*Abre INAI investigación contra AMLO por divulgar datos
*Alianza mafia-Gobierno-Impunidad causa de los crímenes
A ESTAS alturas ya no se sabe si ha sido la delincuencia organizada, la indiferencia del Estado, las agresiones verbales del Presidente Andrés Manuel López Obrador en las mañaneras que exhibe a los medios de comunicación como los entes más corruptos y desprestigiados, o si es producto de la acción de ambos: delincuentes y Gobierno lo que ha propiciado el asesinato de más de 160 periodistas y defensores de derechos humanos y del habitad en lo que va del actual Gobierno Federal, y las cifras no mienten ni buscan dañar la imagen de nadie sino mostrar un hecho que al mandatario nacional parece no importarle, sobre todo cuando se trata de comunicadores adversarios, fifís o corruptos, como suele llamarlos irresponsablemente. Apenas el jueves, el periodista Luis Enrique Ramírez fue asesinado a golpes y balazos en Sinaloa, convirtiéndose en el noveno (o décimo primer) comunicador que muere violentamente en el País en lo que va del año (ya que algunos no son considerados como tal pese a haber ejercido el periodismo). El cuerpo del comunicador fue encontrado en un camino de terracería que conduce a El Ranchito, estaba envuelto en bolsas de plástico como si se tratara de un delincuente más, pese a la enorme trayectoria que le antecedía, incluso, como funcionario, ya que fue colaborador del ahora gobernador de esa entidad, Rubén Rocha Moya, quien escribió en sus redes sociales “con profundo pesar, lamento el fallecimiento del comunicador, amigo y periodista del periódico El Debate. Me he comunicado con la Fiscal Sara Bruna, para que se haga una investigación inmediata, rigurosa y exhaustiva, que esclarezca este oprobioso hecho”, precisó el mandatario, aunque lo cierto es que se haga lo que se hagan, ya nada devolverá la vida al reportero de 59 años, quien había sido reportado como desaparecido la noche del miércoles. Ramírez era columnista del diario local El Debate y fundador del sitio de noticias Fuentes Fidedignas. Previamente trabajó en los diarios nacionales El Financiero, El Nacional y La Jornada, y con su asesinado se confirma que México, ante la indiferencia de AMLO, es uno de los países más peligrosos para la prensa, según RSF y la organización local Artículo 19, pues previamente han sido ejecutados Armando Linares, Juan Carlos Muñiz, Heber López, Lourdes Maldonado, Margarito Martínez, Roberto Toledo, José Luis Gamboa y Jorge Luis Camero, este último baleado el 24 de febrero, dos semanas después de haber dejado su cargo en la alcaldía de Empalme, Sonora.
COMO FUERA, de acuerdo a los expertos y al propio Subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, la impunidad prevalece en más del 90 por ciento de los homicidios de periodistas y en 99 por ciento de los defensores de derechos humanos, y en ese tenor, en seis Entidades se concentra el 61 por ciento de los homicidios de periodistas cometidos durante el presente gobierno, de acuerdo con el reporte Agravios contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Solo en lo que va del Gobierno de López Obrador, de 2018 a la fecha, 151 periodistas y defensores de derechos humanos (reconocidos como tales) han sido asesinados, y hasta Octubre de 2021 la Secretaría de Gobernación (Segob), en su reporte, “Agravios contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, daba cuenta de 47 comunicadores y 94 defensores de derechos humanos asesinados en tres años de administración; sin embargo, los casos se siguen acumulando y ya van más de 160 periodistas y defensores a los que les han segado la vida. Y es que al iniciar este 2022, otros cinco periodistas fueron asesinados en las primeras semanas de enero y febrero, y a la fecha ya van nueve, aunque se trata de desconocer tres hechos más como si con ello aminoraran las afrentas.
Y SI bien es cierto que en varios de los Estados que concentran la mayor cantidad de homicidios de activistas y periodistas (el 57 por ciento de las agresiones se concentra en seis entidades: Estado de México, Guerrero, Michoacán,
Sonora, Oaxaca y Veracruz) operan grupos criminales de renombre nacional y mundial, lo cierto es que la falta de sanciones a quienes han quitado la vida a los activistas y periodistas alcanza el 90 por ciento o más. Y es que la corrupción y colusión entre autoridades y grupos delictivos ha sido el binomio que más ha contribuido a que se asesine a quienes ejercen sus derechos y a que queden en la impunidad, pues no todos dimensionan la importancia que tiene la labor de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, entre otros el Presidente Andrés Manuel López Obrador que a diario vierte agravios contra comunicadores, secundado por su sesión “Quien es quien en las mentiras”, algo que sigue cayendo por su propio peso. Y aunque la Secretaria de Gobernación tiene identificado el perfil de quienes agreden a los periodistas en México: el 43 por ciento son servidores públicos y el 33 por ciento, miembros de la delincuencia organizada, poco o nada se ha hecho para imponer sanciones que eviten los atentados que siguen cobrando vidas.
POR LO pronto el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) inició una investigación contra el presidente AMLO por divulgar datos privados del periodista Carlos Loret de Mola. En un documento enviado por la dependencia a la Unidad de Transparencia de la Presidencia de la República, se informa que el pasado 21 de abril se comenzó un proceso por lo previamente mencionado. El texto, firmado por César Vallarta, director del Sector Público del INAI; dice que el presidente AMLO difundió información de un comprobante fiscal de Carlos Loret de Mola el pasado 7 de abril, ya que el documento contiene información personal del columnista de El Universal, como lo es: RFC, Nombre del receptor, Operación, Importe, Sellos del SAT y del CFDI. Tras su comprobación ante el instituto de Rogelio Ramírez de la O, el INAI informó que se comenzó una investigación por divulgación de datos privados, pues se alega que hay indicios suficientes para efectuar la pesquisa, de acuerdo con el marco legal que establecen los artículos 6 y 18 constitucionales.
AHORA BIEN, hacer periodismo bajo una dictadura es un acto de resistencia para seguir contando la verdad, aun cuando lesione los intereses de quienes ven al poder como un trampolín de sus intereses personales o de grupo. Ignoramos si en México se está incubando una dictadura en ciernes, pero lo cierto es que la impunidad que enmarca los asesinatos de comunicadores se ha convertido en la norma en México. Entre el 2006 y el 2021, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), ha documentado al menos 128 homicidios cometidos contra periodistas en el País, de los cuales solamente 17 han sido resueltos, lo cual quiere decir que al menos 86 por ciento de esos delitos se mantienen impunes.
EN EL actual sexenio amlista van al menos 45 asesinatos de periodistas reportados de diciembre de 2018 a la fecha, esto es, en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con una impunidad que llega hasta un 90 por ciento. De los homicidios perpetrados del 2006 al 2021, 57 eran trabajadores de medios impresos; 28 laboraban en alguna estación radiofónica; 10 en televisión; 24 en medios digitales y el resto en alguna multiplataforma. Del total de los casos, 17 fueron mujeres. Los datos del Observatorio de la Unesco sobre periodistas asesinados, que se basan en información proporcionada por el país en el que tuvo lugar el homicidio, plasman que desde 1998 al 2021, México es el segundo país con más asesinatos de periodistas a nivel mundial (sólo por debajo de Iraq, pero arriba de Siria). Según el Informe de la Directora General sobre la seguridad de los periodistas y el peligro de la impunidad de 2018, un periodista o un miembro del personal de los medios de comunicación es asesinado cada cuatro días en el mundo. En el caso de México, los datos indican que los crímenes han ido al alza desde el 2009. Asi las cosas…OPINA [email protected]
