*Nadie firma Pacto por Democracia ante violencia
*Veracruz donde más pre candidatos han asesinado
CUAL ES la importancia de que el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez firme con sus empleados, perdón, con los representantes de los poderes Legislativo y Judicial –y como colofón, el engreído secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos- un “Acuerdo por la Democracia”, cuando debió hacerlo con todos los partidos políticos con registro en la Entidad que, hasta donde se sabe, recibieron la invitación pero ante las circunstancias de violencia que prevalecen en el solar jarocho, decidieron no asistir dejando plantado a un mandatario que no quiso hacerlo solo con MoReNa y sus aliados, algo que en el ámbito nacional se habría visto pésimo. Por ello decidió simularlo con los titulares de los otros poderes impuestos ahí por propio Cuitláhuac para que obedezcan ciegamente sus órdenes o, de lo contrario, correrán la misma suerte que Sofía Martínez Huerta, quien no solo fue sustituida como presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) sino, inhabilitada por cinco años en un juicio político amañado que muestra los abusos de un Gobierno que acaso ignora que los carniceros de hoy serán las reses del mañana. A Martínez Huerta le aplicaron la guillotina porque ordenó remover al juez de control de Ozuluama, José Clemente Zorrilla, cuando esa función le correspondía a la Judicatura del Estado que ella presidía. Por ello, a puerta cerrada el Congreso local, como acostumbrada Ali Baba y sus 40 legisladores, en este caso 35 con votos a favor y nueve en contra, ordenó su destitución como magistrada e inhabilitación para ocupar un cargo público por cinco años, y a pesar de que la defensa jurídica de la magistrada acudió a entregar pruebas y alegatos en su favor, éstos no fueron aceptados. El Estado soy yo, le dijeron desde el ejecutivo –muy a pesar de haber sido impuesta por Cuitláhuac-, y su cabeza rodó al no prestarse a los enjuagues de un Gobierno que se dice incorruptible en el discurso, pero que dista mucho de predicar con el ejemplo.
LA NUEVA Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Isabel Inés Romero Cruz hace lo que le ordenan desde Palacio, lo mismo que la presidenta del Congreso del Estado, Adriána Paola Linares Capitanachi que son quienes firmaron el Acuerdo por la Democracia, como si no fuera su obligación velar por esta, porque se cumpla la ley y se imponga el Estado de Derecho en los comicios. Su participación, entonces, fue un acto de simulación a falta de partidos que acudieran al llamado de García Jiménez, un gobernador impopular, sin convocatoria y con una creciente pérdida de autoridad al paso de los días, pero que, según él, al simular lo obvio es para enviar un mensaje a los ciudadanos de que en la entidad se vivirá un proceso electoral apegado a la “normalidad democrática”, como si eso fuera una concesión, algo así como cuando el Estado premia a los policías por hacer bien su labor cuando se trata de su obligación y responsabilidad, o los propios periodistas entregan premios a sus colegas porque escribieron bien una nota, artículo o investigación, cuando a ello nos obliga la profesión sin más afán que servir a la sociedad. La firma del “Acuerdo por la Democracia” en Veracruz no deja de ser una soflama sin sustento, un circo como los que está acostumbrado este gobierno ofrecer a sus seguidores para convencerlos de sus bondades, aunque en cada acto vaya implícito un interés personal, de grupo o de partido.
Y ES que no se puede hablar de un Acuerdo por la Democracia cuando en todo el Estado hay ejecuciones de aspirantes, amenazados –por el Secretario de Gobierno-, perseguidos y encarcelados, como sucedió recientemente con Rogelio Franco Castán a quien le revivieron un asunto añejo como es una denuncia presentada por su ex esposa por violencia intrafamiliar, y que las hijas del político desmienten y hasta exigen a su propia madre que ya las deje en paz al lado del padre, incluso, una de ella que solo es hijastra de Franco pero que la ha criado como propia, lo que demuestra que más allá de un acto de justicia existe otro de persecución, más aun cuando el ahora detenido por ultrajes a la autoridad y no por violencia de género ya que poseía una amparo y, peor aún, lo trasladan a una de las cárceles más peligrosos del Estado como es la de Amatlán, ahí donde se encuentran peligrosos delincuentes aprehendidos en el periodo yunista.
HABLAR DE ejecuciones en este gobierno Cuitlahueco es otro tema; apenas del 5 de este mes mataron a Melquiades Vázquez Lucas, aspirante del PRI a la alcaldía de La Perla, luego de que el Gobierno Federal anunciara una estrategia de protección a precandidatos a puestos de elección popular que, por lo visto no ha funcionado. Con el sumarían 65 asesinatos políticos en el marco del actual proceso electoral en el País, sin contar el crimen contra Ivonne Gallegos Carreño, exdiputada local del Partido Acción Nacional (PAN) y actual candidata por ese partido a la presidencia municipal de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, acribillada a balazos junto con su chofer cuando circulaba en una camioneta de su propiedad. Sujetos armados la alcanzaron y le dispararon la mañana del sábado sobre la carretera federal a la altura de la desviación a la Agencia de Santo Tomas Jalietza, perteneciente a Ocotlán, municipio ubicado a 40 minutos de la capital de Oaxaca
EL MARTES pasado, el dirigente del Partido Verde Ecologista de México en Michoacán, Ernesto Núñez Aguilar, anunció que no participará en las elecciones de los municipios de Briseñas, Cotija, Tangamandapio y La Huacana por amenazas contra sus candidatos. Según el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para proteger a candidatos o aspirantes amenazados, en los últimos cinco meses se han registrado 73 delitos y 65 asesinatos en el marco de la contienda electoral; y en Entidades como Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Baja California, Jalisco, Morelos, Michoacán y Sinaloa existe riesgo para los aspirantes y peligro de que grupos criminales intenten incidir en las campañas. Veracruz es el estado con más asesinatos de candidatos durante este proceso con seis: cinco aspirantes a alcaldes y uno a regidor. Le sigue Guerrero con dos homicidios y Quintana Roo y Guanajuato suman uno, respectivamente.
EN ESE tenor, la simulación de un pacto por la democracia que este lunes firmaron Cuitláhuac García Jiménez y sus empleados, la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Isabel Inés Romero Cruz, y del Congreso del Estado, Adrián Paola Linares Capitanachi causa ternurita, sobre todo porque otros de los firmantes es quien más violencia verbal –que conduce a la criminal- induce, como es el Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, por lo que con toda razón, los partidos seguramente le repitieron al Gobernador la frase que su patrón le dijo al País hace algunos años: al diablo con sus instituciones. OPINA [email protected]
