*Tanto Poder Judicial y Fiscalía impuestas a modo
*Solo 1.3% de carpetas tienen vinculación a proceso
NO DEBERIA sorprendernos que Veracruz ocupe el segundo lugar nacional en feminicidios, y que la tasa de crímenes dolosos vaya en aumento lo mismo que el secuestro, robos y asaltos -con y sin violencia-, o que personas sean detenidas y aparezcan muertos en los separos del Cuartel San José, o que muchos, tras ser intervenidos y liberados sean desaparecidos como ha ocurrido en municipios del centro como Ixtaczoquitlán, por solo mencionar alguno, donde hay por lo menos 15 personas no localizadas mientras las autoridades se lavan las manos cual modernos Poncios Pilato. Y no debería sorprendernos, cuando el informe de México Evalúa “Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México” refiere que en Veracruz es tácitamente nula la aplicación del sistema de justicia penal, ya que se ubica en el lugar 30 de 32 Entidades con menor avance en su ejecución, lo que da pie a la impunidad y, consecuentemente a la repetición de hechos lamentables. Y es que la imposibilidad de llevar a los violadores de los derechos humanos ante la justicia constituye en sí misma una negación a víctimas de que su derecho a ser reparado. No es secreto que la impunidad es especialmente común en Países y Estados que carecen de una tradición del imperio de la ley, sufren corrupción política o tienen arraigados sistemas de mecenazgo político, o donde el poder judicial es débil o las fuerzas de seguridad están protegidas por jurisdicciones especiales o inmunidades.
Y TODO esto ocurre en Veracruz, según México Evalúa, a pesar de que la Entidad ha recibido poco más de 1 mil 600 millones de pesos tan solo de 2016 a 2019 para implementar los cambios necesario, dado que existe un rezago en cuanto al diseño presupuestal del recurso entregado que no corresponde con las necesidades del Estado. Pero al Gobierno de Veracruz, lejos de importarle la justicia y el Estado de derechos, nombró Fiscal y Presidenta del Tribunal superior de Justicia o modo, y quien no se acople a los caprichos cupulares es víctima del mayoriteo que el Movimiento de Regeneración Nacional tiene en el Congreso Local, lo que convierte al Ejecutivo –que es quien parte y reparte los centavos- en una mini dictadura copia fiel o mímica de la Federación, donde la Constitución que nos rige es manoseada y acomodada al voluntarismo del Presidente en turno, como ocurre ahora con la política energética socavada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ante semejantes reveses, el mandatario nacional anuncia que habrá reforma a la Carta Magna para acomodarla a sus pretensiones respaldado por un Congreso de la Unión que solo obedece ciegamente los mandatos del nuevo mesías cuyo voz es omnipotente y omnipresente, tanto que ya gira, veladamente, instrucciones a otras naciones del orbe que por fortuna ni lo ven ni lo oyen.
PERO VOLVIENDO a la impunidad que presenta el Estado en materia de justicia, Causa en Común identifica que a ello se suma que hay dependencias con un déficit de personal especializado, como en el caso de la Fiscalía General del Estado (FGE) en cuanto a sus policías ministeriales, fiscales, peritos y jueces, y esto se refleja en que exista una excepción de castigo o escape de la sanción que implica una falta o delito. Vamos, la impunidad por parte de la FGE es de 91.2 por ciento en el número de delitos, algo que debería inquietar a un Gobernador preocupado por sus gobernados, pero no es el caso de Cuitláhuac García Jiménez que no atiende a nadie, y en aras de lo anterior se ha vuelto deshumanizado, y ahí está el caso de la abogada Orizabeña linchada en Puebla junto con otra persona, y a pesar de que se trata de una profesionista reconocida, el mandatario no emitió ni siquiera una condolencia, y que decir de exigir a su homólogo poblano que se llegue hasta las últimas consecuencias y se imponga el castigo merecido a los autores de semejante atrocidad que enluta un hogar jarocho debido a la incultura o acaso manipuleo de una población comprada por intereses subrepticios.
LA ORGANIZACIÓN que encabeza la combativa María Elena Morera refiere que si las cosas van mal en este 2020, de los 900 puntos posibles en 2019 en materia de seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal, Veracruz obtuvo apenas 293 puntos, con los cual sólo se encuentra por encima de Nayarit con 284 –allí donde el Procurador de Justicia era Edgar Veytia se declaró culpable de cargos de narcotráfico en Estados Unidos por recibir dinero de cárteles y ayudarlos a contrabandear cocaína, heroína y metanfetaminas hacia aquella Nación del Norte-, y Guerrero con 278 puntos; en contraparte Querétaro obtuvo 727 y Baja California 641. Dice el estudio que “se observa un rezago a nivel nacional en la consolidación del sistema de justicia penal, ya que ninguna de las Entidades logró alcanzar el estándar mínimo. Querétaro fue la Entidad con mayor avance en la consolidación del sistema de justicia penal, seguida de Baja California, Chihuahua, Nuevo León y Yucatán. Por otro lado, las entidades peor evaluadas en términos de sus condicionantes fueron Guerrero, Nayarit, Veracruz y Quintana Roo”, y entre los hallazgos se establece que los presupuestos asignados a las dependencias y organismo públicos no responden a sus necesidades, pues mientras la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en Veracruz obtuvo 68 millones 142 mil 564 pesos en 2019, la Fiscalía General de la entidad recibió 14 millones 794 mil 706 pesos; esto es, por cada peso otorgado a SSP, la FGE recibió apenas 0.24 pesos. En contraparte, la Defensoría Pública no recibió presupuesto y la Comisión Estatal de Atención de Víctimas (CEAV) tuvo una asignación de 1 millón 190 mil pesos, contra los 22 millones 523 mil pesos otorgados al Poder Judicial de Veracruz.
El informe señala que el índice de confianza en el sistema de justicia penal es muy bajo ya que es de -7.9 por ciento en el Estado debido a que un alto porcentaje de los casos que son conocidos por las autoridades no reciben una respuesta efectiva por parte de ellas, aun cuando el diseño del sistema de justicia prevé diversidad de posibles respuestas y elementos suficientes para su atención. “Es una señal de alerta que requiere ser atendida con urgencia ya que, en este caso, se dejan fuera los delitos ocurridos que no son del conocimiento de las autoridades, lo cual estaría dando señales de un problema más grave”. Así, la impunidad en Veracruz es del 91.2 por ciento, lo cual quiere decir que 9 de cada 10 delitos que se denuncian no son resueltos; el 95 por ciento de las investigaciones iniciadas fueron sin detenido, lo que la ubica ente las cinco entidades con los porcentajes más bajos, apenas después de Tabasco, Sinaloa, Baja California Sur y Tamaulipas. También del total de investigaciones abiertas, el 80 por ciento fueron enviadas al archivo temporal, con lo cual se ubica entre las seis entidades peor calificadas en este tema. Además, el informe señala que solo el 1.3 por ciento de las carpetas iniciadas en Veracruz resultan en vinculación en proceso, mientras que a nivel nacional el promedio es de 3.4 por ciento. A ello se agrega que en Veracruz el sistema de justicia penal enfrenta una congestión en causas penales, ya que los casos sin resolverse; es decir, en trámite llegan a ser el 71.3 por ciento del total, mientras el promedio es del 48.2 por ciento. Asi andamos. OPINA [email protected]
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