*Proyecto de litio tarda 20 años antes del desarrollo
*Estado sin recursos para exploración y explotación
LAS SEMANAS, meses por venir, serán cruciales para decenas de actores políticos que rechazaron la Reforma Constitucional en Materia de Electricidad. Y es que en el “casillero” quedaron pendientes algunos expedientes que iban a ser usados para amedrentar a los rebeldes, pero de última hora fueron aplazados ante la evidente muestra de autoritarismo que habría exhibido el Gobierno Federal, aunque ello no indica que irán a los cajones del olvido, y entre los casos que ya se analizan se encuentra el de Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, ex gobernador de Campeche y actual dirigente nacional del PRI, a quien guardan una carpeta que data de 2015, cuando comenzó a gobernar Campeche, incursionando, al mismo tiempo, a los medios de comunicación a través de su hermano Gabriel Emigdio Moreno Cárdenas, al comprar la televisora de Miguel Ángel Duarte Quijano “Mayavisión”; el periódico El Sur que compró a la familia Azar García y el Novedades de Campeche a Jaime Ruiz Moreno, y ya en 2018 se hizo de la propiedad del periódico El Expreso de Campeche cuyo dueño era Alejandro Castillo Illescas, y por último, el portal webcampeche.com que compró al empresario y conferencista internacional Jorge R. De la Gala, en los que invirtió una millonada que ahora es investigada por la Fiscalía General de la República, además de que Layda Sansores tiene la encomienda de indagar todos los detalles de su paso por la Gubernatura de Campeche. Y es que Alito se perfila como el candidato más notable de una probable alianza PRI-PAN-PRD. MC a la Presidencia de la República, luego del revés que esa coalición impuso a la reforma eléctrica de AMLO.
EN JULIO de 2019, desde Palacio Nacional se hizo circular la versión de que Moreno Cárdenas, que en ese tiempo aspiraba a la dirigencia nacional del PRI, era propietario de una residencia de más de 46 millones de pesos que construyó en dos años en los que declaró ingresos anuales por 5 millones de pesos mientras fue Gobernador (septiembre 2015-junio 2019). La casa, de 1 mil 900 metros cuadrados de construcción está ubicada en una zona escénica de la playa de Campeche, sobre terrenos que Moreno, más conocido como “Alito”, adquirió entre 2012 y 2015 cuando fue diputado federal por el PRI. Ya desde el 2015, en plena campaña electoral para el gobierno de Campeche, el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Moreno Cárdenas era “un maleante, un reverendo ladrón, es el más corrupto de Campeche, el más ladrón de Campeche“, e incluso, dijo que el pueblo de Campeche “no va a permitir que entre un ladrón a gobernar el estado, sería una vergüenza para Campeche que gobernara un ladrón” como Moreno del PRI y preguntó “¿o ustedes van a votar por el bandido, el pirata de Campeche?”. No obstante, las agresiones vertidas por el tabasqueño, Alejandro Moreno ganó la elección con amplio margen, pero cuando AMLO arribó al poder cambió de pronto su opinión en torno al dirigente priista al que arropó, e incluso hasta se dijo que ayudó a ganar la dirigencia nacional del PRI, lo que le ganó el mote de Amlito en lugar de Alito.
Y AUNQUE mucho se decía del joven priista y sus “hazañas” para crecer económicamente, lo cierto es que “Alito” había sido Diputado Federal de 2003 a 2006; Senador de la República de 2006 a 2012; y nuevamente Diputado Federal de 2012 a 2015 antes de dejar su curul para contender por la gubernatura de su estado natal. De su trayectoria política da cuenta el Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación (SIL), así como, en campaña lo hizo el propio priísta en su sitio web (alejandromoreno.com). El SIL, además de reportar la información del perfil legislativo de diputados y senadores, también contiene información sobre su trayectoria académica. En el caso de Alito, desde 2003, en su primer paso por la Cámara de Diputados, su ficha en el sistema lo presenta como Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Campeche. Su sitio web y el del PRI también lo ostentaron con ese título académico entre marzo y abril de 2015.
PERO AMLO va, paralelamente por otros actores políticos que le negaron el voto a su reforma eléctrica, e incluso, contra empresarios aliados del capital extranjero, y en ese tenor, este lunes envió al Congreso una iniciativa de reforma a la ley minera dizque para asegurar el litio para los mexicanos, aunque la decisión tiene mucho que ver con el revés eléctrico, ya que poco antes de la discusión y rechazo ya cantado, AMLO mandó el mensaje: “Ya lo dije en mi informe del martes: pase lo que pase ya estamos blindados contra la traición. El lunes lo vuelvo a explicar”. Por ello, la Junta de Coordinación Política había recibido el aviso del envío desde Palacio Nacional de la iniciativa para reformar la Ley Minera que anunció el mandatario desde el martes, para establecer la propiedad estatal del litio, que no requiere una reforma constitucional por las dos terceras partes de los diputados, y anoche mismo la envió a la Cámara de Diputados. La decisión avalada por los zombidiputados busca reservar la explotación del litio al Estado mexicano, sin permitir el otorgamiento de concesiones para ese efecto a empresas privadas, algo que terminará por convertirse en un lastre ya que el Gobierno no es una empresa y carece de los recursos suficientes para la explotación y aprovechamiento del mineral.
NO ES secreto que México se ubica en el décimo lugar de entre 23 países con reservas por certificar de litio, con lo que posee casi 2 por ciento de este material en exploración, según el centro Estadístico Geológico de Estados Unidos (USGS, por su sigla en inglés). Los depósitos investigados hasta el momento están ubicados en Teocaltiche y Jalostotitlán, al este de Jalisco en los límites con Guanajuato; en Bacandehuachi, Aguaprieta y Nogales, Sonora, y en Piaxtla, Puebla, y todos los proyectos están en fases exploratorias.
QUIZA LO que consuela es que la etapa de exploración de un proyecto de litio tarda hasta 20 años antes del desarrollo, y para entonces nuevos actores políticos, quizá menos autoritarios y caprichosos como AMLO estarán en la esfera de mando. Bajo ese análisis, un estudio de factibilidad del 2018, revela que Bacanora Lithium, que cuenta con la concesión para explotar otros materiales en la mina de Bacadéhuachi, Sonora (ya que en el país no hay concesiones de litio) expuso que para un área de 100 mil hectáreas, las inversiones requeridas llegarían a 800 millones de dólares en dos fases, con un costo de 4 mil dólares por tonelada de litio, recursos que el Estado no tiene si los aplica como debería ser a otros escenarios de desarrollo y apoyo a los que menos tienen. Ahora que, la iniciativa para dar la exclusividad del litio al Estado tomó en cuenta el anuncio del descubrimiento de 243 millones de toneladas de litio en Sonora, basándose en la experiencia boliviana, donde se encuentra suspendida la actividad, a diferencia de Argentina y Chile, donde empresas privadas realizaron la exploración y certificación de reservas, algo que AMLO no quiere en México. Vaya ceguedad. OPINA [email protected]
