El martes 30 de noviembre del 2010 al filo del mediodía, el gobernador Fidel Herrera Beltrán salió de su oficina rumbo al parque Juárez a bolearse los zapatos. Lo seguían aproximadamente una docena de empresarios (de más de ciento cincuenta) a los que su gobierno adeudaba varios millones de pesos. Los empresarios esperaron a prudente distancia a que el gobernador terminara de chacualear con los reporteros y el bolero hiciera su trabajo. Luego se los cuenteó.
“Aguanten señores, mi mandato termina hasta las 12 de la noche. Ustedes tranquilos, en un par de horas a más tardar tendrán su dinero. No me iré sin finiquitarles, los cheques se están haciendo, todo es cuestión de tantita paciencia”. Los empresarios respiraron aliviados, Fidel bromeó con ellos, les contó un par de chascarrillos, les palmeó la espalda, se despidió de cada uno con un apretón de manos y… no lo volvieron a ver.
Ese martes 30 de noviembre de hace casi diez años, comenzó el viacrucis para los empresarios veracruzanos a los que Fidel dejó colgados de la brocha con un adeudo bárbaro. Su sucesor, Javier Duarte de Ochoa prometió pagarles, pero les pidió esperar “un tiempo razonable en lo que hago el corte de caja”.
Duarte les pagó una pichicatería y les ofreció más trabajo, pero se fue atrasando en los pagos y el adeudo creció a 700 millones de pesos. Los empresarios comenzaron a ahogarse y lo fueron a ver, tenían deudas con sus proveedores y con los bancos. “Ayúdenos señor gobernador, nuestras necesidades son apremiantes”. “Ustedes aguanten” fue la contestación.
Y los empresarios aguantaron hasta que ya no pudieron. Algunos vendieron su maquinaria para pagar adeudos y sueldos, otros cerraron por quiebra cuando Duarte les cerró la puerta de su despacho y ya no los quiso recibir.
Miguel Ángel Yunes Linares de plano dijo que no pagaría porque no era adeudo de su administración sino de las anteriores y se las cumplió. Meses después, presionado por los afectados y la opinión pública, dijo que les pagaría, pero tendrían que justificar con papelito en mano cada tuerca que hubieran vendido al gobierno estatal. Los empresarios cumplieron y ni así les pagó.
Ya para entonces habían quebrado más empresas y algunos empresarios habían fallecido.
Con la 4T llegó el cambio, pero no para los hombres y mujeres de empresa que parecían aboneros recorriendo con sus facturas los pasillos de la Secretaría de Finanzas, la Tesorería y el Palacio de Gobierno.
Un día el gobernador Cuitláhuac García se levantó magnánimo y dijo que al fin les pagaría. Pero fue más la alharaca porque les abonó cinco millones de pesos y eso fue todo.
Cuando todo parecía perdido, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la recomendación 155/2020 remitida al titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, en la que lo emplaza a que en un término de 15 días hábiles acepte la recomendación y tome acciones para reparar el daño. Es decir, la CEDH está emplazando a la Sefiplan a que les pague a los empresarios.
“Se instruye a la Secretaría de Finanzas y Planeación a revisar y en su caso validar los presuntos adeudos de la Administración 2010-2016 –sexenio de Javier Duarte-, a cargo de distintas dependencias y Entidades de la Administración Pública con proveedores y contratistas”.
Pero además, la CEDH le está poniendo una oportunidad en bandeja de oro al gobierno de Cuitláhuac para que se vista de héroe, y aparte de pagar a los empresarios que ahora son oficialmente “víctimas”, inicie procedimientos administrativos en contra de los servidores públicos que resulten responsables. Obviamente todos ellos de las administraciones Duarte – Yunes Linares.
Con eso, la 4T estaría anotándose un punto a su favor y mira que buena falta que le hace, lector.
¿Y el adeudo del gobierno de Fidel?
Ese ya se perdió, pero de lo perdido lo que aparezca.
