*MoReNos dispuestos a todo con tal de ganar
*Veracruz encabeza Estados con más crímenes
¿QUE SIGUE tras el secuestro de la ex diputada y ex alcaldesa de San Andrés Tuxtla, Marina Garay Cabada, una mujer distinguida entregada al trabajo honesto y sin conflictos con nadie? ¿Otro plagio, el asesinato de algún empresario o periodista notable, alguna masacre como las muchas que han ocurrido en el Estado sin solución hasta el momento? Ojalá que nada de eso, pero los escenarios tan confusos y borrascosos inducen a imaginar lo inimaginable, cualquier barbaridad sobre todo porque el “levantón” de la respetable dama se da un mes después de que por instrucciones del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez la policía municipal de aquel lugar fue desarmada, y varios elementos son procesados por la presunta fuga de un detenido, aduciendo, incluso el secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos que el propio alcalde Octavio Pérez Garay, hijo de Marina, fue quien dio la instrucción de dejarlo libre. Por esa razón, y como ha ocurrido en varios municipios de oposición donde MoReNa lleva todas las de perder la inmediata elección, se dio la instrucción de desarmar a la policía municipal para que la Estatal se hiciera cargo de la seguridad. Garay Cabada fue interceptada por desconocidos justo después de celebrar el Día de las Madres en una bodega de su propiedad. Hasta ahí llegaron los facinerosos y pistola en mano se la llevaron con total impunidad, encontrando un campo libre para darse a la fuga, como ha ocurrido con otros secuestros sin que hasta el mediodía de este miércoles se tuviera noticias de su paradero, mientras que el hijo, actual munícipe de San Andrés ha pedido a las autoridades que saquen las manos de la investigación para evitar algún daño a su señora madre por parte de los delincuentes, y vaya que no les falta razón ante tanto fracaso en operativos de rescate donde las víctimas resultan victimadas.
HACE DOS meses y días, concretamente, el 4 de Marzo de este año, el gobierno Federal anunció una estrategia para proteger a los más de 21 mil candidatos que estarán en la contienda del 6 de Junio, la que incluía instalar mesas de trabajo y reforzar la seguridad en Estados y municipios de alto riesgo para evitar amenazas, intimidaciones o cooptaciones del crimen organizado o delincuentes “de cuello blanco” (aunque también del propio Gobierno que suele ponerlos en riesgo con tanta diatriba vertida en las mañaneras). Nada de eso fue puesto en marcha, sino que formó parte de un discurso deslindante del mandatario nacional por lo que pudiera ocurrir en el futuro. Aún se recuerda que en ese encuentro la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana advirtió que hasta ahora más de la mitad de la violencia contra políticos se concentra en siete Estados: Oaxaca, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Baja California, Jalisco y, por supuesto Veracruz donde han ocurrido más asesinatos y agresiones contra personas ligadas a la política que en ninguna otra Entidad, y vaya que a la dependencia no le faltaba razón, aun cuando el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez y su gabinete de seguridad tratan de tapar el sol con un dedo, peor aún, alcahueteados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador que lejos de llamar la atención al ineficaz mandatario, cada vez que viene al Estado le levanta la mano como si aprobara los crímenes cometidos en el solar jarocho, y que han dejado severa huella de violencia. Y aunque el Presidente dice que busca la transformación, solo ha provocado confusión y caos desde sus conferencias donde acusa impunemente a todo quien le lleve la contraria.
EL PASADO 30 de Abril, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que en solo un mes, del 4 de Marzo al 30 de Abril, habían recibido 234 denuncias por amenazas o agresiones a candidatos que participan en el proceso electoral, de los cuales 12 resultaron en asesinato, y alertó que estás han aumentado en las últimas semanas. Y ahí, ante el Presidente López Obrador, la funcionaria volvió a insistir que casi la mitad de esas amenazas se ubican en seis entidades: San Luis Potosí, Tamaulipas, Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, donde gobierna su defendido. Aquí se han perpetrado los peores crímenes en contra de mujeres políticas pero, también, contra varones. En suma, de 234 casos, 12 han resultado en asesinatos, 112 se han valorado para posibles acciones de protección, y de manera preventiva a 109 se da atención por probables acciones de amenazas o de violencia
EN VERACRUZ han ocurrido crímenes de políticas y políticos que han marcado su propio entorno, sus regiones y al Estado, y pone en tela de juicio la actitud de las autoridades que lejos de coadyuvar al diálogo y entendimiento azuzan el fuego, como dando patente de corso a criminales para que agredan y asesinen sin mayores consecuencias, pues en la mayoría de los hechos no hay detenidos, si acaso “chivos expiatorios” para salir del paso. Se recuerda el crimen de Juan Gilberto Ortiz Parra, de 36 años, precandidato a la alcaldía de Úrsulo Galván asesinado por hombres armados el pasado 12 de Febrero cuando circulaba en su automóvil sobre la carretera federal Matamoros-Puerto Juárez, en el municipio de Puente Nacional; de los asesinos nada se sabe. Antes, el 31 de Octubre del año pasado, en un ataque armado fue asesinado el distinguido doctor Manuel Dimas Cristóbal, excandidato a la presidencia municipal de Tierra Blanca por el partido Movimiento Ciudadano (MC), y quien nuevamente buscaba la postulación. El ahora occiso fue atacado cuando se encontraba en la “Casa Rosada”, inmueble que servía como sede de la asociación civil que el político presidía. Dimas era conocido por su amplia trayectoria en la política local, de origen perredista más tarde apoyó la candidatura de Tito Delfín Cano, panista que fue presidente municipal y posteriormente diputado federal y local.
PERO HAY otros crímenes que han causado, también, indignación en el Estado, como los perpetrados contra Gladys Merlín Castro, ex alcaldesa y ex diputada por Cosoleacaque, y de su hija, Carla Enríquez Merlín, aspirante a la Presidencia Municipal por MoReNa, ambas salvajemente asesinadas en la recamara de la política por sujetos que a la fecha siguen libres, aun cuando en la cárcel se encuentran dos guardias de seguridad que descuidaron el resguardo de la residencia. Otro crimen ocurrió en Marzo en contra de la lideresa panista en la sierra de Zongolica, María Guadalupe Reyes Raigosa quien fungió como candidata de ese partido a la alcaldía de Astacinga y, hasta donde se sabe, era fuerte prospecto de ese mismo partido para disputarla nuevamente. Reyes Raigosa –a pesar del fallido Acuerdo por la Democracia -, firmado a nivel nacional y Estatal por el Gobierno de la Cuarta Transformación, fue vilmente asesinada a balazos, recibiendo dos impactos, uno en la cabeza, mortal por necesidad y el otro en el pecho, perdiendo la vida minutos después en un hospital de Orizaba. Insistimos: en ningún caso hay detenidos y la violencia continúa. Así las cosas. OPINA [email protected]
