El asesinato en Ciudad Juárez, Chihuahua, del comunicador Arturo Alba Medina, conductor de Telediario Juárez, se suma a los que suceden a lo largo y ancho del territorio nacional, sin que haya respuesta clara de las autoridades, pero también es un duro golpe al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que una vez más tiene sólo la tarea de redactar obituarios en lugar de evitar los asesinatos.
Arturo Alba Medina trabajaba en un reportaje sobre la inseguridad en el estado de Chihuahua, originado por la corrupción de los cuerpos policiacos de la entidad, deja dos hijos, uno de ellos menor de edad. Es una tragedia para una familia, un drama que no tiene reparación, pero para el Mecanismo es un número más en una cuenta que crece y que parece no importar.
Le dispararon 11 veces, esto hace suponer que no fue una sola persona quien perpetró el asesinato. Así, Chihuahua y Veracruz se convierten en los estados más peligrosos para el ejercicio del periodismo, y son considerados focos rojos en América Latina, según señala el diario español El País. Este medio informa que es el periodista número 18 asesinado en Chihuahua desde el año 2000.
Arturo Alba también era vocero del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, y había anunciado reportajes con solidez e investigación sobre la manera en que están corrompidas las corporaciones policiacas en la entidad.
La sociedad de la entidad lamenta profundamente la muerte del periodista y al mismo tiempo reconoce que en Chihuahua los comunicadores no tienen una buena relación con el gobierno, porque en diciembre del año pasado el gobernador del estado ordenó a sus guardaespaldas quitarle el celular a un reportero de La Opción que lo había retratado jugando tenis, según se denunció en la conferencia mañanera del presidente de la República. Por si fuera poco, Javier Corral calificó de “narco” al reportero de dicho medio digital.
El Fiscal General de la entidad, César Augusto Peniche, señala que es muy posible que el homicidio se deba al trabajo profesional de Arturo Alba Medina y prometió iniciar una investigación a fondo del caso.
Como ha sucedido con otros, la muerte de un periodista pareciera convertirse en un alivio para quienes no gobiernan correctamente, o simplemente son cómplices por participación u omisión de hechos que deben erradicarse. Los asesinatos de mujeres comunicadoras como Regina Martínez, en Veracruz, tiene ocho años sin que haya una investigación seria. El de Miroslava Breach, en Chihuahua, va a cumplir cuatro años y los señalados, inculpados y sospechosos no descubren al autor intelectual de tan atroz crimen.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos exigió a las autoridades investigar el asesinato de Arturo Alba Medina, y aseguró que el Estado Mexicano tiene la “obligación de garantizar el ejercicio periodístico de los comunicadores en un ambiente de confianza y seguridad”.
Desde que las muertes de los periodistas se repiten a lo largo y ancho del país, lo primero que hacían las autoridades era criminalizar a las víctimas. Es decir, además de que fueron asesinados por la falta de seguridad se les calificaba, sin investigación de por medio, de delincuentes.
La familia de las víctimas tenía un doble castigo, muchas veces proveniente del propio gobierno, porque luego de cargar con la pena de la muerte, la familia del sacrificado debía soportar el calificativo de ser parte de la delincuencia organizada.
Esta tendencia a sacudirse la responsabilidad, desde antes de que haya alguna investigación, deja mucho que desear y se trata de un factor que nunca ha tomado en cuenta el Mecanismo ni instancia alguna del poder en ninguno de sus tres niveles de gobierno.
Los gobiernos de México, el Estado Mexicano, los gobernantes y los funcionarios públicos tienen una cuenta pendiente con los periodistas que no han podido saldar. Desde luego que entre ellos hay quienes hacen montajes y fabrican noticias, pero los que están en la calle, los que en realidad trabajan de frente con la realidad, merecen el respeto de todos los poderes y de la población.
Esperemos que el asesinato del periodista Arturo Alba Medina sea el último, que se investigue y se castigue de manera ejemplar, que se hagan más rigurosas las sentencias por atentar contra los comunicadores y que el Mecanismo se ponga a trabajar. PEGA Y CORRE. – El nombre de la ONU se ha desgastado en varios frentes, hay asociaciones que se montan en la organización y lucran, pero ahora hasta los policías que cuidan a los manifestantes de FRENAA en el zócalo se dicen miembros de la ONU, observadores y protectores de los derechos humanos. Es hora de que la organización internacional actúe al respecto… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
