* Entre los diputados, nadie tiene curriculum
* Todos los diputados se tapan unos con otros, sean de cualquier partido
Marco Antonio Aguirre Rodríguez
En la Legislatura de Veracruz, el Poder Legislativo, el encargado de generar las leyes que deben regir la vida pública de la entidad, hay una total opacidad en cuanto a la transparencia de la información correspondiente a los diputados.
Si quiere usted conocer la declaración patrimonial de cualquiera de los diputados, del partido que sea, no es posible, porque las mismas están en blanco.
Si quiere usted conocer la experiencia laboral o legislativa de cada diputado, no tendrá acceso a esa información, porque no hay el curriculum de ninguno de ellos.
Norma Rocío Nahle García, la gobernadora electa de Veracruz, cuando fue secretaria de Energía presentó sus declaraciones patrimoniales, lo que permitió conocer su situación cuando fue candidata a la gubernatura de Veracruz.
Pero entre los diputados, de ninguno, absolutamente de ninguno, se conoce su declaración patrimonial.
Según el portal de transparencia de la Legislatura del estado, todos presentaron este requisito, pero la información de las declaraciones no es accesible porque fue censurada por la Contraloría interna, por una instrucción de quien es el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarin.
A Gómez Cazarin lo han señalado en múltiples ocasiones de extorsionar ayuntamientos para que le entreguen contratos de obras o servicios, vía intermediarios de todo tipo.
A finales de octubre de 2022 circuló un audio donde se escucha al diputado plurinominal Gómez Cazarin instruyendo a su hermano “El Chiqui” para que amenace a la alcaldesa de San Andrés Tuxttla, María Elena Solana Calzada, para que le entregue los moches que acordaron que la misma le aportaría, cuando la hizo candidata a esa posición, por Morena.
“Mira Chiquis para que no haya broncas, dile… dile, déjale el mensaje fuerte… Tenemos una situación de un trato que se quedó de acuerdo de las cantidades que se van a manejar para las obras públicas, pero por ahí ya supimos que hay algunos rumores y ya escuchamos algunos audios directamente de su hijo y de usted”.
Es la muestra de como le gusta exprimir a los ayuntamiento “con todo” (como le gusta decir).
(El audio, si quiere escucharlo, está en https://youtu.be/0N9DbI-9i1I?si=749B4XcpqpZn_Hjw).
Pero conocer cuáles son los bienes que tiene Gómez Cazarin, o por lo menos los que declara tener, no es posible, porque su declaración patrimonial está censurada.
Igual que la de los otros 49 diputados, sean del partido que sean.
Y este ocultamiento de datos fue aprobado por Comité de Transparencia de la Cámara de Diputados, porque los diputados no se atrevieron a sacar alguna argucia legaloide para validar esta irregularidad.
La restricción de la información que debería de ser pública, se hizo mediante un acuerdo emitido en 2023 y que no ha sido ni siquiera actualizado para éste año con el cual:
“Se confirma y aprueba la clasificación de la información como confidencial”, a contracorriente de lo que marca la Ley General de Responsabilidades, que obliga a todos los servidores públicos a presentar esta obligación.
Así pues, ¿de qué sirve que la presenten si se oculta la información?.
Pero además, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información se hace el ciego ante esta irregularidad.
Conocieron que las declaraciones patrimoniales de los diputados están en blanco cuando revisaron un recurso de revisión interpuesto precisamente por el ocultamiento de estas información, el cual se dio dentro del expediente IVAI-REV/0806/2024/II.
La respuesta a ese recurso de revisión la elaboró David Agustín Jiménez Rojas, el presidente del IVAI, quien es un morenista reconocido y parte del grupo del mismo Gómez Cazarin.
O sea que Morena, se tapa con Morena.
Tanto el Poder Legislativo del estado de Veracruz como el IVAI están violando la Constitución de México, la cual asienta en su artículo 5 que “el derecho a la información será garantizado por el Estado”.
Pero en Veracruz el estado es el que obstaculiza el acceso al derecho a la información, dejando nula la garantía constitucional.
Otro botón de muestra del obscurantismo en la Cámara de Diputados local, es la declaración de Luis Arturo Santiago Martínez, quien fue designado por Rocío Nahle como el próximo secretario del Trabajo, para su administración.
Lo mismo ocurre con el curriculum de los funcionarios.
Ahora, casi al terminar el sexenio, en hoja de excel se coloca la lista de los diputados y en la columna donde debería de estar el hipervinculo a su curriculum, aparece la leyenda:
“Las diputadas y diputados son servidores públicos de elección popular, pero no son parte de la estructura administrativa de este Poder Legislativo por lo que no entran en el esquema de personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión y/o ejerzan actos de autoridad, conforme a lo establecido en los Lineamientos Técnicos Generales. Los criterios sustantivos de Escolaridad, Carrera genérica; y Trayectoria académica, profesional y laboral que acredite su capacidad y habilidades o pericia para ocupar el cargo público, no es aplicable para los casos de elección popular en virtud de que no existen obligaciones legales ni constitucionales de poseer un grado académico, de tener una carrera genérica o de una trayectoria laboral o profesional para ocupar el cargo, razón por la cual se publica sólo la información que el diputado manifiesta al inicio de la legislatura sin solicitársele acreditación alguna. existen casos en que el legislador no proporciona información, ante lo cual estamos impedidos para publicar lo que no poseemos”.
Los diputados de la actual Legislatura en lugar de buscar la transparencia y rendición de cuentas, todos prefirieron el ocultamiento de datos.
(Si usted quiere ver las declaraciones patrimoniales de Juan Javier Gómez Cazarin y de Luis Arturo Santiago Martínez, las encuentra en https://cutt.ly/zekjOSNA)
