*Ilegal supeditación del Judicial y legislativo al ejecutivo
*Magistrado pide “amarrar” las manos al Ejecutivo Federal
CUANDO EL Poder Judicial en un Estado o País se supedita al Ejecutivo (lo mismo que el legislativo), la indefensión de los opositores se torna de alto riesgo, porque se tuerce la ley y se aprueban acciones que van contra el Estado de Derecho. Aún se recuerda cuando por un capricho presidencial, se incluyó un artículo transitorio a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, concretamente el Décimo Tercero conocido como ‘Ley Zaldívar’, en la que se establecía la ampliación de mandato hasta 2024 del presidente ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, lo que habría constituido un antecedente peligroso ya que pudo reformarse, posteriormente, la Constitución para que el Presidente ampliara dos o tres años más su mandato. Y es que el artículo transitorio planteaba ampliar el mandato del presidente de la SCJN vigente en funciones, cuando la duración de ciertos cargos previstos en la Carta Magna es un elemento republicano de equilibrios y balances entre los poderes públicos, incluido el Ejecutivo que propone magistrados a otro poder, cuando esa obligación debería ser del consejo de la judicatura. Y eso ocurre en los Estados, donde el Poder Judicial está a las órdenes de los Gobernadores en turno que, incluso, ordenan el cese de un Presidente del Tribunal Superior de Justicia si no conviene a sus intereses, y nombra peleles que se mantienen en el puesto aunque hayan rebasado la edad establecida en la ley, que al fin y al cabo quien manda es el titular del Ejecutivo Estatal en funciones.
POR ESA razón, congruente como suele ser cuando determina usar su criterio y capacidades jurídicas, la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero propone sacar a gobernadores de nombramientos en poderes judiciales locales, de tal suerte que los consejos de la judicatura de cada Entidad hagan las propuestas y las legislaturas aprobarían los nombramientos con mayoría calificada, pero no solo lo dijo: presentó una iniciativa de ley para intentar reforzar la independencia de los poderes judiciales en los Estados, mediante la eliminación de la intervención de los gobernadores o gobernadoras en los procesos, algo que debió extenderse a las Fiscalía, ya que cada Gobernador que llega al poder nombra a su Fiscal y el que llega lo remueve y hasta lo mete en prisión o lo persigue. Por lo pronto, en la propuesta de reforma se establece que los gobernadores ya no iniciarán el proceso con propuestas, sino que los perfiles saldrían de los consejos de la judicatura de cada entidad. Las ternas serían sometidas a las legislaturas estatales (muchas, como en Veracruz, mayoritariamente supeditadas al Gobernador) y los perfiles solo se aprobarían si hay una mayoría calificada.
DOÑA OLGA propone, además, garantizar la inamovilidad de los jueces para dejarlos a salvo de los cambios sexenales, y establece que la presidencia de los Tribunales de Justicia locales será elegida por el Pleno, con una duración de 4 años y sin posibilidad de reelección inmediata. También plantea garantizar la autonomía presupuestaria de los Tribunales de Justicia de las 32 entidades federativas, al señalar que el presupuesto anual de los poderes judiciales locales sea del 2 por ciento del presupuesto general de cada Estado. Y es que hay siete Entidades donde el gobernador o gobernadora puede nombrar a los magistrados y el Congreso solo los ratifica. En 15 estados el Ejecutivo propone ternas y en nueve los consejos de la judicatura pueden hacer las propuestas. Puso el ejemplo del Estado de México donde el Consejo de la Judicatura nombra a los magistrados, con aprobación del Congreso.
PERO LA preocupación va más alla de los Estados, y en ese contexto, el ex Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Silva Meza no solo critica la captura del Poder Judicial en México, a través de la reforma judicial impulsada desde el Ejecutivo, sino que cuestiona el momento político que vive el País a partir de la llegada del actual Gobierno, y en ese tenor el jurisconsulto advierte sobre los riesgos de que el Poder Judicial pierda autonomía e independencia respecto del Ejecutivo, y vaya que no anda herrado, sobre todo ahora que el Presidente Andrés Manuel López Obrador propone que magistrados y consejeros electorales sean electos por el pueblo, y propuesto por los tres poderes del Estado.
SILVA MEZA sostiene de entrada que con la llegada al poder del nuevo titular del Ejecutivo en 2018, con el Congreso de su lado comenzaron a multiplicarse toda una diversidad de iniciativas de reforma constitucional para transformar o capturar completamente la estructura del Poder Judicial. Cita la reforma al Poder Judicial, propuesta por el actual Presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, e impulsada por el Poder Ejecutivo y el Legislativo, de mayoría morenista, que ha servido para minar la independencia de jueces y magistrados. Se ha evidenciado que esa reforma judicial cuenta con otras disposiciones que presentan el grave riesgo de que el Gobierno termine ejerciendo un control político de la función judicial, afectando gravemente la independencia judicial, esto por el control que se hace de los impartidores de justicia a través del Consejo de la Judicatura Federal, el cual se compone por representantes del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y que ha servido de presión para intervenir en las resoluciones que interesan al poder político.
Y ES que las siete personas que conforman la cúpula del Consejo de la Judicatura, (designadas por el Ejecutivo, por el Senado y por la Suprema Corte), hoy controlan, con aparente legitimidad, todos los incentivos de la carrera judicial: 1, la designación; 2, la ratificación; 3, adscripción y los traslados; así como la determinación de las responsabilidades administrativas de todos, todos juzgadores en el País, y ni que decir de la eventual eliminación de los medios de impugnación (recurso efectivo) oponibles a resoluciones disciplinarias, también eventualmente ilegítimas del Consejo, supresiones que se dieron en ciertos casos en la reforma judicial aprobada. La propia reforma creó juzgados “especializados” o “jueces ad hoc” a los que se les pueden enviar los asuntos sobre los que hay un interés especial, como los casos de Rosario Robles, de las ahora liberadas familiares políticas del Fiscal General de la República, Alejandro Gert Manero –ingresas a prisión a instancias de este-, el asunto de Julio Scherer Ibarra y coacusados por tráfico de influencias, o el de los actores políticos de oposición a quien el Presidente López Obrador tiene especial interés en mantenerlos en prisión. Y es que el Consejo está facultado para elegir a los jueces que deberán encargarse de resolver aquellos asuntos que puedan implicar violaciones graves a derechos humanos y aquellos casos que tengan un impacto social relevante; lo que conlleva lógicamente el riesgo de que la política controle el Estado de Derecho en asuntos de interés gubernamental, bajo el argumento de la seguridad nacional, el interés general, la razón de Estado.
Y BASTA observar a Veracruz para entender como el Poder Judicial, la Fiscalía y hasta el Poder Legislativo están a las órdenes del ejecutivo, cometiendo toda suerte de tropelías en contra de quienes no piensen como el Gobernador que, para variar, se siente tan omnipotente que desafía a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y jueces Federales, quienes ya le exigieron respeto a su trabajo y dictámenes. Así las cosas. OPINA [email protected]
