Héctor Yunes Landa
Articulista Invitado
Si usted, como cualquier mexicano interesado en la vida pública, desea conocer el contenido de los supuestos contratos que firmó México con las distintas farmacéuticas del mundo, las muertes por Covid-19, los convenios para la construcción de obras como el aeropuerto de Santa Lucía o el Tren Maya, los contratos de Pemex y la CFE, el proceso de venta del avión presidencial y hasta la razón por la que se liberó a Ovidio Guzmán, deberá esperar a que concluya este gobierno. Con la reserva de toda esa información, la corrupción de la 4T estará a salvo por los próximos cinco años.
Hace unas semanas, el Presidente ofreció “no reservar nada, que todo sea transparente. A lo mejor algunas cuestiones en particular que tienen que ver con la seguridad del Estado, pero tienen que justificarse muy bien y que todo lo demás sea transparente, que no exista reserva”. En realidad, el embuste no tiene otro propósito que promover la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).
El gobierno “más transparente de la historia” es el que ha hecho más reservas de información. Son más de 8 mil asuntos –la mayoría de ellos que no tienen que ver con la seguridad del Estado- los que se han puesto en la caja fuerte de la opacidad. Según datos del INAI, en 2019 se emitieron 3 mil 989 respuestas negativas a solicitudes de información bajo el argumento que se trataba de información reservada o confidencial; el año pasado sumaron otras 3 mil 703 negativas como información clasificada.
En su afán de transparencia, el gobierno de la 4T ha puesto bajo siete llaves toda la información que nos permitiría entender la dimensión de la pandemia, el fracaso absoluto en la obtención de vacunas y el plan para inmunizar a 131.5 millones de mexicanos, los que, de acuerdo al INEGI, poblaremos el país en marzo del 2022.
Hasta el 2025 podremos conocer el contenido de los supuestos contratos firmados entre el gobierno de México y Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-Oxford y CanSino referentes a las vacunas contra Covid-19 que se han clasificado como información confidencial.
Hasta ahora, tampoco se han hecho públicos los términos del acuerdo con el gobierno ruso para la adquisición de la vacuna SputnikV; en su convalecencia por el supuesto contagio de Covid-19, el Presidente aseguró que la semana anterior recibiríamos el primer lote de 870 mil dosis de las 24 millones prometidas, de las cuales no ha llegado ninguna, salvo que también haya reservado la información.
El gobierno también ha reservado al menos por un año los datos estadísticos contenidos en los certificados de defunción durante 2020, como edad, lugar de defunción, causa de la muerte, entre otros, que todos los hospitales y unidades médicas del país deben entregar, de acuerdo con lineamientos del Subsistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (SEED). Esta información confirmaría que los 164 mil 290 fallecimientos a causa del Covid-19 reconocidos oficialmente por el gobierno podrían llegar al medio millón de decesos.
Pero la salud no es el único refugio de la opacidad. En febrero de 2020, el Comité de Transparencia de Banobras confirmó la reserva por 5 años para el documento “Informe de Evaluación llamado a Licitación (ITB, por sus siglas en inglés) compra de Boeing 787-8 Dreamliner”, luego de que el gobierno afirmara que existían “potenciales compradores” del avión presidencial y que buscaría apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios Para Proyectos para lograr su venta.
Diversos medios de comunicación han difundido otros casos que el gobierno ha reservado. Por ejemplo, el 25 de septiembre de 2020, el Comité de Transparencia de Fonatur confirmó una reserva de 5 años respecto de todos los estudios originales que realizó la empresa Steer Davies & Gleave México para el Fonatur respecto al Tren Maya, que incluyen datos sobre el programa maestro de la obra, la pre selección de su trazo, y estimación de oferta y demanda.
Pero también se ha reservado información de tragedias como la explosión de un ducto en Tlahuelilpan y las investigaciones sobre el caso de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Pemex reservó por cinco años todos los expedientes, bitácoras, fotos o videos que tuviera sobre la explosión en esa localidad de Hidalgo, justificando que podrían ser útiles al crimen organizado para continuar con esta actividad. Lo cierto es que durante este gobierno, el huachicol ha tenido un incremento en 24 estados del país y se han detectado 26 mil nuevas tomas clandestinas.
Por su parte, la FGR también clasificó como información reservada y confidencial los avances que durante el actual gobierno ha integrado a la averiguación previa abierta por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, a pesar de que esta investigación ya había sido desclasificada desde el 2015, por orden del INAI.
Si el Presidente quiere demostrar que el INAI no es necesario, debe desclasificar toda esta información y entregarla en un plazo de 72 horas como ha ofrecido. De lo contrario, los mexicanos sólo tendremos los “otros datos” de las conferencias mañaneras en las que ya se han dicho más de 40 mil mentiras comprobadas.
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