CAFÉ DE MAÑANA
José Luis Enríquez Ambell
PRÓRROGA TERMINA; AHORA VIENE LA VERDADERA PRUEBA
En Veracruz, como en casi todo el servicio público mexicano, mayo no solamente trae calor, pendientes acumulados y escritorios llenos de oficios, pues mayo trae también una obligación que, aunque muchos quisieran ver como un trámite menor, es una de las columnas mínimas de la rendición de cuentas: “la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses”. Y este año hubo ampliación de plazo.
La Contraloría General del Estado abrió la puerta hasta el 30 de junio para que las personas servidoras públicas cumplieran con la presentación correspondiente al ejercicio 2026. Y está bien. Porque no faltó quien tuvo problemas con la plataforma, quien dejó el trámite para el último día, quien no encontró su contraseña, quien cambió de adscripción, quien pensó que no le tocaba, quien juró que “eso lo ve Recursos Humanos”, o hasta quien simplemente creyó que la declaración patrimonial era una recomendación y no una obligación legal.
Pero la cortesía institucional tiene fecha de caducidad. Y este 30 de junio se apagó la prórroga y empieza la parte realmente seria: revisar quién cumplió, quién no cumplió, quién presentó fuera de tiempo, quién tiene causa justificada y quién tendrá que explicar por qué decidió colocarse fuera del mandato legal. Ahí es donde la rendición de cuentas deja de ser cartel, banner, circular o campaña de difusión. Ahí empieza el trabajo fino de los órganos internos de control.
Porque después del cierre no basta con decir: “ya pasó el plazo”. Lo que sigue es hacer corte de padrón, cruzar listas, revisar altas, bajas, licencias, cambios de adscripción, acuses de recepción, todas las omisiones, así como posibles inconsistencias. En pocas palabras: pasar del exhorto al expediente.
Y en materia administrativa, el expediente es el territorio donde se gana o se pierde la seriedad institucional. La Ley General de Responsabilidades Administrativas no está escrita para adornar los escritorios y oficinas. “Establece que las declaraciones patrimoniales y de intereses son obligatorias, y que cuando una persona servidora pública no las presenta en los plazos legales, sin causa justificada, debe iniciarse la investigación correspondiente y requerirse por escrito el cumplimiento”. Así de claro.
No se trata de perseguir por deporte ni de convertir la declaración en garrote político, y tampoco se trata de hacer escándalo con cada omisión. Se trata, simplemente, de aplicar la ley con método, con orden y con cuidado.
Porque también hay que decirlo: “una autoridad que no documenta bien, que no notifica bien, que no integra bien, termina debilitando sus propios actos”. Y entonces el incumplido deja de ser el problema y el expediente mal armado se vuelve la salida.
Por eso la siguiente etapa exige cabeza fría. Primero, identificar con precisión a las personas obligadas. Segundo, depurar el universo real de servidores públicos. Tercero, distinguir entre el incumplimiento, el cumplimiento extemporáneo y los casos con posible justificación. Cuarto, requerir formalmente cuando proceda. Quinto, dar vista a la autoridad investigadora cuando la ley así lo ordene. Y sexto, dejar constancia de cada paso. Nada de ocurrencias. Nada de listas hechas al vapor. Nada de oficios genéricos que después no resisten revisión.
La declaración patrimonial es mucho más que un formato. Es una fotografía del servidor público frente al interés general. Es una herramienta para conocer la evolución patrimonial, detectar posibles conflictos de interés y prevenir simulaciones.
Y aquí viene el punto político. Durante años, en Veracruz se ha hablado mucho de la transparencia. Se han creado sistemas, portales, unidades, áreas, comités, lineamientos y campañas. Pero la verdadera pregunta no es cuántas veces se pronuncia la palabra transparencia, sino qué pasa cuando alguien no cumple con una obligación básica de transparencia personal. Ahí se mide la voluntad institucional. Porque el discurso de la anticorrupción es fácil cuando se dirige hacia afuera. Lo difícil es aplicarlo hacia adentro. Lo complicado es revisar al compañero, al jefe, al conocido, al recomendado o al que cree que por llevar muchos años en el cargo y puesto ya no debe explicaciones.
El cierre de la ampliación de la declaración de mayo abrió, entonces, una etapa de responsabilidad administrativa. No necesariamente de sanción automática, pero sí de revisión seria. Quien cumplió tendrá su acuse. Quien no cumplió, pues tendrá que responder. Y quien esté encargado de revisar tendrá que hacerlo con legalidad, imparcialidad y rigor.
“La prórroga fue el último aviso amable”.
Lo que sigue ya no es ni debe ser una invitación: es control interno. Y en Veracruz, donde tantas veces la rendición de cuentas ha llegado tarde, incompleta o de manera selectiva, este tipo de procesos pueden parecer pequeños, pero son profundamente reveladores. Porque una administración pública que no puede ordenar sus propias declaraciones patrimoniales difícilmente podrá presumir que vigila correctamente el uso de los recursos públicos.
DE SOBREMESA
El café está servido. Se acabó el plazo. Ahora viene lo que de verdad importa: “saber quién entendió que servir al público también significa rendir cuentas”.
¡ES CUANTO!
