POR SI ACASO/CARLOS JESÚS RODRÍGUEZ/ Crimen de abogado Jiménez impune

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*Masacrado con sus clientes en marzo

*Pleito Cuitl-Winckler trae impunidad

 

EL MIERCOLES 27 de marzo, el abogado hidalguense, Juan Manuel Polo Jiménez fue asesinado a mansalva junto con los esposos Isidoro Jiménez Pérez y Marilú Aguilera García, dos clientes que desde el 7 de Agosto del año pasado habían denunciado un fraude cometido, presuntamente, por el titular de la Notaría Sexta, con sede en Papantla, Donaciano Esteban Cobos Nava, y por el presidente de la Barra de Abogados Independientes de Poza Rica, Carlos Pantoja de la Cruz. Los tres ejecutados viajaban en una camioneta Journey color gris, placas 924 ZUV cuando un vehículo se les emparejó sobre la carretera Poza Rica-Papantla, a la altura de Reforma Escolín. De los asesinos nada se sabe, y el Fiscal General del Estado aun no brinda un informe preliminar, muy a pesar de los antecedentes que se exhibieron en torno al caso http://www.e-veracruz.mx/nota/2019-03-29/seguridad/abogado-asesinado-en-papantla-habia-denunciado-corrupcion-en-notaria, en donde se establece que Polo Jiménez, en una entrevista transmitida en YouTube por un diario del norte de la entidad, denunciaba: “estamos viendo una colusión entre autoridades tanto municipales como del Registro Público de la Propiedad, partiendo de un abogado (Carlos Pantoja) que representa la Barra de Abogados Independientes, y un servidor público como un notario. “Hay que advertir a la sociedad de esta situación”. El jurista explicó en la entrevista para Diario Vanguardia que a la muerte de Balbino Jiménez Pérez (hermano de Isidoro Jiménez, asesinado el 28 de marzo) dos terrenos ubicados en Papantla y Cazones de Herrera quedaron intestados, y que personas allegadas planearon apropiarse de las propiedades. “Para ese cometido, los allegados al propietario habrían falsificado contratos de compraventa que fueron avalados por el notario Donaciano Cobos, quien además les otorgó escrituras de propiedad. Estas tareas ilícitas, dijo el penalista posteriormente ejecutado, tuvieron la complicidad del presidente de la Barra de Abogados, Carlos Pantoja. La familia afectada, citan los textos periodísticos de ese tiempo http://www.laopinion.net/denuncian-despojos-ante-pgr/  presentó una denuncia por fraude contra un total de cinco personas, donde solo comparecieron Donaciano Cobos y Carlos Pantoja. Al terminar la diligencia, el abogado Juan Manuel Polo, la pareja de esposos Isidoro Jiménez Pérez y Marilú Aguilera García y otras dos personas de quien se omitió su identidad pero que, extraoficialmente se supo, responden a los nombres de Carlos Alfredo Huerta y Edna Arisben Mota, está ultima herida de gravedad, abordaron una camioneta tipo Journey color gris, con placas 924ZUV. Ellos regresarían al municipio de Poza Rica donde radican y el abogado se seguiría rumbo a Pachuca, Hidalgo donde tiene su domicilio, pero a la altura de Reforma Escolín, sobre la carretera Papantla-Poza Rica los acribillaron, lo que indica que no querían matar solo al abogado, pues pudieron hacerlo cuando viajara solo, sino también a los denunciantes que resultaron fallecidos por los impactos de bala.

 

LO QUE llama la atención es que ni la Fiscalía General de la República –dado el uso de armas de alto poder para cometer el ilícito-, ni la Fiscalía General del Estado –por haberse cometido el crimen múltiple en tierras veracruzanas- hayan llamado a comparecer a quienes se encuentran como sospechosos de los hechos, como si trataran de ocultar algo o proteger a alguien, situación que fortalece la impunidad y por lo tanto la comisión de esos actos que tienen postrado al estado, pues al no aplicarse la ley, los grupos delincuenciales, sean o no de cuello blanco, consideran que lo que hacen está muy bien y siguen repitiéndolos, intermitentemente, a sabiendas de que nada pasará. Y es que han pasado 25 días de aquel crimen que conmovió a la zona norte del estado, y el despotismo o protección sigue rondando en torno a los hechos.

 

A LAS víctimas, es un hecho, las iban siguiendo, ya que fueron interceptadas en un reductor de velocidad (o tope) por dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes dispararon contra los cinco ocupantes asesinando a tres y dejando malheridos a dos. El notario habría dejado como mensaje póstumo la entrevista que publicaron medios de comunicación del pasado ocho de agosto, en la que prometió: “Cuando estén vinculados a proceso y tal vez en una prisión, les daré la exclusiva, para que se den cuenta de que todo esto es algo ilegal. Descubrimos una red de corrupción. Una red terrible en la que está inmiscuida la Barra de Abogados Independientes (…) Yo no vengo a exhibir a una persona, vengo a denunciar un delito con papeles en la mano”, dijo el abogado, ahora, fallecido, sin saber que siete meses más tarde perdería la vida y la posibilidad de ver ese caso resuelto y, peor aún, que las autoridades hayan decidido dar carpetazo al asunto de manera sospechosa, pues a la fecha se han citado a infinidad de conferencias, pero de esos hechos nada se sabe.

 

POR ELLO, tal vez, los deudos del múltiple homicidio exijan el próximo viernes al Presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su visita a Minatitlán-Coatzacoalcos,  que se haga justicia al destacado abogado Juan Manuel Polo Jiménez, y que se indaguen todas las líneas de investigación que sean precisas para que esos crímenes no queden impunes y sigan alentando otros, y quiera Dios, en caso de que lo hagan, que los denunciantes no pierdan la vida como ha ocurrido con los agredidos el pasado 27 de marzo, cuando se dirigían a Poza Rica y, posteriormente a Pachuca Hidalgo. Por ello la importancia de que el Fiscal Jorge Winckler Ortiz sea invitado esta vez a Minatitlán y Coatzacoalcos, porque lo quiera o no aceptar el Presidente, representa a una institución procuradora de justicia, y su presencia podría despejar muchas dudas en torno a los que está ocurriendo en Veracruz de cara al mandatario nacional, donde los crímenes siguen a la orden del día y, para variar, los pleitos entre el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y el fiscal no cesan, azuzados por su secretario de Gobierno, Erick Patrocinio Cisneros Burgos.

 

Y ES que es tal la impunidad que se respira en el estado como consecuencia de esos pleitos palaciegos, que los veracruzanos ya están desesperados, pues tal parece que la nueva administración de Cuitláhuac García Jiménez no vino a gobernar sino a dirimir conflictos con los yunistas como si todo lo quisieran acaparar violentando la ley, en tanto el fiscal no cede y, habría que decirlo con todas sus letras: tiene razón, pues fue nombrado para un periodo de 9 años que los morenos se niegan a respetar, y en ese tenor todos perdemos. Así las cosas…OPINA carjesus30@hotmail.com