La consulta sobre enjuiciar a expresidentes no debería realizarse, porque no hay certeza de que tenga el apoyo ciudadano requerido

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  • Reviven métodos del viejo PRI: Hasta muertos y presidiarios votaron
  • El INE encontró 421 mil 211 inconsistencias en las firmas entregadas

 

Marco  Antonio Aguirre Rodríguez

 

De aplicarse aunque sea mínimamente los criterios con que se negó el registro como partido político a México Libre, la consulta sobre enjuiciar a expresidentes de la república, no debería ser aprobada: Hay múltiples inconsistencias que ponen en duda la validez de las firmas entregadas para avalar que se realice éste ejercicio.

Y por tanto, se carece de certeza de que los apoyos sean reales.

Este sábado 14 de noviembre el Instituto Nacional Electoral (INE) entregó al Senado el informe de la verificación de las firmas entregadas en apoyo a la solicitud de dicha “consulta popular”. Y aparecieron múltiples inconsistencias.

Tantas que hacen dudar de la certeza de las firmas y la suficiencia de las mismas para apoyar esa consulta

Para comenzar, quienes recogieron las firmas revivieron una vieja práctica del PRI más mapacheril: Hasta los muertos votaron.

Fueron 5 mil 530 firmas de personas que fallecieron, algunas desde 1999, las que se detectaron.

Lograron la resurrección de los muertos y sin hacer un milagro.

Pero lo que sí hubo definitivamente, fue el dolo de manejar esas firmas y la falsificación de las mismas, porque ni modo que digan que los muertos resucitaron, firmaron y se volvieron a morir.

Estas credenciales también hacen pensar, ¿cuántas tarjetas de personas desaparecidas no habrán utilizado en esta recolección de firmas?.

Eso no fue la única irregularidad. También consiguieron firmas de personas que tienen suspendidos sus derechos políticos por orden judicial. Por lo regular a quien se le suspenden los derechos políticos es porque ya fue condenado por algún delito y se le impuso una pena privativa de la libertad.

O sea, son presidiarios.

¿A  poco módulos de recolección de firmas hasta en las cárceles?.

Tan sólo estos dos hechos llevan a una pregunta crucial, ¿quién les dio las credenciales de elector de los muertos y de los presidiarios?.

¿Cuántas credenciales irregulares más no incluyeron?.

Nada más con estos elementos se rompe cualquier certeza de que las firmas sean reales en su totalidad.

Pero hubo muchas más inconsistencias:

Fueron en total 421 mil 211 irregularidades las que se encontró el INE… o las que se reportaron, porque fueron las que ya no se pudieron encubrir.

Paradójicamente, los promotores de la consulta se sienten satisfechos con este número de inconsistencias, porque dicen que aún así tienen las firmas suficientes para validar que se haga la misma.

Sólo que hay otro elemento que demuestra que no existe certeza de que las firmas sean validas y de que tengan los apoyos suficientes para que el ejercicio tenga respaldo legal.

En un muestreo que hizo el INE a un grupo de ciudadanos, casi un 20 por ciento dijo que no había otorgado su apoyo para que se haga la consulta.

Esto por si mismo es una cifra escandalosa.

Según, las firmas validadas son 2 millones 116 mil 837 que corresponden al 2.32 por ciento de la Lista Nominal de Electores, más que suficiente para el apoyo mínimo establecido en la ley del 2%.

Pero, si el 19.6 por ciento de los que fueron preguntados en la muestra dicen que no dieron su firma para apoyar ésta iniciativa (este porcentaje en el total de los documentos presentados corresponde a 414 mil 900 personas), entonces la cantidad de firmas validas se reduce a 1 millón 701 mil 937, lo cual es menor a los 1 millón 827 mil 594 apoyos verificados que se necesitan.

Aquí ya es muy grande la duda sobre la veracidad de las firmas presentadas y la suficiencia para respaldar la consulta.

Pero todavía hay más elementos que alimentan la duda sobre la autenticidad de los apoyos para que se haga la consulta para enjuiciar a los expresidentes.

El 4 de noviembre se hizo la muestra de 850 ciudadanos para verificar la validez y calidad de las firmas, mediante visitas domiciliarias.

De esos 850 ciudadanos nada más localizaron en su domicilio a 597, mismos que respondieron a la entrevista.

De la muestra que se menciona, no localizaron a casi el 30 por ciento (230). Esto ya genera dudas sobre la validez de los domicilios, porque el personal del INE es tan persistente (o más) que cobrador domiciliario de tienda de electrodomésticos. Dan vueltas y vueltas hasta localizar a las personas para tener una respuesta.

Esas personas que no fueron localizadas, ¿vivirán en esos domicilios que se dijo?.

Hay muchos elementos que sustentan la falta de certeza de que se hayan reunido la totalidad de firmas validas para apoyar que se haga la consulta con la pregunta de:

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

Por eso es que si los grandes místicos del Senado utilizan tan sólo una parte de los criterios empleados para negarle el registro a México Libre como partido político, la realización de la consulta debería negarse.

Si no es así, nuevamente se verá que la aplicación de la ley es a modo de quien tiene el poder.

Y eso no los hace diferentes, si no iguales a los de antes.