Un elemento central para que la relación entre gobernantes y gobernados transite sin mayores sobresaltos en cualquier nación que se precie de ser democrática es la confianza en la aplicación de la ley. Sin embargo, en México su plena vigencia y el funcionamiento de un sistema judicial justo, predecible y confiable, sigue siendo aún una aspiración constitucional y demanda cotidiana de la población.
Ante ese grave déficit de nuestra vida democrática, la pertinencia de avanzar en la reforma al Poder Judicial está fuera de toda duda. Por lo general al Judicial se le sigue considerando un espacio aparte, en el que a sus miembros se les ve ocupados sólo en conservar inmensos privilegios salariales y exorbitantes prestaciones que no se otorgan al común de los trabajadores mortales. Y ello a pesar de que en la nueva relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo y entre estos y los órdenes de gobierno se reclama la constante intervención de la Suprema Corte de Justicia en la resolución de conflictos.
La genuina transformación México, no la del discurso auto celebratorio de la llamada Cuarta Transformación, supone como requisito indispensable la existencia de equilibrio entre poderes, de un Poder Judicial independiente, sometido únicamente al imperio de la ley.
No obstante, lo acontecido este pasado jueves en el Senado de la República, nos indica lo contrario.
En una polémica votación, denunciada como “albazo” e incluso como un “golpe de estado”, Morena y aliados, el grupo mayoritario en la Cámara Alta, impulsó un apartado en la reforma secundaria al Poder Judicial para ampliar el mandato del ministro Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de cuatro años a seis años.
El Senado aprobó en lo general y en lo específico las modificaciones a las leyes secundarias del Poder Judicial, para completar la reforma más ambiciosa en los últimos 25 años, con lo que buscan principalmente el combate al nepotismo, la corrupción y el acoso y abuso sexuales. Con 92 votos a favor, 19 en contra y dos abstenciones, se aprobó en lo general y los artículos no reservados de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, parte de las leyes secundarias de la Reforma Judicial.
Sin embargo, en la discusión en lo específico, Morena agregó subrepticiamente un artículo transitorio para ampliar la presidencia del ministro Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que provocó polémica, acusaciones e incluso cruce de insultos entre los legisladores en el Pleno de la Cámara Alta.
El artículo transitorio argumenta que la ampliación de los mandatos es con el fin de implementar la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación de 11 de marzo de 2021 y las leyes reglamentarias, de acuerdo con el documento que la oposición denunció que no fue compartido con ellos hasta el final de la votación.
Con esta prórroga el actual presidente de la Corte concluiría su periodo a la par que el del presidente López Obrador, quien en su conferencia mañanera defendió, como es lógico, la prórroga.
Sin embargo, dado lo polémico y escandaloso del tema que insertaron los senadores de Morena y sus aliados en la reforma, el propio Consejo de la Judicatura Federal se deslindó de la ampliación de mandato para su presidente, Arturo Zaldívar, y sostuvo que el artículo transitorio “no solo no fue elaborado por el equipo redactor de las propuestas originales, sino tampoco fue solicitado por el Poder Judicial Federal”.
Como era previsible diversas senadoras y senadores consideraron como un acto inconstitucional la aprobación del artículo transitorio que amplía el cargo del ministro presidente de la SCJN. Opinión en la que coinciden expertos y destacados juristas.
José Ramón Cossío, exministro de la Suprema Corte de la Nación entre 2003 y 2018, calificó la ampliación del periodo de Zaldívar como un acto de “reelección”, al citar una parte del artículo 97 de la Constitución, el cual refiere que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior. Diego Valadez, también exministro de la Suprema Corte, sostuvo que el periodo del ministro presidente es “improrrogable” y fue más allá al acusar que la ampliación del periodo del presidente denota una falta de respeto por la Constitución y es un acto de ignorancia y un “llamativo descuido” en el proceso legislativo.
Emilio Álvarez Icaza, senador y exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mencionó que el presidente de la Corte “debe de rechazar” la ampliación de su periodo y “rechazar el Golpe de Estado de los senadores de Morena”
La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación no puede modificar la Constitución, coinciden los expertos y esperan que en la Cámara de Diputados será corregido este artículo transitorio y, en todo caso, si el caso llegara a la propia SCJN deberá ser rechazado por unanimidad por ser inconstitucional.
Argumentar, como lo hicieron las bancadas aliadas a Morena en el Senado, que la pandemia ralentizó el trabajo de la SJCN y por ello hay que darle un “tiempo de compensación” a su presidente es jugar con la Constitución de manera muy irresponsable.
Lo menos que se ha dicho es que con la ampliación del periodo del presidente de la Suprema Corte prosigue el proceso de concentración de poder y de sometimiento de los poderes al Ejecutivo Federal. Morena puso innecesariamente al presidente de la SCJN en el ojo del huracán.
Bajo esa lógica, con la mano en la cintura, y si conservan la mayoría de la Cámara de Diputados tras las elecciones del 6 de junio, pueden plantear exactamente lo mismo en el caso del mandato del presidente de la república: que hay que darle también tiempo extra para que complete la Cuarta Transformación.
El propósito de un retorno al pasado, a tiempo del presidencialismo sin controles ni contrapesos, no descansa ni en tiempos de pandemia.
