Entre lo utópico y lo verdadero
Por Claudia Guerrero Martínez
11 de noviembre del 2022
Ulises Rodríguez y Rubén Villareal, altos funcionarios de SSP involucrados en actos de corrupción por mantenimiento de patrullas
*** El ORFIS detectó anomalías en contratos, la falta de conceptos, nulas altas del SAT y sin experiencia como empresa para el servicio de mantenimiento, como lo hacía Javier Duarte con empresas fantasmas.
Sabían inteligentes lectores que en el 2021 el ORFIS detectó anomalías en la Cuenta Pública de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, como la observación No. LP-016/2021/002 en la que indica haber celebrado 15 contratos por adjudicación directa, sumados todos, por un mínimo de $4 millones 200 mil pesos y un máximo por $102 millones de pesos, aproximadamente. Con base a esto, el presupuesto autorizado fue de $20 millones 490 mil 793, bajo el concepto “Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, para el parque vehicular de la Secretaría de Seguridad Pública”.
En estos contratos se detectaron graves irregularidades, pues no se estableció un “catálogo de conceptos”, faltando al Artículo 55, fracción V, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Para los que conocen de administración pública, estos contratos con irregularidades no tienen validez, están viciados y en pocas palabras están mal. Y el ORFIS dicta: “Observación Número: LP-016/2021/002: “Se detectaron inconsistencias en la celebración de los contratos que a continuación se mencionan, determinándose que no se aplicó cabalmente lo dispuesto en los artículos 9, 26, 27 y 55, fracción V, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, debido a que el Ente Fiscalizable no acreditó las hipótesis de excepción en las que se fundó para adjudicar directamente los referidos contratos, al no establecer un catálogo de conceptos, entre otras irregularidades, como se precisa en el apartado de consideraciones de la presente observación”
Con base a lo expuesto por el ORFIS, este dicta: “Los argumentos esgrimidos en el dictamen no justifican cabalmente las contrataciones por la vía de adjudicación directa con fundamento en el Artículo 55, fracción V, de la LAAAyEBM, pues esta disposición exige, como requisito esencial, que se trate de servicios de mantenimiento de bienes en que no sea posible precisar su alcance, establecer el catálogo de conceptos y cantidades de trabajo o determinar las especificaciones correspondientes, lo cual, no se cumple conforme al objeto de los contratos, que es el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el parque vehicular contratado, en el que sí es posible establecer un catálogo de conceptos, así como determinar las especificaciones correspondientes”.
Se realizó un estudio de mercado en el que, entre otras cosas, consta la capacidad técnica de los proveedores; sin embargo, dicho estudio no se encontró dentro de los documentos aportados por el Ente, por lo que se presume que no existe. Tampoco se encuentran las cotizaciones de cada uno de los proveedores, en las que se detallen los precios de los diferentes servicios que prestan, el precio y marca de las refacciones y el costo de la mano de obra, por lo que no se tiene la certeza de que se hayan obtenido las mejores condiciones en cuanto a calidad y precio de proveedores con lugar de prestación de servicios en Xalapa con 8 contratos, Poza Rica con 2, Veracruz con 3, Orizaba con uno, Coatzacoalcos con 3 y Coatepec con uno.
Cabe mencionar que la mayoría de los proveedores beneficiados con contratos iniciaron su actividad económica en el 2019, 2020 y 2021, durante la administración del “honesto” Cuitláhuac García, como es el caso de José Emmanuel Galindo Rosas iniciando actividad económica a partir del 25 de febrero de 2019; Negocios Poliva SA de CV a partir del 23 de enero de 2019; Alejandro Rafael Cuspinera Perea a partir del 01 de diciembre de 2019; Joaquín Manuel Jiménez Pérez Tejada a partir del 01 de enero de 2021 y Cortes Perfomance S A de CV a partir del 14 de febrero de 2020. Todos curiosamente iniciaron en la administración de la 4T y bajo la operatividad del director de Recursos Materiales de SSP, Rubén Ángel Villareal Guadiana.
