*Busca AMLO segundo reparto agrario pese a fracaso
*Vamos rumbo a la socialización clientelar del agro
NO ES secreto que en los años treinta, el General Lázaro Cárdenas del Río creó cientos de ejidos dedicados al cultivo colectivo de plantíos comerciales en grandes extensiones como parte de su promesa de campaña (frecuentemente para exportación), pero éstos finalmente no prosperaron. Y es que a pesar del carácter nominalmente colectivo de la concesión territorial, la agricultura ejidal concebida por la Revolución Mexicana no representó ninguna innovación, pues siguió siendo una empresa a escala familiar. Esta nueva forma de posesión y usufructo de la tierra llegó a denominarse “propiedad social”, para distinguirla de la tradicional propiedad privada. De esa manera, a pesar de la tenaz oposición -a menudo violenta- de numerosos terratenientes, de ciertos sectores políticos y de algunos grupos campesinos, y no obstante la inocultable tibieza al respecto (cuando no la obstrucción deliberada) por parte de los primeros presidentes de la Revolución, la institución del ejido se fue extendiendo -entre saltos, frenazos y desvíos por el empuje de organizaciones agraristas y el afán clientelista de la nueva política-, y alcanzó a transformar profundamente la estructura de la tenencia de la tierra en México. Durante casi 80 años de reparto agrario (el mandato constitucional cesó con la reforma de 1992 en tiempos de Carlos Salinas de Gortari) fueron creados casi 30 mil ejidos con alrededor de tres millones y medio de derechohabientes en posesión de más de 100 millones de hectáreas, cerca del 60 por ciento de la propiedad rústica en existencia y equivalente a más de la mitad del territorio nacional. México es un país bastante árido, y las dotaciones ejidales consistieron muchas veces de tierras inhóspitas, y basta recordar “Nos han dado la tierra”, del inmortal Juan Rulfo para tener una idea, pero lo cierto es que a lo largo del siglo XX México se convirtió en un país de ejidos improductivos, porque 20 hectáreas en manos de un campesino se convirtieron en cinco al repartirlas entre cinco hijos herederos, y en la tercera generación en 1 hectárea hasta que en la cuarta camada terminó atomizado, absorbido por la mancha urbana, y donde se conserva esa modalidad, sin dinero de los beneficiarios para producir nada, a tal grado que las mayorías han emigrado a otras naciones como Estados Unidos para lograr sobrevivir.
POR ELLO ahora que el Senador José Narro Céspedes presentó una reforma al artículo 27 constitucional para transformar las propiedades en particulares y sociales y, en un segundo plano, que el Estado expropie, venda o reasigne las que excedan de 100 hectáreas tras ser expropiadas a terratenientes, no queda sino exclamar que vamos de mal en peor, y que estos señores retardatarios deberían estar en Venezuela, Cuba u otras naciones que se dicen socialistas, y que en realidad son manipuladas por dictadores dueños de la riqueza, sometiendo a seguidores para que respalden todas sus ocurrencias. Dice Narro –sintiéndose la reencarnación de Lázaro Cárdenas- que para darle a los ejidos y comunidades certeza en la tenencia de la tierra (¿?) y evitar la concentración de grandes extensiones en una sola persona o latifundios, presentó en la Cámara de Senadores un proyecto de decreto para reformar el artículo 27 constitucional a fin de enajenar los excedentes de las propiedades de quienes posean más de 100 hectáreas.
EL DIRIGENTE de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) y del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), fundador y miembro del Partido del Trabajo y Consejero Nacional del Partido de la Revolución Democrática y ahora MoReNo desde 2018, refiere en su iniciativa publicada en la
Gaceta Parlamentaria con número de registro LXIV/3PP0/114033, que se trata de una propuesta del legislador que busca “blindar” a los ejidos y comunidades con esas reformas, y “tiene por objeto añadir la denominación de propiedad social en el ámbito agrario”, y para lograrlo propone que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro del territorio nacional corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada y la propiedad social.
SUSTENTANDO SU iniciativa en que el Congreso de la Unión tiene la facultad de expedir leyes que establezcan los procedimientos para el fraccionamiento y enajenación de las extensiones que llegaren a exceder los límites por individuo de cien hectáreas de riego o humedad de primera o sus equivalentes en otras clases de tierras, Narro propone la expropiación de los excedentes, olvidando que es gracias a esas extensiones privadas como se mantiene la actividad agropecuaria del País y las exportaciones del rubro, y que al entregar los excedentes a campesinos sin dinero ni apoyo oficial solo provocará otro enorme atraso en el campo pero, eso sí, muchos votos de agradecimiento aunque a la Nación de la cargue el tren. En el cuerpo de la iniciativa, entre lo más relevante, destaca que “… no se trata de reconocer retóricamente la existencia de la propiedad social en la Ley Suprema de la Nación, que sería lo que seguramente ocurriría de apoyarse la presente Iniciativa en el contexto de la Ley Agraria vigente, o sea, sin modificar el marco jurídico secundario”, se trata, dice el retardatario moreno, “de reconocer su existencia reforzando efectivamente ese carácter a la propiedad ejidal y comunal a través de las leyes reglamentarias y de la propia Constitución Política”, aun cuando reconoce que “seamos realistas, la incorporación de la propiedad ejidal y comunal a los mercados inmobiliarios registrada desde 1992 en las condiciones legales que se han dado, ha devenido en abusos y despojos, en cuyas redes quien tiene menos ingresos siempre sale perdiendo”.
QUEDA CLARO que el ejido en México fue uno de los grandes fracasos de la Constitución, pero un enorme triunfo para las clases gobernantes que a partir de entonces hicieron de esa forma de tenencia de la tierra un voto clientelar que durante décadas sostuvo a los Gobiernos. Lo sabe el Presidente Andrés Manuel López Obrador, priista de la vieja escuela –aunque perredista y luego morenista a conveniencia-, y sabe que al extender las tierras ejidales mediante la expropiación a privados, dotando de esos predios a quienes aún reclaman su derecho a poseerla, solo le será benéfico en votos, ya que la producción no será posible con la ausencia de apoyo económico como ahora se observa en el agro, y una enorme migración hacia Estados Unidos y Canadá donde los mexicanos prefieren ser peones que posesionarios de tierras carentes de tecnificación, respaldo en semillas y fertilizantes y, lo peor, con precios de garantía que están para llorar. Así de simple…OPINA [email protected]
