Las agresiones a la libertad de expresión en México no son nuevas ni iniciaron con la llegada del actual sexenio. Periódicos internacionales muy acomedidos ahora se dan cuenta de la realidad de México, desde el extranjero publicaron que a través del sistema Pegasus, que controlaba el entonces CISEN, dependiente de la Secretaría de Gobernación, se espiaba a periodistas, empresarios, líderes religiosos, etc.
En México desde hace muchos años la duda sobre la veracidad de los medios es una constante en la conciencia de los mexicanos. En el movimiento estudiantil del 68 la frase de “Prensa vendida”, fue una de las consignas en las marchas de protesta contra el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz.
Un día después de la matanza del 2 de octubre sólo el Excélsior dio cuenta de los incidentes en la Plaza de las Tres Culturas, los principales espacios estaban dedicados a la alabanza del gobierno en turno. Y en la televisión el principal noticiario hablaba de un día soleado y sin mayores incidentes.
En este panorama de quienes consumen noticias en los medios convencionales se suma una serie de dudas sobre la veracidad de lo que se dice independientemente de lo que se diga. La prensa es un poder que ha disminuido considerablemente, por un lado, las críticas al gobierno provocan malestar y agresiones disfrazados de réplica, y en el pasado el exceso de alabanzas a los funcionarios públicos forzaba a dudar de la veracidad de los contenidos.
Ahora, un medio inglés y otro estadounidense señalan un sistemático espionaje sobre periodistas mexicanos desde la secretaría de Gobernación en el sexenio pasado.
Según dicen los medios, la intromisión a la vida de los comunicadores realizada durante el periodo de Peña Nieto fue similar a la practicada en países como Emiratos Árabes Unidos y Marruecos, con más de 10 mil objetivos, cada uno.
En México, el número de personas vigiladas superaba las 15 mil, de las cuales, por lo menos 25 eran periodistas, desde el CISEN y a través del spyware Pegasus.
Se tenía cuidado de más de 50 mil números telefónicos seleccionados por los clientes de la compañía NSO Group, empresa líder en el mundo del ciber espionaje.
El ejercicio del periodismo, aunado a los crímenes contra periodistas, se considera una grave agresión a la libertad de expresión. En 2020 fueron asesinados 50 periodistas, según el Balance Anual de a Reporteros sin Fronteras.
En México, según información de Artículo 19, de 2000 a la fecha se han documentado 140 asesinatos de comunicadores, muertos por la posible relación con su trabajo profesional. De ellos 129 son hombres y 11 mujeres.
En el sexenio de Peña Nieto fueron asesinados 47, y en la actual administración pública 20 periodistas.
Una de las figuras más espiadas durante el sexenio anterior, según estos medios, fueron Carmen Aristegui y el director del Centro Prodh, Mario Patrón. Por su parte, el semanario Proceso señala:
“En apenas un año y medio, agencias de su gobierno registraron en sus sistemas Pegasus los celulares de más de 15 mil personas, de las que se pudieron identificar por lo menos 25 periodistas –seis de ellos trabajaban entonces en Proceso y uno, el periodista guerrerense Cecilio Pineda Brito, fue asesinado algunas semanas después-, defensores de derechos humanos, sindicalistas, gobernadores, líderes religiosos, académicos, médicos, militares, personas menores de edad y más de 700 políticos y sus familiares, principalmente de partidos de oposición”.
La revista señala que, durante un año y medio, agencias de Gobierno de Peña Nieto registraron, en promedio, más de 33 objetivos de ciber espionaje al día, por este sistema que permite a una agencia de Gobierno acceder a prácticamente toda la memoria del teléfono de un objetivo, incluyendo mensajes –SMS, WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería-, así como correos.
Tomás Zerón, exsubprocurador de Justicia el sexenio pasado, autorizó la compra de decenas de millones de dólares en sistemas de vigilancia a empresas privadas de inteligencia.
The Guardian, The Washington Post y otros 15 medios internacionales de su misma cadena informan que fueron espiados activistas de derechos humanos, periodistas y abogados de todo el mundo. México no ha sido la excepción.
Un gesto de buena voluntad sería que en este sexenio no se diera un solo derecho de réplica desde el gobierno federal mientras no se aclaren a satisfacción los asesinatos contra los comunicadores en México. Lo cual es una obligación de todo país que viva en Estado de Derecho.
Porque no es posible que con ese pretexto de defenderse se oculten las averiguaciones sobre los asesinados. No es suficiente detener y enjuiciar a los periodistas mexicanos mientras no se conozca a los asesinos intelectuales y los móviles de estos imperdonables asesinatos.
Los comunicadores mexicanos en el país han sido castigados de manera sistemática y podrían convertirse en la fuerza que eran si no tuvieran la amenaza constante de que la muerte los acecha en cada paso que dan y no están seguros ni en su propia casa.
El Mecanismo de protección a los periodistas es una de las instancias más deficientes de la defensa de los comunicadores, mientras que los asesinatos continúan, estén o no bajo la protección de este mecanismo, lo cual es un motivo más para que el actual gobierno no mencione nada sobre los periodistas, de la corriente ideológica que sean, mientras esos asesinatos no se aclaren a satisfacción de la sociedad, pero sobre todo de sus familiares.
PEGA Y CORRE. – En reunión de aduanas entre México y Estados Unidos se determinó por dónde entran armas y hacia donde se dirigen para ser utilizadas. Los estados con mayor afectación por el tráfico ilícito de armas son Baja California, Sonora, Chihuahua y Nuevo León; mientras que los estados en los que se registran más enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada son el Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Veracruz, Guerrero y Zacatecas… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
