*Anexos: donde desaparecen o “mueren” adictos
*Reportan 10 mil 862 desaparecidos en este año
MEXICO ES de los principales países del mundo donde más desaparecen personas, a tal grado que, de acuerdo a cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda, de Enero a Septiembre de este año han desaparecido 4 mil 960 mexicanos, y aunque en el mismo periodo de 2019, el organismo documentó 6 mil 511 no localizadas, lo que representaría una disminución del 23.8 por ciento anual, esto se debe a los efectos de la Pandemia y del confinamiento al que obliga, algo que, tampoco cuadra con las cifras aportadas por las distintas Fiscalías Estatales que reportan 10 mil 862 personas desaparecidas en lo que va del año, y casi un tercio de los reportes, 31.3 por ciento son de las dependencias del estado de Jalisco. En cambio, Entidades como Baja California, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y la Fiscalía General de la República han reportado menos de 20 personas desaparecidas cada uno. El propio subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas ha dicho que la situación es más compleja y socava el panorama estadístico, ya que explica que las Fiscalías Estatales y los Ministerios Públicos tienen un desempeño “desigual”, no sólo en la resolución de los delitos asociados con las desapariciones, sino con el registro de los mismos. “Algunas actúan bien, pero casi no se judicializan carpetas de investigación”, dice.
EL CASO más relevante es la prevalencia de las desapariciones en el Estado de Jalisco que, además de ser la Entidad con más personas desaparecidas en el registro, es el Estado con más cuerpos exhumados de fosas clandestinas, 605 cuerpos desde que inició el Registro Nacional de Fosas Clandestinas y Cuerpos Exhumados en Diciembre de 2018. En este sentido, también destaca el caso Veracruz que tiene la mayor cantidad de fosas clandestinas registradas en el mismo periodo, 180 en total, pero sólo reportó 657 desapariciones, mientras que Jalisco reportó 7 mil 771. Son casos peculiares porque tanto en Veracruz como en Jalisco las desapariciones van en aumento, y caso curioso: a pesar de las fosas clandestinas localizadas los restos encontrados no corresponden en gran medida a las desapariciones locales.
POR ELLO el activista en pro de la búsqueda de personas no localizadas promueve supervisar anexos e internados, ya que existen numerosos ejemplos que demuestran cómo los centros de rehabilitación irregulares llamados “anexos” son espacios donde muchas personas se exponen a sufrir diversas agresiones y en los cuales tendrían que realizarse obligatoriamente diligencias de búsqueda de desaparecidos. Pone como botón de muestra el caso de Juan Carlos N, originario de Celaya, Guanajuato, que permaneció durante 11 años en un centro de rehabilitación ubicado en Mazatlán, Sinaloa, donde en algún momento llegó a pedir comida, pero se quedó hasta que en septiembre de 2009 fue identificado, luego de recibir tratamiento médico que lo ayudó a recordar su identidad. En abril de este año la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas del estado de Jalisco reportó que al realizar un operativo en un anexo ubicado en el municipio de Poncitlán, ubicó a una mujer y a un hombre que estaban reportados como desaparecidos desde mediados de 2019.
También en Jalisco, el pasado marzo, familiares encontraron con vida en un centro de salud mental, del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, a un joven identificado como Adolfo, originario de Veracruz, quien consiguió reunirse con su familia luego de pasar dos años y medio en calidad de ausente. Otras víctimas no fueron tan afortunadas: Ángela Saucedo Elizondo, de 15 años de edad, murió en febrero pasado luego de que los dueños de un centro de rehabilitación ubicado en Santa Catarina, Nuevo León, abusaran sexualmente de ella y le administraran medicamentos riesgosos sin receta. Y es que las instalaciones de varios anexos también han sido lugar de hechos trágicos como desapariciones y ejecuciones masivas. En diciembre de 2019, un grupo de hombres armados ingresó a un centro de recuperación en Irapuato, Guanajuato, y privó de la libertad a 23 personas que se encontraban ahí, de las cuales 10 permanecen desaparecidas. También en Irapuato, el primero de julio de 2020 un comando de agresores irrumpió en un centro de rehabilitación que operaba en clandestinidad y asesinó a 28 de los hombres internos, en lo que significó el cuarto ataque del mismo tipo desde finales del año anterior. Por ello, para Valentina Peralta, coordinadora de la Red Eslabones por los Derechos Humanos, los anexos no sólo son sitios en donde los dueños lucran con los pacientes sin tener ningún método de desintoxicación, sino que muchos de ellos participan de forma deliberada en la comisión de delitos graves, entre ellos la tortura, la desaparición, el ocultamiento de delincuentes, la trata de personas y el reclutamiento forzoso para grupos criminales. Son lugares cerrados, de ingreso y salida no voluntarias, como una especie de prisión clandestina donde se genera una autoridad y una estructura de poder paralelas, donde las personas son víctimas de múltiples vejaciones, agresiones sexuales, golpes, tortura, trabajos forzados y privación de alimentos y de agua. Ante tal panorama, dice la activista, es necesario que las autoridades comiencen a aplicar ya el Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas (PHB) –aprobado en agosto pasado–, pues contempla la obligatoriedad de que entidades oficiales supervisen todos los espacios donde una persona pueda estar confinada en contra de su voluntad.
EL PHB establece cinco estrategias de búsqueda que deben ponerse en marcha para dar con las personas desaparecidas, entre ellas la generalizada; es decir, la que se realiza no para buscar a una persona en particular, sino que se hace en espacios donde puede haber muchas otras víctimas, como lugares de explotación sexual, cárceles, hospitales y clínicas de rehabilitación, además de fosas clandestinas. La búsqueda generalizada justifica la visita sin aviso previo a estos lugares, acompañados de la fuerza pública, porque “sólo así los dueños de los anexos se darían cuenta de que no tienen campo libre, asegura.
Y ES que los delitos que la comisión de búsqueda asocia con la categoría de “persona desaparecida” son Desaparición forzada, Desaparición cometida por particulares, Feminicidio, Homicidio, Rapto, Secuestro, Tráfico de menores y Trata de personas, y en ese esquema se incrusta la supervisión de anexos, donde las personas, sin cometer delitos, son privados de la libertad y sus derechos, y sometidos a escenarios de semi esclavitud por quienes manejan esos centros que, por otra parte, no son gratuitos, mientras que las complicadas “terapias” no son las adecuadas dejando severas secuelas a los internados. A ver que pasa. OPINA [email protected]
