“La injusticia hecha a uno solo es una amenaza dirigida a todos.” – Montesquiu.
Aun cuando en Veracruz las máximas autoridades afirman que no existen presos políticos, la realidad es otra, ciertamente el actual régimen de la 4T ha empleado como pocos, la presión jurisdiccional para obligar a sus oponentes a dimitir o claudicar en sus luchas sociales y políticas.
Al grado, que, para algunos, la vida les ha ido en prenda.
En el afán de poder esclarecer y entender las razones y causas de tan complicado escenario, consultado por un servidor, el abogado penalista Tomás Mundo Arriasa contesto y explicó la manera de entender y comprender el caso de Rogelio “N”.
En el caso del preso político Rogelio Franco Castán son muchas las aristas que el caso ha tomado, por principio de cuentas será prioritario que su equipo cercano comprenda que se debe dejar de analizar su “caso” desde el lado político para darle prioridad a la defensa legal.
Es obvio y evidente que el debido proceso se le ha violentado, hacia este punto debe enfocarse la defensa, ejemplos varios.
Por principio de cuentas, existen muchas pruebas -nuevas científicas-, de refutación a la Fiscalía, en los que se puede soportar y acreditar cómo es que todo el aparato de Gobierno lo quiere en prisión; pero antes hay que probarlo jurídicamente, no al revés, como considero su actual defensa de manera errónea y como hasta ahora lo está haciendo, pero aún es tiempo de recomponer su proceso penal.
De esta manera se deberá probar que el policía al que se le causaron los supuestos estragos, realmente está afectado psicológicamente.
¿Cómo se preguntarán?
Pues a través de un metaperitaje al peritaje oficial, es decir probar que el método que usó el perito oficial, no está viciado de origen.
Para eso se requiere un perito psicólogo forense que mediante un método actual y reconocido por la comunidad científica pruebe la parcialidad del perito oficial.
Una vez hecho esto, sería presentar denuncia en contra del perito oficial, por estar peritando sobre los que no es experto, y por prestarse a cumplir las indicaciones de la Fiscalía, lo que trae como consecuencia, violentar la propia Ley Orgánica que rige a esa institución.
Otra prueba idónea sería la Psicología del Testimonio para probar el bajo nivel de fiabilidad del testimonio del Policía Ministerial –que afirma haber sufrido un trauma por el supuesto jaloneo de camiseta-.
A su vez, se habrá de realizar una prueba Neuro-científica al defendido para probar que su scanner cerebral es adaptado a la sociedad. De igual manera, deberá realizarse una prueba de Psicología del Testimonio para probar el alto nivel de fiabilidad de su dicho.
Así con estas pruebas realizadas, se deberá acudir con la jueza de control que lleva el asunto y ante ella, hacer el planteamiento del cambio de medida cautelar, es lo mínimo que ella debe garantizar, para el desarrollo del debido respeto.
De no acordarse así, la jueza incurriría en la probable comisión de un delito, y por supuesto que habría que denunciarla. Ahora que está de moda investigar a los jueces que se apartan de la legalidad, ella, la jueza, actualizará esta hipótesis.
Este es el camino legal que conducirá a Rogelio Franco a obtener su libertad, no otro.
Y aquí se probaría la fortaleza del estado de derecho.
Es un hecho qué hay consigna del Poder Judicial y el Ejecutivo para que se quede en prisión, con esta estrategia podría obtener su libertad, y quienes tendrían problemas legales futuros serían los fiscales integradores de las carpetas, el perito que se prestó a realizar peritajes sin asidero científico; y la jueza que está actuando al margen de lo que la Ley le obliga a hacer: respetar el debido proceso.
Urge que Rogelio Franco re direccione su defensa y encuentre mejores asesores porque de no hacerlo el costo para su persona será incalculable.
Al tiempo.
Twitter: @LuisBaqueiro_mx
