Entre lo utópico y lo verdadero
Por Claudia Guerrero Martínez
13 de julio de 2026
¿Quién autorizó comprometer recursos públicos por tres años en SESVER? El Gobierno Estatal guarda silencio
Cartas a la redacción y que exponen actos de corrupción y falta de presupuesto:
Mientras el Gobierno de Veracruz presume una política de combate a la corrupción y de máxima transparencia, los propios documentos oficiales obtenidos mediante solicitudes de acceso a la información pública revelan un asunto que merece una explicación inmediata. Y para entender el problema no hace falta ser abogado ni contador, basta responder una pregunta muy sencilla.
¿Cómo se comprometieron recursos públicos para varios años, si la propia área financiera de SESVER afirma no tener registro de la disponibilidad presupuestal que la ley exige para ese tipo de contratos?
La pregunta surge a partir de los contratos SESVER/DA/C-069/25 y SESVER/DA/C-070/25, correspondientes a la contratación de seguros con vigencia plurianual para el periodo 2025-2027. Al solicitar, mediante los mecanismos de transparencia, la documentación que acreditara la disponibilidad presupuestal para celebrar dichos contratos, la respuesta de la Subdirección de Recursos Financieros de Servicios de Salud de Veracruz fue contundente: No existen registros de disponibilidades presupuestales otorgadas por la Secretaría de Finanzas y Planeación para contratos plurianuales, haciendo referencia al artículo 183 del Código Financiero del Estado de Veracruz.
Es decir, el área responsable del presupuesto respondió oficialmente que no encontró el documento que, conforme a la ley, debía respaldar un compromiso de recursos públicos durante tres ejercicios fiscales.
Y aquí comienza lo verdaderamente preocupante.
Para despejar cualquier duda, también se solicitó directamente a la Secretaría de Finanzas y Planeación que informara si había otorgado la disponibilidad presupuestal y las autorizaciones correspondientes para esos contratos plurianuales, tal como prevé el Código Financiero, pero la respuesta nunca llegó.
Ante esa omisión, se promovió el recurso de revisión previsto en la Ley de Transparencia, mismo que tampoco fue atendido. Sin que hasta la fecha el Órgano Interno de Control de SEFIPLAN haya iniciado procedimiento alguno, ni sancionado por ese incumplimiento a las obligaciones de transparencia.
Las preguntas, entonces, ya no recaen únicamente sobre SESVER. También alcanzan a las instituciones encargadas de vigilar la legalidad del gasto público.
¿Por qué la autoridad que debía aclarar si existía o no la autorización presupuestal simplemente guardó silencio?
¿Por qué ni siquiera después de promoverse un recurso de revisión se entregó la información solicitada?
¿Quién decidió que este asunto no debía ser aclarado?
Porque el problema ya no es únicamente administrativo, es un problema de confianza pública. Resulta igualmente llamativo que los contratos hayan sido suscritos durante la gestión administrativa que encabezaban funcionarios que posteriormente fueron removidos o reubicados dentro del propio gobierno.
Ya que como administradora de las pólizas se encuentra Marcela Pozos Jerónimo, quien fuera subdirectora de Recursos Humanos, quien los firmó junto con David Rangel Zermeño, quien fuera Director Administrativo de SESVER, personajes que han causado escándalos en la dependencia por afectar a tantos trabajadores con su pésima gestión y quienes a pesar de ello fueron premiados uno dándole la Dirección Jurídica de SESVER y a la otra mandándola a la Contraloría General del Estado, desde donde controla las anomalías que puedan denunciarse en su contra.
¿Será que ambos estén protegidos por la gobernadora Norma Rocío Nahle García?
A pesar de ser malos funcionarios y que terminan corridos los reciclan, como en el reciente caso de la SEV; es tal la obstinación de la gobernadora de mantener a funcionarios ineptos.
Resulta indispensable que exista una revisión independiente que determine si el procedimiento cumplió plenamente con los requisitos legales o si existen responsabilidades administrativas que deban investigarse.
La ciudadanía no necesita discursos, necesita respuestas. Si las autorizaciones existen, basta con hacerlas públicas. Si los contratos se celebraron cumpliendo estrictamente con la ley, debería ser el propio Gobierno quien tenga mayor interés en demostrarlo.
Pero mientras las respuestas oficiales sigan siendo contradictorias, mientras unas dependencias respondan parcialmente, otras guarden silencio y otras simplemente se declaren incompetentes, las dudas seguirán creciendo. Porque en un gobierno que dice combatir la corrupción, la transparencia no puede convertirse en un laberinto diseñado para que nadie encuentre respuestas.
La gobernadora aún está a tiempo de demostrar que no es únicamente la encargada de tapar los malos manejos de sus funcionarios y ordenar que se transparente íntegramente este procedimiento y que los órganos competentes revisen si los contratos plurianuales se celebraron con el cumplimiento de todos los requisitos legales.
Porque cuando los propios documentos oficiales generan más preguntas que certezas, el silencio deja de ser una estrategia de comunicación. Se convierte en un problema político, los documentos ya hablaron; ahora le toca hablar al Gobierno de Nahle.
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