Por Ing. Fernando Padilla Farfán
La crisis entre Estados Unidos y Venezuela escaló visiblemente en las últimas semanas de noviembre de 2025: despliegues navales en el Caribe, amenazas públicas del presidente de EE. UU. sobre el cierre del espacio aéreo venezolano y rumores de ultimátum telefónicos al propio Nicolás Maduro. Aun así, la ruptura definitiva —una intervención directa o el inmediato retiro forzado de Maduro— no se ha consumado. ¿Por qué la acción estadounidense parece demorarse? ¿Qué intenta ganar Maduro al resistirse a una salida negociada? ¿A dónde podría huir si decide salir? Y ¿qué ambiente se respira dentro del gabinete y las fuerzas que sostienen al Ejecutivo chavista?
Las razones detrás de la prudencia (o de la aparente lentitud) de Washington no se reducen a una única causa; son una combinación de factores estratégicos, legales y políticos.
Riesgo de inestabilidad regional y costo humanitario. Una operación que busque remover a Maduro por la fuerza puede desencadenar un conflicto abierto en Caracas, con impactos sobre infraestructura, petróleo, migración y vecinos regionales. Organismos y grupos de análisis alertan del “peligro de desestabilización” y de las consecuencias imprevisibles de una salida violenta.
Preferencia por medidas escalonadas y encubiertas. Fuentes periodísticas señalan que una fase inicial —y quizá preferida por la Casa Blanca— ha sido el uso de sanciones, presión diplomática y operaciones de inteligencia encubiertas como primer paso antes de actuar de forma abierta. Ese enfoque busca minimizar riesgos y preparar condiciones políticas internas en Venezuela.
Complejidad legal y legitimidad internacional. Un compromiso militar o una intervención directa requeriría justificar jurídicamente la acción y buscar apoyos regionales; además, arriesga críticas por violación de soberanía a menos que exista un mandato multilateral claro. Washington parece calibrar la narrativa y las pruebas que sustenten cualquier medida más dura.
Cálculo político interno en EE. UU. La administración también debe ponderar el costo político doméstico: ejecutar una intervención en el Hemisferio tiene efectos en la opinión pública, en el Congreso y en relaciones con socios regionales. Las distintas ramas y agencias (Pentágono, CIA, Departamento de Estado) suelen tener visiones y apetitos distintos sobre el riesgo.
En suma, la “demora” es en parte deliberada: Washington actúa con múltiples palancas (sanciones, presión diplomática, operaciones clandestinas y despliegues disuasorios) para intentar forzar una salida sin pagar el precio de una intervención abierta.
La negativa de Maduro a aceptar propuestas de salida rápida (como las que —según informes— le ofrecieron en llamadas diplomáticas recientes) responde a objetivos concretos:
Preservar impunidad y bienes. Una salida negociada suele implicar sometimiento a procesos judiciales o renuncias a propiedades y acceso a recursos. Maduro y su círculo buscarían garantías de impunidad, amnistía internacional y la preservación de activos o redes clientelares. Informes recientes indican que Maduro ha exigido amnistía global y control de las fuerzas armadas como condiciones.
Control institucional y simbólico. Ceder sin garantías podría significar perder no sólo el poder formal sino la narrativa de continuidad revolucionaria que sustenta su legitimidad interna. Mantener el control de la FANB (fuerzas armadas) y de los resortes del Estado es prioridad estratégica.
Confianza en apoyos externos. Maduro ha tejido alianzas con potencias que hasta ahora le han dado respaldo político, económico y —según analistas— redes logísticas: Rusia, Cuba, Irán y China aparecen como aliados estratégicos. Esa ayuda externa le confiere margen para resistir y exigir condiciones más favorables.
Varias naciones con vínculos históricos o geopolíticos con Caracas figuran como destinos plausibles para asilo o exilio:
Turquía. Fuentes periodísticas de finales de noviembre 2025 mencionan a Turquía como una opción realista que, por su política exterior pragmática y reciente historial de recepción de figuras controvertidas, podría aceptar a Maduro en exilio.
Rusia y Cuba. Ambos países han sido aliados tradicionales: Cuba por afinidad ideológica y presencia logística; Rusia por relaciones energéticas, venta de armamento y cooperación estratégica. Rusia podría ofrecer refugio político y seguridad limitada.
Irán y, en menor medida, China. Irán ha respaldado diplomáticamente a Caracas; China suele evitar protagonismos abiertos, pero ha protegido inversiones y podría facilitar desplazamientos discretos. Analistas mencionan Irán y países con relación asimétrica con EE. UU. como opciones.
Países latinoamericanos que históricamente apoyaron a Caracas hoy son menos proclives (presión internacional, costos diplomáticos). Por eso la lista se concentra en Estados fuera del entorno hemisférico.
Los reportes desde Caracas describen un clima de movilización defensiva, disciplina militar y nerviosismo político:
El gobierno ha realizado maniobras y llamadas a la unidad, buscando demostrar control y disuasión ante amenazas externas. Esa actitud intenta consolidar la lealtad castrense y la cohesión gubernamental.
La cúpula militar y el núcleo duro político siguen siendo la clave: mientras mantengan su apoyo, Maduro conserva alto grado de control. Sin embargo, analistas subrayan que la presión sostenida —sanciones, aislamiento, desgaste interno— puede tensar esas lealtades con el tiempo.
Internamente, el Ejecutivo intensifica la narrativa de agresión extranjera para cohesionar base social y justificar medidas excepcionales, al tiempo que ataca a opositores y a los que considera colaboradores de operaciones externas. (Reuters)
La combinación de cautela estadounidense —por costos políticos, legales y humanitarios—, la resistencia de Maduro a renunciar sin garantías y el respaldo potencial de potencias externas conforman un escenario con pocas salidas indoloras. La opción preferida por Washington y por actores regionales es una transición negociada que preserve la mínima estabilidad; la opción preferida por Maduro es una salida con amnistía y garantías. Entre ambas posturas se abre un periodo de tensión que pudiera alargarse y acarrear riesgos significativos para la región.
