POR SI ACASO/CARLOS JESÚS RODRÍGUEZ/ Hasta panistas exigen salida del Fiscal

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*Operadores no protegen al Gobernador

*Burgos-Winckler: guerra en el paraíso

 

PERCIBIDO DESDE una visión estrictamente política –que no desde el punto de vista jurídico-, Veracruz se encamina hacia una crisis de ingobernabilidad y excesos por la inexperiencia de los que llegaron y la insensibilidad del Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz que no entiende las señales, aun cuando el Articulo 67 de la Constitución del Estado, inciso “C” lo protege al establecer que: “El Fiscal General durará en su encargo nueve años”, en pocas palabras, su periodo terminaría hasta el 2025, algo que no toleran los flamantes gobernantes que quieren controlarlo todo, especialmente, el Secretario de Gobierno, Erick Patrocinio Cisneros Burgos que se ha tomado muy en serio el papel de vicegobernador de la nueva administración, y en ese tenor “me canso ganso” ha establecido un pleito directo con el abogado personal de la familia Yunes Linares, Yunes-Márquez, evidenciando ambiciones personales cuando deberían ser otros quienes operen la “chamba sucia” ya que su papel es, precisamente, la gobernabilidad interna, y no el avasallamiento a ultranza. La confrontación con Winckler Ortiz se ha llevado en las coces al sumiso Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Edel Álvarez Peña, que ya hasta un desayuno le había preparado al gobernante en turno invitando, únicamente, a sus beneficiarios para que le ensalzaran, evitándose un dolor de cabeza en pleno convivio si la convocatoria fuera para todos, pero de pronto el Gobernador pospuso la asistencia que ya había confirmado hasta cerciorarse si Edel Álvarez, también, está involucrado “en los aberrantes hechos que han permitido la liberación de duartistas”, porque según Cuitláhuac García Jiménez, si los ex funcionarios del Gobierno de Javier Duarte de Ochoa lograron salir de prisión, fue por acuerdos ilegales que se hicieron con la Fiscalía, y porque la forma en que fueron detenidos tenía intenciones meramente políticas y no de justicia.

 

ALGUIEN TIENE que decirle al ingeniero García Jiménez y al, también, ingeniero Cisneros Burgos que la salida –no liberación o conclusión del proceso que se le sigue a  los duartistas-, es por disposición de jueces Federales que se ciñeron, estrictamente, a lo que establece el artículo 19 de nuestra Carta Magna: “El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud, (pero a los duartistas les dictaron prisión preventiva oficiosa bajo el argumento de que poseían dos o más residencias y podrían fugarse, un argumento que cayó por su propio peso ya que algunos pidieron incluso, prisión domiciliaria con algún brazalete para ser localizados y les fue negado pese a estar en su derecho).

 

CIERTAMENTE, EL actual Gobierno cuenta con mayoría en el Congreso del Estado, y para nombrar o remover al Fiscal en funciones se requieren pruebas que son fáciles de fabricar pero, sobre todo, dos terceras partes más uno de los diputados que lo integran, y en este caso varios partidos fueron agraviados por Jorge Winckler Ortiz, incluidos panistas que estarían dispuestos a sumarse para, de una vez por todas, que se vaya el personaje que desaprovechó la oportunidad de su vida por soberbio y servil, y así lo ha puesto de manifiesto el voto a favor de las diputadas del PAN, María Graciela Hernández Iñiguez y Nora Jéssica Lagunes Jáuregui, quienes se integraron a la votación a favor de que el Poder Legislativo pueda designar o remover al Fiscal. En suma, fueron 39 votos a favor y 11 en contra, lo que evidencia que los días de Winckler Ortiz están contados y, no solo eso: hasta podría terminar en prisión, ya que comenzaron a circular videos de algunas violentas detenciones de ex duartistas, como la perpetrada contra María del Rosario Zamora, exdirector de investigaciones ministeriales de la Fiscalía General del Estado a quien forzaron la puerta de su departamento y la aprehendieron frente a su menor hija que suplicaba no le hicieran daño a su mama. Ver video: (http://www.gobernantes.com/video.php?id=2226 ).

 

Y ES eso lo que debe evitar el actual Gobierno: incurrir en excesos que más temprano que tarde derriban, incluso a las figuras más sólidas cuando pierden el poder, como ha ocurrido con ex gobernadores, y qué decir de ex funcionarios y ahora el Fiscal General del Estado, porque el poder no es eterno, es pasajero y efímero, y ahí está el caso de Winckler Ortiz, que aunque debería entregar la Fiscalía en 2025, seguramente lo hará en los días por venir en medio de la deshonra y desvergüenza, aunque el Gobierno Estatal, tampoco, se libra de señalamientos, ya que en el imaginario popular, sobre todo de personas que buscan a sus familiares desaparecidos, los autores de la liberación de Arturo Bermúdez son los integrantes del actual Gobierno, aunque, en realidad, los ejecutores sean jueces Federales que dieron su fallo, aun cuando es menester aclarar que no están libres sino sujetos a proceso en libertad, y que existen mecanismos para revocárselas que ya corresponderá aplicarlos a quien supla al Fiscal –cuando eso ocurra en base a la presentación de otras pruebas por el saqueo de que fue objeto Veracruz-, pues de lo contrario la sociedad estaría corroborando lo que ahora cree, y en ese tenor, el propio obispo Luis Felipe Gallardo Martín del Campo criticó que la ley castigue con mayor severidad a una persona que roba en un supermercado que a quien comete el delito de desaparición forzada, el cual no se encuentra catalogado como delito grave.

 

POR LO demás, el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez no debería prestarse al juego de exhibicionismo y evitar que lo “cilindren” -como parece estar ocurriendo ahora-. Él debe ser terso, mientras que el Secretario o Subsecretario de Gobierno la mano dura. No debe exponerse, por lo tanto, a un desgaste innecesario cuando apenas comienza, y acaso a estas alturas ya debería haber convocado de nuevo a los colectivos de personas que buscan a sus familiares desaparecidos, y acompañado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de algún enviado de la nacional y otros organismos defensores explicarles, jurídicamente, por qué Arturo Bermúdez dejó la prisión de Pacho Viejo para seguir su proceso en libertad, comprometiéndose acaso a pugnar porque se revierta esa medida cautelar. Algo diplomático y no las arrebatadas declaraciones que, por cierto, la Coordinación de Comunicación Social no matiza, vamos, ni siquiera trascribe y envía a los medios. Cuitláhuac, sin duda, necesita de un verdadero asesor y operador político, pues nadie nace sabiendo y, por tanto, nadie desea que se repita la historia de gobiernos pasados. OPINA carjesus30@hotmail.com