Por: Francisco Berlín Valenzuela*
Segunda Parte
Muy lejos estaba yo en el año de 1989 al escribir mi aportación académica al mencionado Diccionario Electoral, de la forma en que serían pervertidas y desnaturalizadas las importantes reformas sobre el financiamiento de los partidos políticos, pues a la distancia de 21 años de su adopción constitucional, la ciudadanía mexicana ha contemplado con tristeza como los partidos políticos se han venido convirtiendo en los únicos beneficiarios de la actividad política, propiciando la creación de un mayor número de ellos, convertidos en ocasiones en empresas familiares, otorgando prebendas y privilegios a personalidades políticas para que sigan viviendo del presupuesto público.
En este orden de ideas, los propósitos teóricos del financiamiento público de los partidos, contrastan considerablemente con la realidad de su ejercicio, frustrando las buenas intenciones de los propiciadores de esta medida, -entre los cuales me encuentro-, por la distorsión de que ha sido objeto y el mal uso que se ha hecho del apoyo económico estatal para la actividad política electoral de los partidos, los cuales no se han conformado con el dinero oficial que se les otorga, pues en la práctica siguen recibiendo financiamiento de importantes grupos empresariales, de funcionarios públicos interesados en mantenerse en el poder, así como de organizaciones poseedoras de una gran influencia económica, asociaciones de origen extranjero y de personas y grupos que actúan al margen de la ley.
A la sociedad mexicana consta que el financiamiento público a los partidos políticos, ha hecho surgir una verdadera élite de la actividad económica que so pretexto de evitar influencias negativas en sus labores partidarias, viven espléndidamente, creando al mismo tiempo una minoría selecta de funcionarios con muy elevados sueldos, lucrando con los cargos desempeñados en la administración y la actividad jurisdiccional de los procesos electorales.
Con acierto el abogado Octavio Ruíz Martínez sostiene en su editorial en comento que “la disposición excesiva de recursos presupuestales por los partidos han devenido en que estos sean ahora loterías sobreexplotadas por líderes nefastos y venales, que corrompen a las comunidades de electores, mientras a la vez mantienen el interés partidista por encima del beneficio para la población….-agregando- que la insultante cantidad de dinero aplicado a las campañas genera también corrupción, dispendio y el sostenimiento de una economía electoral que beneficia a unos cuantos, en detrimento de la mayoría”.
De acuerdo con los datos que nos aporta en su comentario editorial, citando al distinguido politólogo Luis Carlos Ugalde -quien mucho sabe de este asunto-, según la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES), el promedio del financiamiento público en México fue 18 veces superior al de los países de América Latina en el periodo 2001-2004. La Organización de Estados Americanos (OEA) muestra que México tuvo el monto más elevado de subsidio directo a partidos y campañas en América Latina en el periodo 2005-2011 y que ocupa el cuarto lugar respecto al monto por votante. Aporta a continuación un dato muy relevante que los mexicanos deben de conocer y valorar en el sentido de que el subsidio directo por votante entre 25 democracias del mundo ubica a México en el quinto lugar en el periodo 1995-2005.
Nos preguntamos al conocer estos importantes datos, ¿cómo es posible que nuestro país siga manteniendo disposiciones constitucionales y legales que son un insulto para la población mexicana que vive en un gran porcentaje en pobreza extrema? ¿A qué grado llega la insensibilidad de los funcionarios del Instituto Nacional Electoral y de los dirigentes de los partidos políticos que quieren un presupuesto de 25 MIL MILLONES DE PESOS para financiar la actividad electoral del próximo año? ¿Qué acaso su Consejo General y su Presidente, -que son beneficiarios también por los elevados sueldos y compensaciones que cobran-, no se han dado cuenta de las difíciles condiciones económicas que está atravesando el pueblo de México?
No cabe duda que es urgente adoptar medidas que remedien este incomprensible e injustificado estado de cosas, para encausar al país por el sendero de la justicia social y propiciar un mayor equilibrio económico en la sociedad mexicana.
