Ley injusta y traición perredista

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La ingratitud es el primer paso para llegar a la traición y ahí colocaron a Rogelio Franco Castán sus compañeros de partido. La injusticia que crea delincuentes a la medida de las necesidades políticas y la corrupción de jueces, que pareciera no tener fin en nuestro país, lo condenan a padecer una de las más grandes injusticias en la historia de la política en México.

Desde el momento de la detención de Rogelio Franco se violó la ley. Por el delito que se le acusaba estaba amparado, de tal suerte que en ese preciso momento se le hizo responsable de una ley que resurgía en la legislación estatal llamada ultrajes a la autoridad, porque los policías aseguran que le rompió el uniforme a uno de ellos; los testigos señalan que nunca hubo violencia de parte del detenido.

El delito controvertido tenía tres días de haber resurgido luego de ser anulado por represivo y violar los derechos humanos; sin embargo, el Congreso local de Veracruz determinó revivirlo. La primera víctima de este delito reciclado fue Rogelio Franco, de tal suerte que a dicha normatividad se le llamó Ley Franco.

Franco Castán, exsecretario de Gobierno de Miguel Ángel Yunes, fue candidato a la diputación federal por vía plurinominal por el PRD.

Su acusación fue motivo suficiente para que se encuentre preso más de medio año, desde el 13 de marzo, y sin derecho a fianza por un delito que no es grave. Estos meses fueron el lapso suficiente para que llegara el día de la toma de posesión, por lo que tomó protesta “por escrito”, el 29 de agosto, ante el presidente de la Mesa de Eméritos, Augusto Gómez Villanueva.

Desde ese momento los perredistas, quienes de tres años a la fecha habían interpuesto una serie de amparos por diferentes motivos -desde la cancelación del aeropuerto de Texcoco hasta por el cierre de algunas fundaciones que sólo servían para desviar recursos- fueron incapaces de interceder por su compañero.

Debe reconocerse la participación momentánea de Jesús Zambrano y Jesús Ortega, quienes estuvieron presentes en algunas marchas que exigían la libertad de Franco Castán, pero a final de cuentas declinaron su postura y entusiasmo por la injusticia para integrarse a los intereses de sus legisladores, al estar de acuerdo con cancelar su diputación y entregarla a su suplente, el exdelegado del PRD en Veracruz, Jesús Alberto Vázquez Flores, quien protegido por el coordinador parlamentario de ese partido en la Cámara, Luis Espinosa Cházaro, se determinó que Franco Castán perdiera su fuero y su derecho a ser diputado federal.

El delito que se le imputa artificialmente no le hace perder sus derechos políticos, por eso tomó protesta desde la cárcel.

Ante esta realidad, la Cámara de Diputados determinó llamar a rendir protesta como integrante de la Legislatura al suplente, por cumplirse el plazo legal de 30 días, que los perredistas fueron incapaces de modificar, o ampararse para que no entrara en vigor la ley, ya que la protesta estaba efectuada.

El hecho de que alguien tome protesta como diputado desde la cárcel es inédito en la historia de México, también lo es que pueda ejercer su derecho político inalienable de ser diputado federal. Nadie tiene derecho a arrebatarle su cargo ganado con años de militancia y servicio a la comunidad.

La estrategia de este delito fue diseñada desde el principio por varias instancias, con una gran perversidad, ya que se fabricó en las oficinas de gobierno del estado de Veracruz, donde despacha Cuitláhuac García Jiménez.

El PRD vio en esta jugarreta legaloide la posibilidad de mantener su registro como partido político. Le apostó a la trampa para obtener los favores de la autoridad estatal, federal y electoral, y así tener la posibilidad de reagruparse y volver a tener fuerza social, lo cual se ve muy difícil, porque la agonía del PRD está marcada por la voluntad del pueblo y no del gobierno federal ni estatal, ni de la autoridad electoral.

La situación legal de Franco Castán no está definida por ningún juez, lo que quiere decir que es inocente en tanto no se compruebe lo contrario. No hay juicio ni sentencia, porque el juez aplaza mes tras mes las audiencias que pueden conducir a la conclusión del proceso penal; sin embargo, el 20 de septiembre pasado, la vicepresidenta en turno de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Karla Almazán, informó que en cumplimiento del artículo 63 constitucional, y tras haber recibido comunicación de la presidencia del Tribunal de Veracruz sobre la situación jurídica del perredista, se resolvió pedir al suplente presentarse en el recinto para asumir el cargo.

Es decir que la situación jurídica de Franco Castán le fue comunicada a la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara antes que al detenido o a su abogado, una condición legal que hasta la fecha se desconoce y permanece en secreto.

Con el pretexto de garantizar la integración de la Cámara de Diputados se violentan los derechos de Franco Castán, sin que haya autoridad que pudiera evitarlo, ya que no se trata de un delito grave que pudiera otorgar su libertad a través de una fianza, la cual nunca ha sido fijada porque en ningún momento se ha precisado su situación jurídica.

A pesar de que fueron los perredistas quienes aceleraron el proceso del desafuero, y nunca defendieron adecuadamente a Franco Castán, al contrario, lo vendieron a cambio de la preservación de su registro como partido político.

Para disimular su traición la fracción perredista envió a la Mesa Directiva una carta solicitando se convocara al señalado a rendir protesta, antes de que venciera el plazo legal de 30 días.

El PRD no esconde su violenta forma de actuar contra sus militantes honestos y leales, porque Franco Castán nunca perteneció a otro partido, el propio presidente de la república encabezó ese partido, militó en sus filas y fue traicionado por ese mismo organismo, la mayoría de los actuales morenistas provienen del PRD.

Los genes de la traición están presentes en los organismos de la política nacional, ahí tenemos el caso de las dos diputadas locales de Morena en Tamaulipas, que una vez electas por la población se cambiaron al PAN, para alcanzar el sobrepeso que no se había obtenido en las urnas.

Rogelio Franco ha dedicado su vida a la política. No ha tenido una actividad lejos de esta práctica, por lo que se trata de un político de tiempo completo, de tal suerte que toda actividad desarrollada por él tiene significados políticos. Ha sido, además de secretario general de gobierno, diputado local, diputado federal, y presidente del PRD en Veracruz, su encarcelamiento sin razón justificada lo convierte en un preso político del actual régimen, aunque el presidente de la república diga que no hay presos de conciencia.

El Diario Oficial de la Federación del 1 de septiembre señala en el caso específico de Rogelio Franco, que la elegibilidad de las candidaturas puede revisarse sólo en dos momentos, el primero cuando se lleva a cabo su registro, y el segundo, al realizar el cómputo final antes de proceder a realizar la declaración de validez y otorgamiento de constancia de mayoría y validez, de conformidad con la Jurisprudencia 11/97, sostenida por el TEPJF, de tal suerte que la llegada de su suplente a la curul es ilegal.

La sucia jugada legaloide contra Rogelio Franco Castán, donde perredistas, policías, jueces, ministerios púbicos, el gobernador de Veracruz y el propio jefe del Ejecutivo estuvieron implicados habla, sin duda, de que hay presos políticos en México. PEGA Y CORRE. – Lo que nadie podía creer hace algunos meses sucedió, Samuel García rindió protesta como gobernador de Nuevo León, a pesar de las ilegalidades existentes; ahora anuncia un nuevo comienzo, los habitantes de la entidad no pierden la esperanza… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

 

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