¡Ay Chabela, Chabela, Chabela!
La titular del Poder Judicial, Isabel Inés Romero Cruz, hoy arrodillada a Cuitláhuac García, está por cumplir 70 años lo cual la obliga al retiro forzoso, pero presume que ya logró una dispensa del gobernador para seguir hasta el 2024.
Ello le permitirá seguir con sus rapacerías.
Así, por si no hubiera sido suficiente con el abusivo despido fuera de toda legalidad de la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda, ahora la hace objeto de atropellos contra su familia al imponerle una reducción de la pensión alimentaria para su madre de 103 años.
“Está dispuesta a aniquilarme pisoteando la ley”, acusa.
Y todo por exigir respeto al Poder Judicial.
“Este día estoy muy acongojada además de que la juez Décimo Dania Iveth Arenas Pérez, le redujo a un cinco por ciento la pensión alimenticia a cargo de mi hermano Mario Castañeda Palmeros, a una anciana de 103 años, a pesar de que trabaja en Comisión Federal de Electricidad y laboró en la Universidad Veracruzana”.
La reducción -sostiene la magistrada despojada- fue por orden de la presidenta del TSJ, Isabel Inés Romero Cruz, quien guarda estrecha amistad con Dania Iveth Arenas Pérez, auxiliar en materia penal de los juzgados de lo familiar “que por cierto yo propuse en otro tiempo y que ahora son usados en mi contra”.
“La señora Inés Isabel está decidida a aniquilarme, a pesar de violar mi inamovilidad decretada por el Poder Legislativo en 1997. Me aplica retroactivamente la ley del retiro forzoso, treinta años después, un caso para Ripley… y ahora sin salario ¿cómo puedo solventar las necesidades de mi madre, si jamás vendí la justicia?”, clama.
Y todo por exigir respeto al Poder Judicial.
A lo de la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda se suma la de su par Concepción Flores Saviaga, quien también de manera arbitraria y violatoria a la ley, fue retirada de la Sala de lo Familiar bajo su responsabilidad a pesar también de contar con un amparo.
Flores Saviaga también se negó semanas atrás a la reducción del salario en un 30% para cubrir los faltantes presupuestales del Tribunal Superior de Justicia por 500 millones de pesos que están perdidos.
La magistrada, al igual que Yolanda Cecilia, fueron estigmatizada por Isabel Inés Romero Cruz, quien ahora se las aplica en venganza por exigir públicamente respeto al Poder Judicial.
Por estos días la podredumbre del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, al igual que el excremento en el agua, empezó a salir a flote.
Publicado sin desmentido de por medio, se afirma que la magistrada presidente, mejor conocida en el bajo mundo del Poder Judicial como “Chabela”, pactó la venta de 55 plazas que entran en función el primero de octubre, con motivo a la creación de los juzgados en materia laboral vendiendo a sus sobrinos, primos y amigos plazas de jueces y de secretarios de sala.
Son las mismas prácticas de corrupción que realiza, también desde el interior de la Presidencia del Poder Judicial, a través de su secretario particular Tomás Antonio Francisco, quien nombró como Juez del “Juzgado para Adolescentes”, en Palma Sola a su hermano Enrique, quien no cuenta con el examen de oposición y que además se encontraba adscrito a la Sala de Responsabilidad Juvenil existiendo, por tanto, conflicto de intereses.
El perverso poder de Chabela con autorización de Cuitláhuac lo consuma a través de su particular Tomás Antonio, quien coacciona a los jueces para resolver casos en los que la presidenta tiene intereses poco claros, de corrupción.
Es por ello, que el día de ayer le solicitó la renuncia al secretario de Acuerdos del Consejo, dado que los jueces informaron al secretario de los negocios turbios de la presidenta, quien hace gala de su nepotismo al tener como juez a su hijo Marlon Neria Romero, en el Juzgado Cuarto en Martínez de la Torre.
Y por si fuera poco este fin de semana se enteró a los magistrados del Poder Judicial que el Gobernador Cuitláhuac García, otorgará a Chabela una dispensa de Ley a fin de que permanezca en el cargo de Magistrada presidenta, pues en abril del próximo año, cumplirá los 70 años, lo que implicaría su retiro forzoso como lo establece la ley.
Chabela percibe un ingreso de 195 mil pesos al mes.
Así, menos de un año bastó para que Isabel Inés Romero Cruz convirtiera a ese recinto judicial garante constitucional, en un mercado placero.
Desde su llegada a la Presidencia, el Poder Judicial se ha caracterizado por estar envuelto en un sin número de chismes y polémicas que dirimen y resuelven su particular Tomás Antonio Francisco y el asesor Felipe Pérez Reyes.
Y es que. a Isabel Inés Romero Cruz, solamente le interesa saber chismes sobre la vida de las personas que trabajan ahí y basa sus decisiones en esas pláticas de lavadero y fotos personales de redes sociales olvidando los principios de imparcialidad y legalidad que deben regir en esa esfera jurisdiccional.
La característica que la define por los hechos es la traición y esa movilidad de quienes ve como enemigos a diferentes distritos, el retiro forzoso, el despido del personal en forma denigrante, aun cuando estas fueran personas cercanas que confiaron en ella y lograron ponerla donde está.
Esa es la historia del hoy prostituido Poder Judicial convertido en el lavadero de Chabela.
*Premio Nacional de Periodismo