Las respuestas a las interrogantes que este asunto plantea, tienen que producirse con un alto sentido de responsabilidad y de acuerdo a la triste realidad y condiciones por las que está atravesando el país.
Tenemos que partir de la base de que el financiamiento de los partidos políticos no ha sido una solución a los problemas de la autonomía e independencia de los mismos. Que no se han cumplido los propósitos de las reformas sobre el particular y que han generado en la población una gran animadversión a esta práctica política.
Para cualquier observador de la realidad política electoral mexicana, son patentes las siguientes patologías, que desgraciadamente siguen subsistiendo:
- Que el financiamiento de los partidos políticos, ha empobrecido su militancia política, pues al tener resuelto su problema económico con el apoyo oficial, sus líderes ya no se preocupan por incrementar el número de sus miembros, ni llevar a cabo acciones lícitas que incrementen su patrimonio.
- Que siguen existiendo ingresos de dudosa procedencia, tanto de personas como de grupos, con lo cual el financiamiento público no sirvió para erradicar esta práctica nociva y frecuente.
- Que el dinero proveniente del erario público no siempre se utiliza para financiar las campañas de los candidatos, pues es sabido que en muchas ocasiones sus líderes lo manejan a discreción, obligando a estos a pagarse sus propias promociones electorales.
- Que las candidaturas no se ofrecen a la militancia, miembros y partidarios, sino a personas que tienen mucha capacidad económica para poder pagar por ellas y costear sus propias campañas.
- Que los periodos de precampañas y campañas no resultan claros para la ciudadanía y los precandidatos y candidatos, por las confusiones que se crean al respecto.
- Que sigue existiendo corrupción en los dirigentes y candidatos que aceptan el financiamiento de dinero sucio, en ocasiones con graves consecuencias para su integridad personal.
- Que los altos sueldos de los encargados de la administración e impartición de justicia electoral han creado una numerosa élite, distanciada de los ciudadanos, quienes advierten que sus emolumentos no van de acuerdo a las difíciles condiciones económicas de las mayorías.
- Que se ha creado una amplia burocracia en el seno de los partidos, que se niega a prácticas democráticas para la elección de sus dirigentes y candidatos que han hecho su modo de vida de la bien recompensada actividad partidista.
- Que los partidos políticos no han logrado la confianza de la ciudadanía y del pueblo de México en general en la limpieza y pulcritud de los procesos electorales, ya que cada vez es más patente el incremento del abstencionismo y la pérdida del interés por acudir a las urnas.
- Que el abuso de la propaganda electoral en calles, espectaculares y spots en radio y televisión, saturan y contaminan el ambiente de nuestras ciudades, produciendo un efecto adverso en los electores que acaban repudiando los mensajes radiofónicos y televisivos de los partidos por lo insustancial de sus mensajes.
- Finalmente, que esta práctica del financiamiento a los partidos políticos, de ninguna manera ha contribuido a elevar y mejorar la calidad de la democracia mexicana, que ha sido puesta en entredicho por numerosos académicos y estudiosos de los fenómenos políticos que han advertido de las múltiples falacias existentes en nuestras instituciones.
Estas son tan solo algunas consideraciones sobre esta fallida práctica del financiamiento público a los partidos en México.
A todo lo anterior, es de señalarse el egoísmo y defensa de intereses personales de algunos funcionarios electorales y dirigentes de partidos, que integrados en un frente común se manifestaron dispuestos -en un primer momento- a conservar sus privilegios y canonjías económicas, negándose a cooperar con las víctimas y damnificados de las catástrofes producidas por la fuerza de la naturaleza con motivo de los huracanes y terremotos que tuvieron lugar en diferentes regiones del país.
