*Chiquiyunes cumplió capricho de AMLO y lo desprecian
*Estado busca acallar la libre expresión de Claudia Guerrero
NO DEJA de segregar pus lo que fue el fallido Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, ahora flamante director del Centro Nacional de Control del Gas Natural –en pago a los múltiples subejercicios en los que incurrió durante su mandato para financiar los caprichos del mesías macuspano-, pero la Cuarta Transformación, lejos de procesarlo y ganar credibilidad, lo premia, lo que evidencia complicidades y un estado de derecho completamente torcido que alienta la impunidad y las complicidades. Y es que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha dado a conocer una serie de irregularidades, probablemente, constitutivas de daño patrimonial por 3 mil 150 millones de pesos en la Cuenta Pública 2023, penúltimo año de García Jiménez, y aún falta la correspondiente a 2024, donde sus colaboradores se sirvieron con la cuchara grande, convirtiéndose, ahora en los nuevos ricos de un estado que posee elevado porcentaje de pobres, pues de acuerdo a la medición del año pasado, el solar jarocho se encuentra entre las Entidades más pobres del País, con altos índices de pobreza y rezago social. De esa manera, el 51.7 por ciento de la población veracruzana vive en situación de pobreza, mientras el 13.1 por ciento se encuentra en pobreza extrema. Y es que el estado enfrenta rezagos en educación, acceso a servicios de salud y alimentación. El informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2024 para la entidad incluye indicadores de pobreza multidimensional. Pero eso no importó a Cuitláhuac y su pandilla, ahora flamantes legisladores, ya que, del monto total de irregularidades encontradas por la ASF, más de 2 mil 400 millones de pesos corresponden a la administración estatal encabezada por Cuitláhuac García, informe que ya fue entregado el jueves 20 a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados. Solo para dimensionar la voracidad de los que gobernaron, existen más de 1 mil 195 millones de pesos sin aclarar en contratos y convenios en los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver); en el Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social hay presuntos desvíos por 169 millones de pesos, junto con otros 291 millones en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud. Paralelamente, el ahora importantísimo funcionario de la Presidenta Claudia Sheinbaum no pudo justificar 849 millones de pesos correspondientes a participaciones federales, pero, no solo eso. En el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo hay observaciones por 11 millones de pesos, mientras que el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento registra inconsistencias por 31.7 millones de pesos. En ese tenor, la ASF encontró una cuenta sin aclarar por 53.3 millones de pesos destinados a tecnológicos estatales, correspondiente a los subsidios federales para organismos descentralizados estatales. Sin duda, todo un cochinero que la Cuarta Transformación premia en vez de fincar responsabilidades, algo que en el pasado significó la muerte del PRI. Vaya impunidad para evitar reconocer que las corrupciones de los gobernantes de MoReNa son tan similares e, incluso, peores que la de sus antecesores. Así de simple…
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EL TEMA Miguel Ángel Yunes Márquez se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para el Movimiento de Regeneración Nacional, algo que nadie previó –y mucho menos criticó cuando el ex alcalde de Boca del Río votó a favor de la reforma al Poder Judicial Federal-. Entendemos la postura de la Gobernadora Rocío Nahle porque fue la principal agraviada con las filtraciones y críticas emanadas del clan, pero de otros personajes diputados y senadores de MoReNa resulta absurdo, ya que la decisión de Chiquiyunes fue lo que concretó el capricho del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador para que los integrantes del Poder Judicial sean elegidos por el voto directo, ejercicio que resultará un fracaso, ya que en un solo día, el primero de Junio, se elegirán 9 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuya principal función es vigilar que las leyes y actos de autoridad se apeguen a la Constitución y no vulneren los derechos humanos (algo que no se respetó con AMLO y Sheinbaum, llegando al extremo de ignorar a los integrantes de esa instancia). Dos magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, órgano especializado encargado de resolver controversias en materia electoral, proteger los derechos político-electorales de las ciudadanas y los ciudadanos e impartir justicia en el ámbito electoral, el cual se compone de siete magistraturas. 15 magistraturas de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Compuestas de tres magistraturas cada una, ubicadas en las cinco circunscripciones electorales del país. Cinco personas integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial que es el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina de la carrera judicial, institución que sustituye al Consejo de la Judicatura Federal y se compone de cinco consejeros y consejeras y su funcionamiento puede ser en Pleno o en comisiones.
PARALELAMENTE SE elegirán a 464 magistraturas de circuito, órganos competentes para conocer los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin a un juicio. Existen 309 tribunales colegiados de circuitos distribuidos en los 32 circuitos judiciales en que se divide el país. Cada tribunal se conforma por tres magistradas o magistrados, además de 386 personas juzgadoras de distrito, órganos de primera instancia del Poder Judicial de la Federación encargados de conocer las controversias que se susciten con motivo del cumplimiento o aplicación de leyes federales y de la resolución de juicios de amparo indirecto en materia civil, penal, administrativa y laboral. Lo que complica el proceso a los aspirantes es que la elección judicial prohíbe a los aspirantes recibir financiamiento público o privado, lo que les obliga a usar su propio dinero para financiar gastos de traslado, hospedaje y comida (y ahí podría colarse la delincuencia). No podrán contratar espacios en medios de comunicación —radio, televisión o periódicos— ni en bardas, anuncios espectaculares u otros por el estilo en la vía pública. Esto limita a los candidatos a únicamente hacer campaña en asambleas locales y a participar en foros o debates, lo que limita aún más a los electores a decidir por quienes o quienes sufragar.
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AL PASO que vamos, la libertad de expresión que profesamos los medios de comunicación, reporteros, columnistas, articulistas etc, etc, sobre todo los críticos, será avasallada por el poder, dando paso a la tiranía de quienes ejercen el mando, sin contrapesos o equilibrios, tal como lo anhelan las nuevas autoridades emanadas del partido gobernante. En ese contexto, la periodista de mil batallas, Claudia Guerrero Martínez sigue siendo víctima de la tiranía oficial a la que estorban sus investigaciones, comentarios y conclusiones, y la manera más simple de atajarla o contenerla es ratificarle supuestos delitos por el ejercicio libre y sin compromisos de su libertad de expresión, prestándose al juego perverso la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que le ratifica una sentencia como responsable de Violencia Política en Razón de Género, cuando su objetivo fue denunciar prácticas irregulares de la edil de Córdoba, Vania López González, aspirante a la alcaldía. Guerrero Martínez es acaso la comunicadoras más crítica del poder, y su ejercicio comprometido con la sociedad le ha ganado denuncias, persecuciones y agresiones contra su persona y bienes sin que se doble, sabedora de que solo cumple el apostolado de ser la voz de una sociedad acallada por dinero o amenazas. Ojalá las autoridades recapaciten y dejen de servir al despotismo antes que a la verdad y el compromiso con los gobernados. Estamos contigo Claudia…OPINA [email protected]
