Tuxpan, Veracruz.- Siempre he creído que hablar con la verdad, señalar lo incorrecto y denunciar lo ilegal de cualquier gobierno, es una forma de mostrar responsabilidad, honorabilidad, moralidad e incluso valentía. No hay nada más vergonzoso que guardar silencio, que callar los abusos y ser sumisos ante el poder.
Hoy, nuevamente he sido objeto de actos de intimidación, de amenazas directas e incluso personas no identificadas ingresaron a mi residencia en el municipio de Cazones, saqueándola impunemente y causándole daños. El mensaje es claro, quieren obligarme a callar, quieren que deje de ser crítico al gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.
Si se creía que la persecución contra la prensa crítica e independiente había terminado durante el gobierno de Javier Duarte, están equivocados, porque hoy se vive una etapa oscura, marcada por la persecución política y el hostigamiento a los periodistas que no son serviciales a la Cuarta Transformación.
Durante el gobierno de Javier Duarte fui despojado de un medio de comunicación, sufrí atentados con bombas molotov y fui víctima de ataques que pusieron en peligro mi vida y tuve que exiliarme del norte de Veracruz. Todos estos hechos constan en expedientes del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Gobierno Federal.
Lo más sorprendente es que dos de estas personas que estuvieron detrás de la persecución en mi contra hoy aspiran a ser alcaldes de Tuxpan: uno se llama Everardo Gustin y el otro Alberto Silva Ramos, brazo derecho del ex gobernador Javier Duarte.
Con la llegada de Cuitláhuac García Jiménez nada mejoró, el gobierno continúa siendo represor. Lo mismo persigue y hostiga a alcaldes de partidos ajenos a Morena, que a periodistas que les señalan sus constantes desaciertos y actos de corrupción.
El actual gobierno de Morena usa a todos sus funcionarios, corporaciones policiacas y hasta la Fiscalía General del Estado como entes represores contra “enemigos” del sistema, como si esto fuera un régimen totalitario.
En Veracruz hoy es más peligroso el “Crimen Autorizado”, que el crimen organizado.
El 6 de octubre del presente año personas aún no identificadas ingresaron a mi residencia ubicada en Barra Cazones, saqueándola y causando daños. Inicialmente se pensó que se trató de un simple robo, pero después surgió información en el sentido de que fue un hecho delictivo con un claro mensaje del gobierno, pues solo faltó que colocaran una cartulina con una amenaza, como lo hacen los criminales.
Estos hechos fueron denunciados ante el Fiscal Tercero de Poza Rica, César Gustavo Martínez Samperio, integrándose la carpeta de investigación UIPJ/DVII/F3/1051/2020.
Tras la denuncia el personal de la Fiscalía y de la Policía Ministerial de Poza Rica y Tuxpan trabajaron en el caso, pero después suspendieron diligencias, dejaron de responder llamadas telefónicas y le dieron carpetazo.
Personal de la propia fiscalía me hizo saber que ya no le moviera, que a ellos les dieron la orden sacar las manos del caso y dejar de investigar. Hasta el Comandante Regional de la Policía Ministerial, con sede en Tuxpan, Rafael Madrigal se hizo ojo de hormiga después de haber simulado que investigaba el caso.
Aquí surge la pregunta: ¿La orden se las dio Fiscal Regional Zona Norte Tuxpan Enrique González Barrón o la Fiscal General Verónica Hernández Giadáns? Por qué estos funcionarios no quieren que se sepa quien saqueó mi residencia.
El monto de lo robado es lo menos importante, lo que si indigna es que los órganos procuradores de justicia se pongan al servicio del poder para cometer persecuciones políticas y amedrentar a los periodistas que no forman parte del círculo de adoradores de Cuitláhuac.
Es cierto que en alguna ocasión milité en el PRD y fui candidato a un puesto de elección popular, pero hoy en día soy un empresario de medios de comunicación, dedicado de lleno al periodismo. No me interesa obtener favores del gobierno de Cuitláhuac, porque con él, no iría ni a la esquina, porque lo conozco bien.
Hoy, exijo que se aclaren los hechos que denuncié ante la Fiscalía de Poza Rica y que cesen los actos de presión e intimidación.
Si el gobierno dice que es inocente, que presente a los responsables y que los turne a un juez, porque con este gobierno no aplica la presunción de inocencia, ellos tienen la carga de las pruebas para desvirtuar el señalamiento en su contra.
Señor Gobernador, ya me quedó claro que estoy en la lista de los periodistas incomodos para su gobierno y esto en lugar de preocuparme me llena de orgullo, y no porque sea engreído, sino porque con ello demuestro a mis lectores que no estoy al servicio de su gobierno.
Se que vendrán más ataques contra mis medios de comunicación y mi equipo de trabajo, pero estamos listos para hacerles frentes, porque aquí podrán faltar cosas materiales, pero nos sobra valor y dignidad.
Seguiremos siendo críticos hasta lograr que las cosas se hagan bien…
