “coscorrones” al Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, para que le baje al dislate de pretender otra reforma al Código Penal del Estado que le permita seguir ejerciendo el autoritarismo y persecución a ultranza, manipulado por sus sesudos asesores: el presidente de la junta de coordinación política del Congreso local y ex vendedor de autos chocolates, Juan Javier Gómez Cazarín, y el ingeniero agrónomo (seguramente con doctorado en derecho penal), Eric Patrocinio Cisneros Burgos. Y es que ante tanto desacierto del titular del Ejecutivo Estatal, este miércoles su jefe y domador le recordó que “el respeto se gana”, esto en torno al delito de Ultrajes a la Autoridad declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de que “las libertades deben estar por encima de cualquier autoridad”. Y es que Cuitláhuac, temperamental como suele ser, se sintió ridiculizado por el máximo tribunal del País, y en una reacción que evidencia su carácter impulsivo y apasionado, dijo que enviaría otra iniciativa de reforma casi similar a la de ultrajes a la autoridad, pero ya sin ese calificativo para sancionar el delito de agresiones con violencia, como si ya no existiera, por lo que desde Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo Federal dejó en claro que siempre deben de ponerse “por encima las libertades”, además de que cuando no se respeta a una autoridad, se le insulta y se cometen excesos, y el que lo hace se descalifica. En suma, sutilmente le mando el mensaje a Cuitláhuac: ya serénate Gobernador y deja de hacer panchos, y evita ser manipulado por tus corifeos que solo te usan para negocios intramuros.
FUE EL pasado lunes cuando 10 de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declararon inconstitucional el artículo 331 del Código Penal del Estado, que penalizaba con prisión preventiva oficiosa el delito de “ultrajes a la autoridad”, con el que más de 1 mil personas se encuentran actualmente en diferentes cárceles del Estado, pero este miércoles, para que ya se calme y deje de andar haciéndole al ensarapado, el Presidente López Obrador le mandó el mensaje al Gobernador García Jiménez, reiterándole que “el respeto a la autoridad se gana” (en pocas palabras: y tú, Cuitláhuac no te lo has ganado), y en ese tenor criticó el delito de ultrajes a la autoridad luego de que el mandatario Estatal aseguró que buscará cambiarlo tras ser revertido por la Corte Suprema. AMLO dejó en claro que “hay que poner por encima las libertades” al criticar ese ilícito e insistir en que, cuando no se respeta a una autoridad, se le insulta, se cometen excesos, pero el que lo hace se descalifica. “Yo por eso no contesto un insulto, imagínense que yo denunciara por ultrajes a la autoridad”. López Obrador también criticó a los partidos políticos de oposición, como el Partido Acción Nacional (PAN), por su postura en contra del delito de ultrajes a la autoridad pese a que, aseguró, en su gobierno no hay masacres (¿y la reciente de Michoacán apá?) ni tortura y se respetan los derechos humanos.
EL DELITO de ultrajes a la autoridad, contenido en el artículo 331 del Código Penal del estado de Veracruz, fue declarado inconstitucional por mayoría calificada por la SCJN el lunes 28 de Febrero. La acción de inconstitucionalidad fue aprobada por la Corte un día después de que el Congreso de Veracruz derogó las fracciones dos y cuatro del artículo 331 del Código Penal del Estado, lo que los ministros consideraron insuficiente. El fallo de la Suprema Corte desechó la petición del gobernador Cuitláhuac García para sobreseer la acción de inconstitucionalidad 66/2021 que interpuso la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Veracruz. Minutos más tarde de la resolución de la SCJN, el gobernador Cuitláhuac García aseguró que la tarde del martes 1 de marzo enviaría una nueva iniciativa de reforma al Congreso del Estado para que se cree un delito que sustituya al de ultrajes a la autoridad.
Y ES que Cuitláhuac, autoritario como suele ser y con ínfulas de dictadorzuelo trasnochado, no acepta que un poder como el Judicial Federal quiera avasallarlo, él, que tiene el cariño del Presidente López Obrador que lo defiende como si se tratara de hijo (José Ramón), pero de acuerdo al abogado Luis Alberto Martín Capistrán, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Cristóbal Colón, el gobernador incurriría en un acto ilegal si envía la iniciativa y el Congreso de Veracruz sustituye el tipo penal debido a que la Corte ya invalidó los criterios contenidos en este. Por ello advierte que si el Gobernador envía una nueva iniciativa para sustituir el delito de ultrajes a la autoridad, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Estatal podrán promover un recurso de queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el incumplimiento de la acción de inconstitucionalidad, y en ese tenor refiere que las personas que se encuentran detenidas por el delito de ultrajes a la autoridad, envíe o no una nueva reforma, podrán recobrar su libertad luego de que la Suprema Corte invalidó el artículo 331 del Código Penal del Estado.
Y LO mismo opina el Senador Ricardo Monreal Ávila, impulsor de la caída del ominoso delito que disfrazaba los abusos del Gobernador, de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública en contra de ciudadanos pacíficos pero que piensan diferente al régimen. Por ello indica que en el caso de que se repita el mismo tipo penal, si se envía una nueva iniciativa el efecto jurídico es que empezara a correr cuando se publique en el diario oficial pero, igualmente, sería combatido. Por ello el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado dice que el Gobernador García Jiménez debería privilegiar el respeto a los derechos humanos pero, por lo pronto, la inconstitucionalidad es una causa que ya la SCJN le ha enmendado al Congreso Estatal y al mandatario, y tendrán que actuar en beneficio de los que están detenidos por ese delito, y si no lo hicieren incurrirían en desacato y podría solicitarse, incluso, la destitución de los diputados.
LO CIERTO es que la inconstitucionalidad se deberá aplicar con efectos retroactivos a la resolución. Y es que desde Marzo del 2021, fecha en la que se aprobó ese agravado delito, las detenciones superan más de 1 mil, por lo que todos ellos, quienes están privados de la libertad deben declararse libres, y basta con que acudan con el juez de la causa para obtener su libertad, o de lo contrario, el juez que se oponga podría recibir medidas de apremio. Asi las cosas…OPINA [email protected]
