Ciudad de México a 11 de febrero de 2016
Organizaciones y redes defensoras de la libertad de expresión y los derechos humanos nos pronunciamos por el caso de feminicidio de nuestra compañera periodista Anabel Flores Salazar del periódico El Sol de Orizaba exigimos a las autoridades realicen una investigación apegada a derecho, basada en su labor periodística que permita tener el acceso a la justicia y a la reparación integral del daño que proteja a sus dos hijos, uno de ellos de 15 días de haber nacido.
- La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) es la responsable de abrir una Averiguación Previa y no simular la investigación al abrir un Acta Circunstanciada.
El pasado lunes 8 de febrero alrededor de las 2:00 de la madrugada Anabel fue sacada de su domicilio en el municipio de Orizaba por un grupo de hombres armados. Horas después su cuerpo fue localizado en la carretera de Cuacnolapan, en el Municipio de Tehuacán, Puebla.
Asimismo, exigimos a los medios de comunicación no revictimizar a la periodista por medio de imágenes que vulneran su dignidad y las de sus familiares. Es necesario, un proceso claro con investigación fidedigna pero también un seguimiento en los medios que tome en cuenta el contexto de violencia contra las y los periodistas en el país y la violencia contra las mujeres, por lo que es necesario que se desechen fundamentos sexistas para determinar móviles que terminan criminalizando a las víctimas.
De 2002 a 2015 Comunicación e Información de la Mujer, AC (CIMAC) ha registrado y documentado 331 casos de violencia contra mujeres periodistas en México; durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa se han documentado 49 hechos violentos contra mujeres periodistas entre los que hay tres casos de feminicidio colocando así a Veracruz como la entidad más peligrosa para las comunicadoras.
Es intolerable que a cuatro meses que se haya declarado la Alerta Temprana en Veracruz, debido a las amenazas constantes y asesinatos contra periodistas en dicha entidad, tanto el Mecanismo Federal de Protección para Personas defensoras de Derechos Humanos y Periodistas responsabilidad de la Secretaría de Gobernación como el gobierno de Duarte sean incapaces de implementar medidas de prevención y de protección de manera urgente, además de garantizar a quienes ejercen la labor de comunicación no sean agredidas y perseguidas.
Es responsabilidad de las autoridades garantizar el acceso a la justicia y la reparación del daño en este caso obedeciendo a las recomendaciones nacionales e internacionales en torno a la atención de la violencia contra periodistas en México y las “Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer” (CEDAW/C/MEX/CO/7-8), emitidas a México el 7 de agosto de 2012, en las que en su punto 24 inciso C insta al Estado Mexicano:
“Adopte medidas concretas, adecuadas y efectivas para prevenir e investigar los ataques y otras formas de abuso perpetrados contra mujeres periodistas y defensoras de los derechos humanos y para enjuiciar y castigar a sus autores, y adopte medidas eficaces para luchar contra la impunidad”.
