*AMLO buscará dar “armas letales” a cierta sociedad
*¿Periodistas deberían portar armas para autodefensa?
HAY COSAS que no se entienden en esta Cuarta Transformación que como dice una cosa, dice la otra. Y es que, mientras por una parte el todavía Presidente Andrés Manuel López Obrador sigue pugnando por los abrazos no balazos, lo que tiene muy satisfecha a la delincuencia que advierte en esa postura un mensaje de impunidad, por la otras AMLO propone en una iniciativa reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para que integrantes de Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, Banxico y algunos órganos autónomos –debemos entender jueces, magistrados, ministros, consejeros electorales y otros-, puedan portar armas de fuego, reconociendo de esa manera que no pudo con la inseguridad, y tácitamente le está apostando a que cada cual se rasque con sus propias uñas. La iniciativa presidencial enviada a la Cámara de Diputados propone que integrantes de empresas públicas, órganos autónomos y personas físicas o morales puedan portar armas de fuego para el desarrollo de funciones de seguridad, una sugerencia que choca con los abrazos no balazos que ha defendido hasta la saciedad, eludiendo su responsabilidad como titular del Ejecutivo Federal de garantizar la seguridad de los gobernados. Y es que, como se lee en la propuesta, de aprobarse se permitiría que los integrantes encargados de velar por la seguridad de empresas como Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos, u órganos como Banco de México, Casa de Moneda, Centro Nacional de Inteligencia y el Servicio de Administración Tributaria porten armas de fuego autorizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, siempre y cuando cumplan con los requisitos que exige la ley. En ese contexto, el artículo 25 de la iniciativa refiere que existen dos tipos de licencias para la portación de armas de fuego, las individuales para personas físicas, y las colectivas para personas morales (empresarios). Dentro del segundo rubro, se plantean licencias oficiales colectivas para las instituciones antes mencionadas, y cuyo permiso se debe revalidar cada dos años. “La licencia oficial colectiva para la portación de armas de fuego, puede expedirse a la Guardia Nacional, instituciones policiales, y de procuración de justicia federal, estatales y de Ciudad de México, así como a los organismos que, por sus funciones de carácter público, justifiquen su necesidad”.
LO QUE uno se pregunta, es porque solo a unos se les autorizará el uso de armas de fuego y no a la sociedad en general que lo solicite para la defensa personal, de sus familias y bienes, como los periodistas, porque no es secreto que México sigue viviendo un infierno en materia de inseguridad, y basta saber que el reporte de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública destaca que durante 2023 se suscitaron 31.3 millones de delitos, mientras que el 92.9 por ciento no se denunció por temor a represalias o porque se ha perdido fe en las fiscalías o ministerios públicos, primera instancia antes de llegar a los jueces y magistrados. En ese sentido, la percepción de inseguridad en México va en aumento, pues 73.6 por ciento de los mexicanos se siente inseguro en el país, según cifras de la Envipe publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y sondeadas entre marzo y abril de este año.
EN 2023, el número de delitos en México se disparó un 16.79 por ciento a tasa anual, alcanzando los 31.3 millones, lo que representó el nivel más alto de los últimos cinco años, revela Inegi en su más reciente informe. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública señala que esa cifra representa 4,5 millones más de crímenes que los 26,8 millones registrados en 2022. La tasa de delitos por cada 100 mil personas creció un 15,9 por ciento, situándose en 33.267 crímenes, mientras que el número de delitos por víctima aumentó a 1,4, un decimal más que en el año anterior. La cantidad de personas afectadas también se incrementó un 3,79 por ciento, lo que equivale a 21,9 millones de víctimas, 800 mil más que en 2022. Este aumento significativo ha puesto de manifiesto la gravedad del problema de la inseguridad en el país que contra lo que se diga, ha venido en aumento, incluso en este año que vive su segundo semestre.
EL ANÁLISIS del Inegi, también, revela diferencias significativas entre hombres y mujeres en cuanto a la victimización. En términos absolutos, las mujeres sufrieron más crímenes, con un total de 11.6 millones de víctimas, lo que representa una tasa de 22 mil 903 por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, a nivel proporcional, los hombres fueron más afectados, con una tasa de 23 mil 817 por cada 100 mil equivalentes a 10.3 millones de víctimas. En cuanto a la percepción de inseguridad, el 73.6 por ciento de los mexicanos expresa sentirse inseguro en su lugar de residencia. Esta cifra es aún más alarmante entre las mujeres, ya que el 77.3 por ciento manifestó sentir inseguridad, en comparación con el 69.3 por ciento% de los hombres. En razón a lo anterior, seis de cada diez mexicanos consideran que la inseguridad es el problema más grave en el país, pero uno de los aspectos más preocupantes es el alto nivel de impunidad, ya que el 92,9 por ciento de los delitos cometidos no se denunciaron o no fueron investigados, lo que se conoce como “cifra negra”, situación que revela una falta de confianza en el sistema de justicia y la percepción generalizada de que reportar un crimen no conlleva consecuencias para los perpetradores.
CON TODO y ello, hay un dato que llama la atención en la iniciativa armamentista de AMLO: el armamento y municiones correspondientes a una licencia oficial colectiva sólo pueden emplearse en funciones de carácter oficial y de seguridad pública. “Queda prohibido su uso en actividades de carácter privado tales como seguridad a particulares, seguridad a los bienes y seguridad en el traslado de bienes o valores”. Asimismo, se buscará establecer agravantes o delitos cometidos en contra de las personas o bienes mediante el uso de aeronaves piloteadas a distancia, también conocidos como drones, esto con la finalidad de prevenir, evitar y castigar el uso de este tipo de aeronaves en actos en contra de bienes o servicios públicos o privados, en contra de la integridad física, emocional o vida de las personas, que produzcan alarma, temor, en la población, para atentar contra la seguridad nacional, presionar u obligar a la autoridad o a un particular a que tome una determinación.
ESAS Y otras propuestas forman parte de la iniciativa que busca reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por lo que será discutida próximamente en la Cámara de Diputados, aunque insistimos: porque se permitirá el uso de armados a ciertos entes y no a la sociedad que lo solicite, y que demuestre los altos riesgos que conlleva su labor, como es el caso del gremio periodístico cuyas agresiones se cuentan por montones en este sexenio, donde al menos 50 comunicadores fueron ejecutados ya sea por instrucciones de la delincuencia organizada o delincuencia autorizada, léase políticos para quienes los medios de comunicación constituyen un estorbo a sus intereses. O todos coludos, o todos rabones, porque la inseguridad afecta al gran conglomerado social sea ricos o pobres, conservadores o adoctrinados. Así las cosas. OPINA [email protected]
