*Además del caso La Aurora está Blindaje Coatzacoalcos
*Decenas de desaparecidos en su sexenio claman justicia
ALGUNOS ACONTECIMIENTOS brutales como la desaparición forzada de personas traen a colación o reviven otros hechos similares que sirven como cortina de humo para desviar la atención de la sociedad, aunque igualmente forman parte de esa barbarie que envuelve a la población y que por alguna razón han permanecido en la impunidad –hasta que se ofrezca-, y uno de estos corresponde, sin duda, a la orden de aprehensión que a principios de Diciembre del año pasado, le fue dictada al ex Gobernador Javier Duarte de Ocho como parte de la carpeta de investigación FEADPD/ZCX/011/2017 por la probable comisión del delito de desaparición forzada de personas. Fue la tarde del lunes 6 de diciembre del 2021, cuando la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) le informó de lo anterior, por lo que en Veracruz el grupo de buscadoras del colectivo Solecito escribieron en WhatsApp: “Es el mejor regalo de navidad”, y aunque el asunto ha quedado pendiente, inexplicablemente, se sabe que en las semanas por venir el caso será llevado a tribunales para que se juzgue al ex mandatario preso actualmente en el Reclusorio Norte de la ciudad de México por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. Apenas en febrero de este año, como se recordará, un juez negó la protección de la justicia federal al recluso Duarte de Ochoa, y con ello determinó que es procedente que se le juzgue a nivel local por el delito de desaparición forzada, y aunque ha buscado la protección de la justicia una y otra vez, el Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal con sede en la Ciudad de México ha rechazado concederle la suspensión definitiva.
EL 17 de Marzo de este año se informó de la detención de 11 elementos de la Policía Estatal por su presunta participación en la desaparición de varias personas en 2015. De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), la policía ministerial cumplimentó el arresto con base en las carpetas de investigación IM COAT2/506/2015 y su acumulada IM COAT2/519/2015, que dieron origen a la causa penal 1/2021 por su presunta participación en la comisión del delito desaparición forzada de personas en agravio de varias víctimas. La detención se llevó a cabo por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) la mañana del 16 de marzo en el municipio de Emiliano Zapata, en la localidad de El Lencero, cerca de Xalapa. Y a pesar de que las autoridades no especificaron cuales fueron los hechos por los que se les detuvo, se presume que se trata de las desapariciones ocurridas en el operativo denominado Blindaje Coatzacoalcos ocurridos en Mayo del año 2015 en el municipio sureño.
EL OPERATIVO Blindaje Coatzacoalcos, como bien se recuerda, fue puesto en marcha el 26 de mayo de 2014 en la región sur del Estado, y de acuerdo con el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A. C., su objetivo era la prevención y sanción de diversos delitos en los municipios de Coatzacoalcos y sus alrededores, pero según el informe “Análisis de contexto de las desapariciones forzadas ocurridas en el marco del Operativo Blindaje Coatzacoalcos (OBC)” elaborado por el organismo, se registraron decenas de desapariciones durante la duración, ocurriendo algunas al interior de casas particulares, locales y vehículos interceptados en caminos. De acuerdo a los testimonios recopilados, los responsables eran hombres armados con pasamontañas y en otros casos se identificaban como elementos de Fuerza Civil, de tal suerte que al menos 35 personas (entre el 5 en Mayo y 30 en Septiembre de aquel año) fueron desaparecidas por policías, de las cuales aún se desconoce su paradero. El operativo fue encabezado por elementos de la Fuerza Civil y Seguridad Pública, y de acuerdo a testimonios, fue ordenado por el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa y Arturo Bermúdez Zurita, ex Secretario de Seguridad Pública, y hasta donde se sabe, ese, además del otro asunto, es por lo que se buscará juzgar a Duarte.
PERO, ¿CUAL es el otro asunto por el que le fue dictada orden de arresto en Diciembre del año pasado al nefasto ex gobernador? Duarte de Ochoa es ligado con el caso de La Aurora, una barranca que habría sido utilizada como “tiradero” de cadáveres de víctimas que sufrieron desapariciones forzadas en la Academia de Policía y otros rumbos. Como bien se recuerda, el 27 de septiembre de 2019, familiares de desaparecidos y autoridades encontraron en La Aurora restos de personas que, a decir de antropólogos de la Fiscalía General de la República (FGR), tendrían entre 6 y 7 años de antigüedad (el periodo de Duarte). Esa barranca se encuentra en la comunidad Ojuelos, en el municipio de Emiliano Zapata, en la parte trasera de la Academia de Policía de El Lencero. La barranca La Aurora cobró fama desde Enero de 2016, cuando al fondo de ese lugar -de casi 100 metros de altura- habrían sido encontrados 19 cadáveres; todos quemados y apilados en un predio boscoso. El gobierno de Veracruz solo informó el hallazgo de 6 cuerpos; el resto, según investigaciones ministeriales, fue ocultado, y por este ocultamiento de cadáveres fueron detenidos e imputados varios ex funcionarios duartistas, entre otros el ex Fiscal del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, y Gilberto Aguirre Garza, exdirector de servicios periciales, entre otros.
EL EX GOBERNADOR fue detenido en 2017 en territorio guatemalteco en el municipio de Panajachel. Fue procesado y extraditado a México y actualmente se encuentra cumpliendo una pena de 9 años de cárcel tras declararse culpable en el año 2018 por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, pero en Diciembre de 2021, la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México llevó a cabo el cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra por su probable responsabilidad en el delito de desaparición forzada que fue girada por un juez en el estado de Veracruz.
ES LA primera vez que en México se investiga a un ex Gobernador por ese delito calificado como de lesa humanidad, por lo que la posibilidad de Juzgar a Duarte ha despertado diversas reacciones entre dirigentes y buscadoras de colectivos de personas desaparecidas en Veracruz, Estado que ocupa el tercer lugar nacional con más personas desaparecidas y no localizadas, y en ese tenor, Rosalía Castro, coordinadora del colectivo que integra a más de 400 madres, hijas y hermanas de desaparecidos, dice que el exgobernador debe pagar todo lo que hizo, y también sus colaboradores, por lo que ve con buenos ojos que la Fiscalía “haya tomado cartas en el asunto”. Y es que para ese colectivo las imputaciones por delitos relacionados con el mal manejo de recursos públicos eran, apenas, lo mínimo. En cambio, la desaparición forzada es para ellas el delito más importante por el que se debe juzgar a Javier Duarte. Así las cosas. OPINA [email protected]
