***Piden intervención del Contralor General de Veracruz
Cartas a la redacción:
Xalapa, Ver. Al interior del Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se han generado señalamientos graves en contra del Lic. Javier López Falfán, por presuntos actos de violencia contra su pareja, quien además sería compañera de trabajo, así como por un posible abuso de poder y protección institucional.
De acuerdo con información conocida en torno al caso, la mujer habría sido víctima de agresiones físicas y psicológicas, además de amenazas para impedir que presente una denuncia formal. Según los señalamientos, el C. Javier López Falfán le habría advertido que no pasará nada si lo denuncia, argumentando que cuenta con respaldo al más alto nivel dentro del OIC.
Las mismas versiones indican que el funcionario presume contar con protección directa, derivada de su relación cercana con el Titular del área, el Maestro Eduardo Cabrera Chávez, con quien se afirma sostiene reuniones frecuentes de carácter informal, lo que le permitiría actuar con amplia discrecionalidad.
A estos señalamientos se suma una situación que ha generado preocupación dentro del propio Órgano Interno de Control: el Titular Eduardo Cabrera Chávez, presuntamente no acude de manera regular a las oficinas. Se señala que solo se presenta de forma esporádica por un par de horas, sale a ingerir bebidas alcohólicas en horario laboral y que en ocasiones transcurren semanas sin que se le vea, por lo que la operación cotidiana, la toma de decisiones y la dirección del OIC estarían siendo ejercidas por el Lic. Javier López Falfan, con el conocimiento y aval del Titular, mismo que presume su cercanía, camaradería y protección de parte de Antonio Paxtian Álvarez, Director de Fiscalización de la Contraloría General del Estado.
Según estas versiones, la dirección las decisiones relevantes del departamento se canalizarían a través del C. Javier López Falfan, lo que ha generado la percepción de una concentración informal de poder, así como una debilidad en los mecanismos de control y supervisión institucional.
Uno de los aspectos más delicados es que, presuntamente, incluso la Jefa del Departamento de Responsabilidades Administrativas estaría actuando bajo las instrucciones del Lic. Javier López Falfán, no por jerarquía normativa, sino por indicaciones directas del Titular, quien según los señalamientos solo atiende y respalda las decisiones del citado servidor público.
Este contexto habría propiciado un ambiente de temor, silencio y desconfianza, particularmente para la persona presuntamente afectada, quien enfrenta no solo una situación de violencia en el ámbito personal, sino también una condición de vulnerabilidad institucional que dificulta el acceso a mecanismos de denuncia, protección y justicia.
Cabe mencionar que Eduardo Cabrera Chávez fue operador del grupo Unidos Todos, siendo pupilo de Ángel Alarcón Palmeros, Ex director de Transporte del Estado y de Itzel Contreras Hernández, Ex Titular del OIC de SSP y Ex Directora de Fortalecimiento de la Contraloría General del Estado, junto con ellos se encargo del acarreo de cientos de personas para los eventos del citado grupo.
Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre la apertura de una investigación, pese a la gravedad de los señalamientos, los cuales podrían configurar violencia de género, abuso de funciones, tráfico de influencias y posible encubrimiento, dentro de una instancia cuya función es vigilar la legalidad y el correcto actuar de los servidores públicos.
La actual administración estatal a través de la contraloría Genera del Estado ha hecho hincapíe, en no tolerar la violencia contra la mujer y a los servidores públicos que no comulgan con los valores y actuar que marca el CÓDIGO DE ÉTICA PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ, ante este panorama, se ha hecho un llamado a la Gobernadora, Ing. Rocío Nahle García y a el Contralor General del Estado Dr. Ramón Santos Navarro para que tomen cartas en el asunto, intervengan de manera directa y solucionen la problemática, garantizando una investigación imparcial, la protección de la presunta víctima, la revisión integral del funcionamiento del Órgano Interno de Control y la restauración de la legalidad y la confianza institucional, sin represalias para quienes decidan denunciar.
