PGR debe ejercitar acción penal contra quienes desviaron en Veracruz recursos federales: MIYULI

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    ’08/06/2023’
    ’08/06/2023’

    Pide a legisladores respaldar acciones de la Auditoría Superior de la Federación

    El Diputado Federal Miguel Ángel Yunes Linares, en punto de acuerdo presentado en la Cámara Alta, solicitó brindar todo el respaldo a la Auditoría Superior de la Federación y exhortar a la Procuraduría General de la República ejercitar acción penal contra quienes desviaron en Veracruz recursos provenientes de fondos federales.

    Señaló que de sólo 16 denuncias penales presentadas por la Auditoría Superior ante la PGR, se puede acreditar que el monto de lo desviado por funcionarios y ex funcionarios del Gobierno de Veracruz es de casi 10 mil 700 millones de pesos, y de esta cifra, 7 mil 600 millones de pesos fueron desviados en tres años, de 2011 a 2013, ya durante el Gobierno de Javier Duarte.

    “Para tener una idea de la magnitud del daño, la cifra desviada es superior a la cifra de 7 mil millones de pesos que recientemente aprobamos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para apoyar las tareas de seguridad pública en Estados y Municipios; esto explica por sí mismo el por qué la Auditoría Superior considera al Gobierno del Estado de Veracruz como el más corrupto del país”, manifestó.

    Señaló que los recursos desviados debían haberse destinado fundamentalmente a la salud y educación de los veracruzanos. “No hacerlo además de un delito es una inmoralidad; hay niños que han muerto por falta de medicamentos en los hospitales de Veracruz”.

    “La Auditoría ya denunció penalmente a los presuntos responsables; varios de ellos son nuestros compañeros en este recinto y antes fueron funcionarios en Veracruz”, dijo.

    El diputado Miguel Ángel Yunes Linares manifestó que de no hacerlo, lo que procedería es debatir si tiene sentido la existencia de un órgano superior de fiscalización mutilado, sin facultades para sancionara a quienes indebidamente disponen de los recursos públicos.

    TEXTO DE LA INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO FEDERAL MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES:

    La Auditoría Superior de la Federación y la Ley de Fiscalización Superior de la Federación han cumplido 15 años.

    Sin embargo, la Auditoría Superior tiene en los hechos gravemente mermadas sus facultades, tanto las resarcitorias como las de promoción del fincamiento de responsabilidades administrativas y penales a servidores públicos que hagan mal uso de recursos.

    El propio Auditor Superior señaló hace unos días en esta Cámara de Diputados que hay más de 500 denuncias penales interpuestas ante la PGR en contra de servidores públicos que han desviado recursos a las que no se les ha dado curso.

    Esto es realmente inaudito.

    Después de que la Auditoría lleva a cabo un prolongado proceso de revisión de las cuentas públicas y determina acciones resarcitorias o presenta denuncias penales, la parte final de este proceso se frena en las instancias competentes, en este caso en la Procuraduría General de la República, aún cuando las denuncias se encuentran firmemente sustentadas.

    Lo anterior prácticamente anula el objetivo para el cual fue creada la Auditoría Superior de la Federación y exige de esta Cámara un llamado a las autoridades competentes para que cumplan con la Ley y den curso a todas las denuncias penales que se han sido presentadas, sean quienes sean los presuntos responsables, militen o no militen en un partido político.

    Estamos frente a una debilidad institucional o una falta de voluntad política, o –lo que sería más grave­ frente a un ánimo de encubrimiento.

    Quiero ser preciso, no se trata de la Procuradora, se trata de la Procuraduría, de la institución, porque esta falta trasciende a este sexenio y puede obedecer a una debilidad institucional.

    Traigo un botón de muestra a esta tribuna.

    Es un botón gigantesco.

    En éste cuadro se enumeran 16 denuncias penales presentadas por la Auditoría Superior ante la Procuraduría General de la República por desviación en Veracruz de recursos provenientes de fondos federales.

    Quiero ser preciso, sólo es una parte de las denuncias, las que hemos podido obtener, hay varias más ya presentadas.

    Lo que puede ya acreditarse es que el monto de lo desviado por funcionarios y ex funcionarios del Gobierno de Veracruz según las mismas es de casi 10 mil 700 millones de pesos.

    De esta cifra, 7 mil 600 millones de pesos fueron desviados en tres años, de 2011 a 2013, ya durante el Gobierno de Javier Duarte.

    Para tener una idea de la magnitud del daño, la cifra desviada es superior a la cifra de 7 mil millones de pesos que recientemente aprobamos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para apoyar las tareas de seguridad pública en Estados y Municipios.

    Los recursos desviados debían haberse destinado fundamentalmente a la salud y educación de los veracruzanos, no hacerlo además de un delito es una inmoralidad.

    Hay niños que han muerto por falta de medicamentos en los hospitales de Veracruz.

    La Auditoría ya denunció penalmente a los presuntos responsables; varios de ellos son nuestros compañeros en este recinto y antes fueron funcionarios en Veracruz.
    Este cuadro explica por sí mismo el por qué la Auditoría Superior considera al Gobierno del Estado de Veracruz como el más corrupto del país.

    Compañeras y compañeros Diputados:

    Debemos darle todo el respaldo a la Auditoría Superior de la Federación, sobre todo cuando hemos visto que la Secretaría de la Función Pública es una dependencia etérea, como lo vimos en la comparecencia del día de ayer.

    México se ahorraría 1 mil 300 millones de pesos y muchas vergüenzas si desapareciera la Secretaría de la Función Pública.

    Por eso les pido que exhortemos a la Procuraduría General de la República a acelerar el análisis de las más de 500 denuncias ya presentadas, y en su caso ejercitar la acción penal contra los presuntos responsables.

    De no hacerlo lo que procedería es que debatamos si tiene sentido la existencia de un órgano superior de fiscalización mutilado, sin facultades reales para sancionar a quienes indebidamente disponen de recursos públicos.