Y va más allá el ORFIS: “No se omite mencionar que los Artículos 67 y 69 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, establecen que: Artículo 67. Las contrataciones realizadas fuera de los procedimientos aquí previstos serán nulas de pleno derecho y harán incurrir en responsabilidad a quien las autorice o lleve a cabo. También incurrirá en responsabilidad, quien autorice o efectúe operaciones parciales con el fin de no celebrar una licitación pública. En el Artículo 69 dicta: Las infracciones cometidas por los servidores públicos que intervengan en los procedimientos previstos en la presente Ley serán sancionadas por la autoridad competente y de conformidad con el procedimiento legalmente establecido”.
Para consultar esto con la liga: http://orfis.gob.mx/CuentasPublicas/informe2021/archivos/Tomo%20II/Volumen%202/002%20SSP.pdf donde da una larga, larguísima lista de estas anomalías y nos preguntamos: ¿La Contraloría General del Estado ya sabía de estos contratos? ¿Realizó, está realizado o realizará alguna acción? Cabe mencionar que los Comités o Sub-Comités de Adquisiciones aprobaron estas adjudicaciones directas y la Contraloría del Estado no alegó nada y sólo archivó el documento, en clara complicidad.
Si bien estos contratos son del 2021 y es un hecho haberse pagado en totalidad. Increíble que nadie se dio cuenta de estas anomalías y el titular de la Unidad Administrativa Ulises Rodríguez Landa deliberadamente omitió estos importantes detalles y los contratos tenían que haberse anulado de inmediato y lo que hizo Rodríguez Landa es dejarlos pasar, pensando que nadie se daría cuenta.
Se advierte que estos contratos fueron otorgados a prestanombres, pero en realidad es un negocio lucrativo del oriundo de Nuevo León, el director de Recursos Materiales Rubén Ángel Villareal Guadiana, quien siendo el compadre del exsecretario de Seguridad Pública Hugo Gutiérrez Maldonado hicieron grandes negocios y pretendieron que el ORFIS no detectara tanta anomalía administrativa, tipificada como corrupción.
Desde la página 66 hasta la 71 en el Informe Individual de la Secretaría de Seguridad Pública, el ORFIS detectó graves anomalías por parte de los prestadores de servicio, como la Certificación de Registro de Proveedores, con vigencia de 07/01/2021 a 07/01/2022, correspondiente a la proveedora Miriam Baños Reyes, quien presenta como actividad comercial de la misma “Refacciones, Accesorios, Herramientas y Material para Talleres” (291001) lo que no corresponde con el objeto del contrato adjudicado a esta, que consiste en “…servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, para el parque vehicular de la Secretaría de Seguridad Pública…”.
Además, confrontando la fecha de inicio de la actividad económica de cada uno de los proveedores contenida en la Constancia de Situación Fiscal emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con la fecha en que fue firmado el contrato, 01 de marzo de 2021, se verificó que proveedores de servicio no cuentan con la suficiente experiencia en el ramo.
También, la Constancia de Cumplimiento de Obligaciones, con folio No. 2021/304, correspondiente al proveedor Alejandro Rafael Cuspinera Perea, ya estaba vencida al momento de la celebración del contrato, pues se solicitó el 18 de enero de 2021 y venció el 17 de febrero del mismo año. Por cuanto hace al proveedor Elsy Astrid Cervantes Espinosa, no fue presentada la Constancia de Situación Fiscal emitida por el SAT y tampoco hay constancia de que los proveedores contratados hayan realizado la manifestación bajo protesta de decir verdad que exige el Artículo 25, fracciones III, IV y V, de la LAAAyBM.
Por último, el ORFIS determinó ser 2,486 unidades automotoras que cuenta la SSP en Veracruz y ante evidentes actos de corrupción, se deberá investigar los resultados de la Cuenta Pública del 2021 y fincar responsabilidades, renuncias y por qué no, hasta órdenes de aprehensión en contra de Ulises Rodríguez Landa y Rubén Ángel Villareal Guadiana.
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