Así, fue pública la negativa de dirigentes de partidos y miembros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, de negarse a renunciar a parte de los recursos anuales y prerrogativas de sus gastos de campaña para el próximo proceso electoral de 2018, a fin de canalizarlos para remediar, en parte, las enormes pérdidas humanas y materiales de las víctimas de estas desgracias acontecidas en los últimos dos meses. Muchas voces interesadas se manifestaron argumentando que no era posible cooperar con recursos del financiamiento a los partidos, porque la ley no lo permitía, escudando sus verdaderas intenciones de evitar que fueran disminuidos los presupuestos aprobados.
Haciendo caso omiso de la emergencia en que México se encuentra por los efectos de la naturaleza, así como por las malas condiciones de nuestra economía, la clase política por ellos representada se enconchó en sus propios intereses y trató de defender sus privilegios, sin tomar en consideración que lo más importante por el momento es auxiliar a los numerosos damnificados en varias regiones del país y reconstruir los inmuebles afectados.
Afortunadamente, algunas voces manifestaron su desacuerdo con esta postura, haciendo ver que si era posible reasignar los recursos que se otorgan a los partidos a partir de consideraciones jurídicas, así leímos con agrado la opinión del Doctor en Derecho José Roldán Xopa, afirmando que si era posible destinar a la reconstrucción el financiamiento partidista, tomando en consideración que este “es una prerrogativa, es decir un privilegio económico. Es posible renunciar a un privilegio. Mucho más cuando se está ante buenas razones: la reconstrucción es una necesidad extraordinaria que bien lo justifica”.
Para el Maestro Roldán “si los partidos pueden decidir no gastarlo, también pueden decidir no recibirlo”, argumentando a continuación con un claro sentido jurídico que el financiamiento público no puede ser considerado como un derecho patrimonial sino como una prerrogativa económica, y como tal “se está ante una expectativa renunciable, en todo o en parte por los partidos políticos, la prerrogativa al financiamiento público no es ni siquiera un derecho patrimonial, es decir, de una expectativa sobre el que pueda reclamarse un derecho de propiedad. Se trata de una posibilidad de gasto. Aquello que no se gaste no forma parte del patrimonio del partido, en cambio, tiene que ser devuelto a la tesorería”.
Desde mi punto de vista, los partidos políticos no pueden negarse a que se trasladen parte de estos recursos para contribuir a remediar los males causados. De ahí que parecen ser muy mezquinas las declaraciones de algunos dirigentes políticos, que queriendo congraciarse con la opinión pública, se manifiestan “generosamente” dispuestos a entregar sólo el 25% de su presupuesto anual, haciendo caso omiso de los gastos que se les otorgan para las campañas políticas. Algunos otros queriendo verse más magnánimos, elevan el porcentaje para ofrecer un 50 y hasta el 100% del financiamiento que se les asigna.
Pienso que el asunto de la renuncia a recibir las prerrogativas y reasignarlas a los damnificados, no es un asunto de subasta, en la que los partidos puedan determinar el porcentaje que están dispuestos a ofertar. TAL VEZ HA LLEGADO EL MOMENTO DE REFLEXIONAR SERIAMENTE, PENSANDO EN MÉXICO Y EN EL FUTURO DE LAS NUEVAS GENERACIONES, QUE DEBE ELIMINARSE DE NUESTRO SISTEMA POLÍTICO ESTA PRÁCTICA VICIOSA QUE EL PUEBLO HA VENIDO CENSURANDO, responsabilizando a estas organizaciones para que busquen nuevas formas de financiamiento de sus actividades, sin seguir comprometiendo al Estado mexicano con los enormes gastos fiscales sin compensación, que por conveniencia propia los partidos legislaron para que les fueran otorgados, sin mirar los efectos secundarios que acabarían afectando y estancando el progreso de la nación.
Como siempre los ciudadanos tendrán la última palabra.
*Analista político. Autor de libros sobre Derecho Electoral y Derecho Parlamentario. Catedrático universitario. Profesor Investigador-Emérito de “El Colegio de Veracruz”. Receptor de las Medallas “Defensor de la Libertad y Promotor del Progreso”, otorgada por el Club de Periodistas de México, A.C. y por el H. Ayuntamiento de la Ciudad de Xalapa, Ver. (2016)
