*Urge ordenamiento territorial y reacomodo de familias
*Pérdidas incalculables por derrumbes e inundaciones
NADIE QUIERE echarse el trompo a la uña, pero en México fenómenos como sismos, erupciones volcánicas, huracanes, inundaciones, explosiones e incendios forestales, entre otros, provocan grandes impactos en la población, sobre todo en la que menos tiene, ya que esos desastres se han convertido en un tema cotidiano. La diversidad de eventos a los que ha estado sometida la población en gran parte del territorio mexicano, así como la posibilidad real de que esa tendencia se agudice en los próximos años debido al Cambio Climático Global y al deterioro ambiental existente en el País, es motivo de preocupación por parte de diversos sectores sociales y gubernamentales, y se ha comenzado a perfilar como una exigencia en las políticas de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano-regional, así como en aquellas de carácter ambiental, económico y social. Los cierto es que los fenómenos provocan anualmente miles de millones de pesos en pérdida, y este año no ha sido la excepción debido a los efectos provocados por el Huracán Grace que dejó como saldo varios muertos en Xalapa y en otras partes del Estado y el País; los 14 derechohabientes fallecidos que se encontraban internados en el Hospital General número 5 del IMSS tras la inundación en Tula, Hidalgo que, paralelamente dejó a decenas de familias sin hogar al ser arrasados por las enfurecidas corrientes; el desbordamiento del canal de aguas negras en Ecatepec, Estado de México que arrastró autos y anegó viviendas al inundarse calles y vialidades que se convirtieron en verdaderos ríos debido a las intensas lluvias; los efectos del Huracán Olaf en Baja California; el sismo que afectó varias inmuebles y familias en Guerrero y, para variar, el desgajamiento del Cerro del Chiquihuite en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México cuyas voluminosas piedras arrasaron con el patrimonio de decenas de familias, y eso que la temporada de huracanes apenas va a la mitad.
Y TODO esto sigue ocurriendo pese a las dramáticas experiencias dejadas por desastres de gran magnitud ocurridos en las últimas décadas, los cuales han marcado a muchas ciudades y regiones del País de por vida, con importantes implicaciones sobre la población, la infraestructura y los sectores económicos. Aun se recuerdan los efectos de los sismos de 1985; las explosiones de San Juan Ixhuatepec (San Juanico) en 1984 y en los drenajes de Guadalajara en 1992; el impacto de los huracanes Gilberto (1988), Gert (1993), Roxana (1993),Opal (1995), Paulina (1997), Stan (2005), Wilma (2005) y otros más recientes sobre ciudades de Quintana Roo, Guerrero, Campeche, Chiapas, Veracruz, Tamaulipas e, incluso, Nuevo León; así como los desastres en Tabasco, entre otros que han puesto en evidencia la alta vulnerabilidad de la población mexicana y sus estructuras frente a amenazas de origen natural y antrópico pero, sobre todo para aquellas personas que habitan las riberas de los caudalosos afluentes o viven en zonas de montaña ganando espacios a los cerros que, más temprano que tarde terminarán por desgajarse provocando severas desgracias como ocurrió recientemente en Xalapa y otras partes de la Entidad y el País.
POR ELLO urge un reordenamiento de viviendas en zonas de alto riesgo aun contra la voluntad de quienes las habitan, para evitar mayores pérdidas materiales pero, sobre todo humanas. Y es que en México existen entre 6.7 y 7.5 millones de terrenos irregulares con viviendas que multiplicados por cuatro o cinco deja ver la magnitud de las personas que allí viven, y muchos de esos están en zonas de alto riesgo, como sucedió con el Cerro del Chiquihuite en Tlalnepantla, Estado de México, ya que cada año alrededor de 100 mil familias de escasos recursos se ven obligadas a adquirir vivienda en ese tipo de áreas, espacios que venden líderes venales venden con afanes de lucro y quienes deberían estar en prisión, ya que incurren en franca especulación al ser encarecidos espacios en zonas urbanas consolidadas.
Y ES que las pérdidas de vidas humanas y del patrimonio productivo del País por los desastres naturales han sido significativos y, lo peor es que ahora no existe el Fonden. Tan sólo en los terremotos de 1985 se perdieron más de 10 mil vidas y el costo económico de sus efectos fueron equivalentes a poco más del 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional para ese año. En forma paralela lo factores de riesgo se agudizan, ya que en la actualidad el territorio nacional vive momentos de profundas transformaciones expresadas en el agravamiento de carencias acumuladas que se están convirtiendo rápidamente en factores de nuevos y mayores riesgos. Se han creado nuevos polos y regiones de crecimiento, y existe una mayor participación de algunas ciudades y estados en la conducción de su desarrollo y un mejor aprovechamiento de los vínculos globales, pero a la par de esos efectos positivos persisten las carencias históricas en las zonas rurales y en las localidades aisladas que, hoy en día se acompañan de un aumento de la marginación y la pobreza en zonas urbanas; las desigualdades entre ciudades y localidades cada vez se acentúan más y lo mismo puede decirse de las desigualdades entre las Entidades del País. Así, el crecimiento urbano continúa siendo predominantemente irregular con consecuencias negativas sobre el medio ambiente y la ocupación de zonas alto riesgo si no se imponen acciones serias e, incluso, drásticas.
CONJUNTAMENTE SE hace necesaria una mayor intervención de los órganos de los tres niveles de gobierno en el diseño e implementación de políticas orientadas a la reducción del riesgo. Tales políticas implican importantes esfuerzos de coordinación, la inversión de recursos (que AMLO se niega a realizar culpando de todo al pasado), el trabajo interinstitucional y una mayor vinculación entre los gobiernos y las poblaciones vulnerables, todo ello con el fin de definir estrategias y establecer prioridades para reducir el riesgo existente, así como también para evitar que nuevas inversiones y proyectos de desarrollo generen más y nuevas vulnerabilidades. En ese marco, si es necesario reacomodar a los veracruzanos que habitan zonas de alto riesgo en las reservas territoriales que poseen los municipios, debe hacerse a la de ya, facilitando créditos a las familias para que construyan nuevos fraccionamientos, e incluso los propios Gobiernos deberían usar recursos incautados a la delincuencia organizada en esos afanes, esto con la finalidad de contribuir a reducir el riesgo de desastre y la vulnerabilidad de la población expuesta a los fenómenos naturales. Ojala se hiciera. OPINA [email protected]
