Ante el anuncio del presidente de México acerca de la disposición de proteger a los candidatos de las agresiones del crimen organizado, surge de inmediato la pregunta sobre el descuido en que se ha mantenido a los comunicadores por parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, donde la burocracia y la pasividad de sus integrantes tienen cuentas pendientes con las familias de los comunicadores asesinados.
En días pasados, López Obrador dio a conocer la “Estrategia de protección en contexto electoral” para las próximas elecciones del 6 de junio. Dicha estrategia se llevará a cabo a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cuya titular es Rosa Icela Rodríguez, quien anunció que la estrategia de protección a candidatos consiste en establecer mesas de trabajo entre autoridades judiciales y electorales, reforzar la seguridad en municipios de alto riesgo, y facilitar investigaciones y protección para candidatos amenazados.
Como principio para proteger a los candidatos no está mal, pero nunca se ha implementado este proyecto entre los comunicadores y los defensores de derechos humanos, que exigen protección ante un sinnúmero de amenazas.
Si el Mecanismo hubiera servido de algo, las estrategias estarían basadas en los trabajos realizados por el Mecanismo, que depende de la secretaría de Gobernación; sin embargo, la estrategia es totalmente distinta y de concretarse debe perfeccionarse para resguardar la integridad física y psicológica de los candidatos y sus familias.
La estrategia tiene como objetivo principal dar protección a los candidatos y que no sean intimidados por el crimen organizado. Y la meta consiste en “Que no los obliguen a declinar por amenazas, por intereses, por todo esto que se presenta en procesos electorales y queremos ahora enfrentarlo para que se garantice la libertad de todos”, expresó el mandatario.
En el plan participarán la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobernación, las fiscalías, los partidos políticos, gobernadores y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nunca mencionaron el Mecanismo. Sus funciones parecieran no servir ni siquiera como referencia ante la protección de los candidatos a puestos de elección popular, incluso pareciera que dicho Mecanismo está enterrado en el olvido, debido a la pasividad de sus integrantes, quienes siguen siendo los mismos del sexenio pasado.
Ante esta nueva estrategia de protección sólo participa la Segob como parte de sus responsabilidades políticas, pero en ningún momento se destaca algún tipo de acciones retomadas del Mecanismo.
Hasta febrero del presente año 65 políticos mexicanos fueron víctimas de homicidio en lo que va del proceso electoral, que inició en septiembre de 2020, destacando en estos asesinatos siete estados que son: Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Morelos, Baja California y Jalisco.
A pocas horas del anuncio de la protección a los candidatos fue asesinado el candidato del PRI a la presidencia municipal de La Perla, Veracruz, Melquiades Vázquez Lucas.
Si bien las autoridades conocen el hecho, no saben por dónde empezar porque su único antecedente en estas actividades sería el Mecanismo, pero ese proyecto pareciera haber nacido muerto porque nunca ha servido. Siguen asesinando periodistas y la impunidad impera en todo el país. En homicidios contra comunicadores, Veracruz va a la cabeza.
También es el estado con más asesinatos de candidatos durante este proceso con seis: cinco aspirantes a alcaldes y uno a regidor. Le sigue Guerrero con dos homicidios y Quintana Roo y Guanajuato suman uno, respectivamente.
Anteriormente los candidatos contaban con sus propios guardaespaldas y la violencia política se detenía, sobre todo en tiempos electorales, ahora se trata de unas elecciones manchadas de sangre y muerte que recuerdan las que se llevaban a cabo a principios del siglo pasado luego de consolidar la Revolución Mexicana, cuando los caciques alcanzaban una curul a sangre y fuego, o morían en el intento.
Si se siguen los lineamientos legales de la protección a candidatos, seguramente habrá más de uno que deba ampararse para ser protegido ante la negativa total de los funcionarios encargados de esta tarea, tal y como sucede con el Mecanismo respecto al cuidado de los comunicadores.
El olvido en el que diariamente trabaja el Mecanismo, la burocratización de los funcionarios encargados de la protección de los periodistas, la privatización de los servicios y el alquiler de equipo y vehículos que utilizan anuncia su desaparición ante lo innecesario de sus funciones, ya que los asesinatos de los periodistas continúan, y la gente del Mecanismo se entera de esos asesinatos por los medios de información.
La estrategia diseñada para proteger a los candidatos, donde no se hace siquiera referencia al Mecanismo utilizado para proteger a los periodistas anuncia su ineficacia y pronostica su desaparición, con un saldo muy triste, porque la muerte violenta de cada periodista es una familia con una tragedia que nunca olvidará.
Es necesario crear un mecanismo de protección a la ciudadanía, no sólo debe protegerse a los candidatos, o a los periodistas o a los defensores de los derechos humanos de los delincuentes, sino a toda la población. Porque si se comienza a dividir la protección por gremios o grupos, se terminará culpando a todos de los asesinatos sin que haya un solo responsable.
Los responsables de la inseguridad son las autoridades, siempre lo han sido sin importar el color del partido que esté en el poder y en esta ocasión la simple creación de un esquema de protección a los candidatos a puestos de elección popular habla muy mal de la seguridad del país. PEGA Y CORRE. – Iniciaron las campañas para las 15 gubernaturas en juego. Desde ahora muchos mexicanos saben por quién van a votar y suceda lo que suceda en las campañas poco podrán cambiar. Por ello el dinero de las campañas puede ser destinado a otras urgencias de los ciudadanos, que en este momento son muchas… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
