*AMLO desea nombres de aspirantes opositores y truncarlos
*Pueblo bueno esta “maiceado” y no contradice al presidente
“DUEÑO” DE los instrumentos de persecución y represión del Estado como son la Fiscalía General de la República, las fiscalías de los gobiernos Estatales gobernados por MoReNa, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. el presidente Andrés Manuel López Obrador conmina a la oposición a empezar a definir quién será su candidato a la Presidencia en el 2024 porque, dice, hay como 38 aspirantes para que dejen de hacer el ridículo, aunque la realidad es otra: para el Estado mexicano, bajo el control de AMLO, sería más complicado y obvio coaccionar, amedrentar o hasta perseguir a 38 o 40 suspirantes, que hacerlo con dos o tres para descarrilarlos antes de que se consoliden, y los ejemplos se viven en aquellas Entidades donde sobresalen aspirantes a los distintos Gobiernos abanderados por la oposición, a los que, ipso facto les investigan hasta si son hijos naturales o legítimos, si reprobaron en la primaria, secundaria, bachillerato o carrera, si tienen algún tropiezo en su vida privada, que cargos han ejercido a lo largos de sus vidas, si soy gay o y si están ligados a hechos de corrupción, que para esos están las cédulas que aglutina la Secretaría de la Defensa Nacional, vía programas de espionaje ocultos, aunque el Presidente en turno dice que son trabajos de “inteligencia”, pero por fortuna ya fueron desenmascarados por el grupo de hacker Huacamaya, colocando en su real dimensión lo que ocurre en un País cuyos Gobiernos, aun los más honestos, como se autodefine el de AMLO, espían y persiguen a los adversarios, y vaya usted a saber qué otras cosas que no se saben o no se revelan, con eso de que solo se dicen verdades a medias en las mañaneras como el ocultamiento de la inseguridad.
BASTA SABER que la violencia contra autoridades constituidas ha cobrado la vida de casi un centenar de alcaldes entre 2000 y 2022, y que Conrado Mendoza Almeda, presidente municipal de San Miguel Totolapan, Guerrero asesinado el miércoles pasado se convirtió en la víctima número 94 desde el gobierno de Vicente Fox, y la número 18 del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Los números son de la consultoría Etellekt, y corresponden a los últimos 22 años en México donde han sido asesinados 226 autoridades municipales: 94 alcaldes, 100 regidores y 32 síndicos. De esas 226 víctimas, 60 (26 por ciento) fueron acribilladas en el gobierno del presidente López Obrador, y el más reciente homicidio de una autoridad municipal se registró en Tierra Caliente, Guerrero, estado gobernado por la morenista Evelyn Salgado. Pero eso son alcaldes, ya que en México se mata, también, a diputados locales, Federales y autoridades administrativas, así como empresarios, clérigos, mujeres y jóvenes.
PERO AMLO quiere ya los nombres de quienes serán candidatos –acaso la terna- de la coalición de oposición a la Presidencia, sin menoscabo del riesgo que representa para políticos de oposición sacar la testa anticipadamente debido a los grupos delincuenciales que podrían acercárseles, a los que el Gobierno de AMLO no combate, por el contrario, sigue brindándoles abrazos y no balazos, y todo el respeto que se merecen “porque también son seres humanos”, aunque al momento de levantar, asesinar o, incluso, descuartizar a sus rivales no lo parezcan. Por ello, ante la inminente presentación de una nueva organización auspiciada por Claudio X González (a quien odia con odio jarocho y tabasqueño) asume que el triunfo de la reacción es moralmente imposible y señala: “¡Imagínense lo que gastan, el dinero que les cuesta la guerra sucia. La calumnia como práctica política, de todos los días!”. Pero al Presidente no le interesa lo que gastan sino, quienes son los más avezados prospectos para irles armando la estrategia para atajarles el paso.
EN VERACRUZ por ejemplo, al aspirante natural del PAN a la Gubernatura, Julen Rementería del Puerto ya le buscan hasta por debajo de la almohada, pues de acuerdo a una supuesta denuncia presentada por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado, lo acusan de tres probables delitos: ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad e incumplimiento del deber legal, todo como parte de la ejecución de obras públicas en el periodo del Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, donde Julen fungió como Secretario de Infraestructura y Obras Públicas. De esa manera, con deficiencias técnicas y manipulación documental, lo involucran en varios hechos que tal vez no le cuesten la libertad, pero si un ataque contundente a su persona y credibilidad para debilitarlo y acaso hacerlo desistir, siendo asustado con el petate del muerto. Por ello les urge que los que van a ser candidatos de oposición saquen la testa para de una vez por todas irles preparando el recibimiento que se merecen, y si no que lo diga Alejandro Moreno Cárdenas a quien sacaron sus trapitos al sol, y manso como un cordero, el dirigente nacional del PRI y legislador Federal cedió a todos los caprichos del poder cuando el fuego amenazaba llegarle a los aparejos.
DICE EL Orfis en torno a Julen que en los trabajos de auditoría al ejercicio fiscal del 2018 encontraron graves anomalías en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, lo que derivó en denuncias penales por un presunto daño patrimonial por 6 millones y medio de pesos que involucran a nueve ex funcionarios públicos que van desde Yolanda Baizabal Silva y Julen Rementeria del Puerto, hasta subsecretarios y directores, por lo que los ex funcionarios del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares deberán responder por la ejecución de obras de mala calidad que presentan deficiencias técnicas constructivas. Además, deberán explicar por qué no se hizo válida la garantía de vicios ocultos, así como la manipulación de evidencia documental del proceso constructivo de la obra y de la justificación del ejercicio de recursos públicos para la ejecución de la misma.
INSISTIMOS, PODRIA o no haber delitos que perseguir, pero en política, como bien se sabe, daña más el escándalo que el ilícito, salvo que se trate de Andrés Manuel López Obrador a quien ni mella le hace el libro El Rey del Cash donde se habla de presuntos mecanismos irregulares del financiamiento de su organización. Al respecto, López Obrador seguro de que con migajas calla el pico al pueblo, dice que “no tiene caso estar respondiendo si no tienen ninguna prueba. Es un acto de libertad aún sin pruebas y de deshonestidad intelectual. Entre otras cosas, pero así es esto y van a seguir porque no les ha resultado nada”. En pocas palabras, dice que se apuesta a la calumnia, aunque a diferencia de otros sexenios, esta vez el pueblo bueno se encuentra bien maiceado, y hasta podrían asesinarle a un familiar pero si no les quitan la mesada no pasa nada. Así de simple. OPINA [email protected]
