ALMA GRANDE
Más requisitos para activar la revocación de mandato en Veracruz
POR ÁNGEL ÁLVARO PEÑA
El Congreso de Veracruz aprobó una reforma constitucional que modifica las reglas para solicitar la revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo estatal, figura de participación ciudadana que permite promover la conclusión anticipada del encargo por pérdida de confianza.
La iniciativa, presentada por el diputado del PVEM Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, fue avalada con 39 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones, alcanzando la mayoría calificada necesaria para reformar la Constitución local. Ahora deberá ser enviada a los ayuntamientos para continuar con el procedimiento constitucional antes de su entrada en vigor.
De concluir ese proceso, las nuevas disposiciones aplicarían a la actual gobernadora, Rocío Nahle García, cuyo periodo constitucional inició el 1 de diciembre de 2024 y concluye el 30 de noviembre de 2030.
El cambio más relevante consiste en elevar los requisitos para que la ciudadanía pueda solicitar una revocación de mandato. La reforma establece que será necesario reunir el respaldo del 10 por ciento de la lista nominal del estado, equivalente, con base en el corte de enero de 2026, a aproximadamente 750 mil firmas.
Además, esos apoyos no podrán concentrarse en unas cuantas regiones. Las firmas deberán provenir de al menos 107 de los 212 municipios de Veracruz, es decir, la mitad más uno del territorio estatal. En cada uno de esos municipios, el respaldo deberá representar por lo menos el 3 por ciento de su respectiva lista nominal.
También cambia el calendario. El periodo para recolectar las firmas se reduce de dos meses a uno, previo a la conclusión del tercer año de gobierno. En el caso de la administración estatal vigente, la recolección tendría que realizarse entre el 1 y el 30 de noviembre de 2027.
Una vez presentada la solicitud, el organismo electoral contará con 30 días naturales para verificar el cumplimiento de los requisitos conforme a la legislación que deberá expedir el Congreso. La propia reforma fija un plazo máximo de 180 días naturales para emitir esa ley secundaria, que regulará el procedimiento, la validación de firmas, la convocatoria y el desarrollo de una eventual jornada de revocación.
Durante la discusión, los grupos parlamentarios de MORENA, Partido del Trabajo y Partido Verde sostuvieron que la modificación busca dar mayor claridad jurídica al mecanismo. Argumentaron que la reforma precisa los tiempos para reunir apoyos, establece con claridad el porcentaje requerido y define la forma en que deberá verificarse la distribución territorial de las firmas.
El diputado del PT, Ramón Díaz Ávila, señaló que los cambios buscan ordenar el procedimiento y facilitar su revisión por parte de la autoridad electoral. En la misma línea, la diputada del PVEM, Tania María Cruz Mejía, afirmó que la intención es evitar vacíos legales y garantizar que la participación ciudadana tenga representación en todo el estado, sin concentrarse únicamente en los municipios más poblados.
Desde MORENA, el diputado Luis Vicente Aguilar Castillo rechazó que los nuevos requisitos constituyan una limitación. Afirmó que la distribución territorial fortalece el mecanismo al exigir que el respaldo ciudadano tenga presencia en distintas regiones y no responda únicamente a movilizaciones coyunturales.
La oposición ofreció una lectura distinta. Legisladores de Movimiento Ciudadano, PAN y PRI consideraron que la reforma incrementa las condiciones para activar la revocación de mandato hasta volverla difícil de ejercer en los hechos.
La diputada Elena Córdova Molina, de Movimiento Ciudadano, sostuvo que los cambios reducen el tiempo disponible para reunir apoyos y elevan las exigencias territoriales. A su juicio, presentar esas modificaciones como simples ajustes técnicos no corresponde con el impacto que tendrán sobre el mecanismo de participación ciudadana.
Por su parte, la diputada panista Indira Rosales San Román cuestionó que el oficialismo impulse mayores requisitos mientras sostiene que la administración estatal mantiene altos niveles de aprobación. También señaló que reunir cientos de miles de firmas en apenas un mes representa un desafío operativo considerable.
El diputado priista Héctor Yunes Landa afirmó que la reforma incorpora condiciones más estrictas que las previstas para la revocación presidencial. Recordó que la Constitución federal exige el respaldo del 3 por ciento de la lista nominal para solicitar la revocación del mandato de la Presidencia de la República, mientras que en Veracruz ahora se requerirá el 10 por ciento. Según sus cálculos, si se aplicara el criterio federal, bastarían alrededor de 181 mil 719 firmas.
Yunes también cuestionó que la reforma constitucional se apruebe antes de contar con una ley secundaria que detalle el procedimiento para verificar los apoyos ciudadanos.
La diputada Montserrat Ortega Ruiz optó por la abstención. Reconoció la importancia de la revocación de mandato como instrumento democrático, pero expresó preocupación por el nivel de exigencia que establece la reforma. Consideró que un mecanismo ciudadano debe ser accesible para la población y advirtió que, si requiere estructuras territoriales y capacidades operativas similares a las de los partidos políticos, podría terminar siendo un derecho difícil de ejercer.
Más allá de las posturas políticas, el debate dejó planteada una discusión de fondo: cómo equilibrar la necesidad de garantizar que una solicitud de revocación represente un respaldo amplio y distribuido en el estado, sin que los requisitos terminen elevando el umbral de acceso para la ciudadanía.
La reforma aún deberá superar la aprobación de los ayuntamientos y posteriormente complementarse con una ley secundaria. Sólo entonces quedará definido el marco legal que regulará, por primera vez en Veracruz bajo estas nuevas condiciones, la posibilidad de activar una revocación de mandato contra la persona titular del Poder Ejecutivo estatal. Está columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
