Héctor Yunes Landa
Articulista Invitado
La creciente intervención de los elementos de las fuerzas armadas en nuestro país en las más diversas tareas del gobierno federal es para suplir las funciones que una administración federal ineficaz y demagoga no ha sabido realizar.
Hoy las fuerzas armadas los mismo sirven a la seguridad pública, que construyen aeropuertos y refinerías, transportan combustible, toman control de los hospitales públicos donde se atiende Covid19, resguardan las vacunas contra el coronavirus, fabrica uniformes para el personal médico, actúan como guardia fronteriza, son los responsables de las aduanas del país y hasta de la distribución de libros de texto gratuitos. Eso sin contar sus tareas ordinarias de ayuda en casos de desastre (Plan DN-III) y la custodia de instalaciones estratégicas.
La asignación de nuevas tareas obligó a que el gobierno morenista despliegue en todo el país a 217 mil 505 efectivos militares, entre miembros del Ejército, la Marina y de la Guardia Nacional, esta última institución creada en este sexenio y que ya representa la mayor institución de seguridad con casi 100 mil elementos.
Esta cantidad de efectivos -de acuerdo con un reporte publicado por El Universal-, supera el doble de los desplegados por el gobierno de Felipe Calderón, a quien López Obrador señaló en el pasado de “militarizar el país”. Asimismo, son 98 mil elementos más de los que desplegó el gobierno de Enrique Peña Nieto, a quien también acusó de incumplir el compromiso de regresar el Ejército a los cuarteles.
Sin embargo, no se puede hablar de militarización del país sino de la militarización del gobierno. Las fuerzas armadas no han extendido su presencia en el territorio nacional, sino que han acentuado su participación en el cumplimiento de las tareas de la administración pública. El falso debate sobre la militarización del país ha sido provocado por la politización que ha hecho el Presidente de la República sobre las funciones del Ejército y las tareas de seguridad pública.
El crecimiento exponencial de las fuerzas armadas en el país ha puesto en evidencia la incapacidad del gobierno federal en áreas estratégicas, así como el fracaso del proyecto de la Guardia Nacional. Muchos mexicanos seguimos sin comprender el paso que dio el presidente después de criticar la presencia del Ejército en las calles a garantizar la presencia de las fuerzas armadas al menos hasta el final de su gobierno, con lo que incumplió una de sus promesas de campaña más simbólica: regresar al Ejército a sus cuarteles.
El eterno candidato a la Presidencia se comprometió durante casi una década a dejar la seguridad pública a cargo del gobierno civil y no del Ejército. En 2012, López Obrador ofreció regresar al Ejército a los cuarteles en sólo seis meses.
Cuatro años después, ya como Presidente de Morena, pidió al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, “no continuar con la política coercitiva, pues no se resuelve nada con el uso del Ejército, Marina, policías, cárceles, amenazas de mano dura, con leyes más severas, dado que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia”.
Ya en 2018, el equipo de transición del gobierno federal entrante aseguró que el regreso de los militares a sus cuarteles sería largo, pero bien ejecutado y que podría sacarlo de las calles para el 2021, justo a la mitad del gobierno de López Obrador.
En realidad sucedió exactamente lo contrario al compromiso de campaña y al asumido, poco después, como gobierno electo. El 11 de mayo de 2020, el Presidente emitió un decreto mediante el cual del Ejército y la Marina podrán ejecutar legalmente doce funciones de seguridad pública que por definición eran competencia exclusiva de los policías civiles en México. La vigencia de la participación del Ejército y la Marina está pactada para concluir el 27 de marzo de 2024.
En casi seis décadas de gobiernos civiles, el Ejército no ha mostrado intención alguna de usurpar al gobierno. En muchos casos, ha hecho lo que los gobiernos civiles han dejado de hacer.
Sin embargo, hoy, en medio del actual proceso electoral, López Obrador intenta imponer a nuestras fuerzas armadas una falsa disyuntiva: que sus servicios a la nación sean, por extensión, a favor de la llamada Cuarta Transformación, por lo que estaría negando al Ejército la necesaria neutralidad política que lo ha convertido en la institución de mayor credibilidad ante los mexicanos.
El Ejército está a favor de la nación, no del gobierno. La lealtad se profesa al Presidente no a la persona que de manera temporal ocupa el cargo. Su trabajo es apoyar y fortalecer las instituciones del país además de garantizar la seguridad nacional; el gobierno de López Obrador ha intentado exactamente lo contrario.
No tengo la menor duda de que las fuerzas armadas seguirán siendo el garante de la democracia y nunca al revés.
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