ALMA GRANDE
Pemex: promesa nacional, adjudicación internacional
POR ÁNGEL ÁLVARO PEÑA
Petróleos Mexicanos (Pemex) dejó muy en claro que, dentro de su Plan Estratégico 2025-2035, el objetivo central es consolidar la soberanía energética de México para garantizar el desarrollo nacional, la seguridad energética y el aprovechamiento estratégico de los recursos del país. Así lo dio a conocer en la primera semana de junio su director general, Juan Carlos Carpio Fragoso, durante la vigésima edición del Congreso Mexicano del Petróleo (CMP), el foro técnico y operativo más importante del sector en el país y uno de los mayores de América Latina.
De acuerdo con lo expuesto por el titular de Pemex, la administración federal de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo impulsará esquemas de inversión mixta y una intensificación de las estrategias de exploración para detectar nuevos yacimientos que incrementen las reservas y los niveles de producción nacional. En estas tareas, aseguró, se fortalecerá el desarrollo y la capacitación especializada de la ingeniería y los trabajadores mexicanos, un compromiso que lógicamente otorga un papel protagónico a las empresas privadas nacionales en el tablero estratégico del subsuelo.
Esta aseveración, sin embargo, aunque suena elocuente en el discurso, compromete al nuevo titular de la empresa estatal a demostrar con hechos la adjudicación efectiva de contratos a compañías mexicanas, evitando relegarlas ante la contratación de corporaciones extranjeras. Lamentablemente, en abierta contradicción con las declaraciones de Carpio Fragoso —quien elogió el talento, conocimiento y capacidad de ejecución local—, se han venido otorgando asignaciones multimillonarias a discreción y de forma directa a compañías extranjeras, desplazando de tajo a la industria nacional que cumple rigurosamente con los estándares y la normatividad técnica que la estatal exige.
El caso más alarmante es el de la compañía china SINOPEC, la cual, bajo el amparo de asignaciones directas injustificadas que eluden los procesos de licitación pública, ha sido privilegiada con contratos que rondan los 1,500 millones de dólares para desarrollar servicios de adquisición de datos sísmicos 3D y 2D en cuencas terrestres de alta complejidad. Salvo por los dos primeros proyectos de su historial, las subsecuentes asignaciones han esquivado la competencia abierta, utilizando de forma indebida las excepciones legales de la Ley de Adquisiciones (como la figura de proveedor único o emergencia), a pesar de que el mercado nacional cuenta con alternativas con probada experiencia y tecnología equivalente o superior.
Alarmas operativas, sociales y de seguridad industrial
La entrega discrecional de estos proyectos no solo vulnera la transparencia, sino que introduce severos riesgos operativos y reputacionales para Pemex que contradicen la política humanista del actual gobierno:
* Siniestralidad fatal y laxitud en seguridad: La operación de la firma asiática ha encendido alertas críticas debido a la reciente ocurrencia de dos accidentes fatales en sus frentes de trabajo. Estas pérdidas humanas evidencian fallas en la supervisión de los sistemas de gestión de seguridad industrial, salud operacional y protección ambiental (SSPA), contraviniendo las directrices estrictas que Pemex impone a sus contratistas locales.
* Conflictividad social y afectaciones comunitarias: En el desarrollo de tendidos de líneas sísmicas y detonación de cargas subterráneas en estados como Tabasco y Veracruz, las operaciones de la compañía han acumulado constantes quejas y reclamos por parte de ejidatarios y comunidades locales. Las protestas derivan de la falta de un diálogo comunitario adecuado, daños no indemnizados a infraestructuras ejidales y viviendas, e impactos ambientales en terrenos de cultivo y mantos acuíferos, afectando la estabilidad social de las zonas petroleras.
* Riesgos técnicos en la entrega y calidad del dato: Geofísicos y especialistas del sector señalan con preocupación retrasos operativos en los cronogramas de entrega y deficiencias en el procesamiento inicial de los datos sísmicos terrestres. La falta de un arraigo técnico profundo en la geología de las cuencas del sureste y las complejidades geológicas eleva el riesgo de obtener imágenes del subsuelo deficientes, lo que impacta negativamente en la posterior selección de los sitios de perforación exploratoria.
Frente a este escenario de opacidad extranjera, destaca la solidez de la industria mexicana. Un ejemplo claro es la empresa Núñez y Asociados S.A. de C.V., una firma de capital 100% nacional especializada en servicios de adquisición de datos sísmicos 2D/3D, microsísmica, integración de datos geológicos y geofísicos y caracterización avanzada de yacimientos. Esta compañía no solo conoce a la perfección el subsuelo nacional, sino que ha desarrollado con éxito trabajos de alta especialización técnica tanto para el área de Exploración y Producción de Pemex como para operadores privados de primer nivel de la talla de Carso Energy y Hokchi Energy, manteniendo récords limpios en seguridad e interacción comunitaria.
A las puertas de proyectos de gran envergadura indispensables para reponer las reservas del país —como el desarrollo de las campañas de exploración sísmica del Plan Estratégico 2025-2035, las empresas mexicanas requieren certidumbre jurídica, técnica y económica por parte de Petróleos Mexicanos. La soberanía energética no puede construirse importando servicios que la ingeniería nacional domina con excelencia, ni subsidiando operaciones extranjeras que externalizan costos a través de la inseguridad laboral y el conflicto social.
Es imperativo que Juan Carlos Carpio Fragoso eche una mirada profunda a los criterios de asignación contractual dentro de Pemex Exploración y Producción (PEP). Poner orden en la casa implica frenar las inercias que privilegian corporaciones foráneas cuestionadas y garantizar que la riqueza generada por el petróleo se traduzca en empleos dignos, desarrollo tecnológico local y bienestar para las familias mexicanas, alineándose verdaderamente con el eje social y humanista plasmado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Está columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
