*Fosas clandestinas pintan nuestra realidad
*Los crímenes de miles siguen sin aclarar
SEGÚN el diccionario de la real academia de la lengua, Impunidad se define como la cualidad de dejar una culpa o exceso sin el merecido castigo, y la palabra proviene del latín impunitas que quiere decir, literalmente, “sin castigo”. A partir de lo anterior se entiende que la impunidad es la condición que permite que sean cometidos delitos sin que las personas responsables paguen las consecuencias, y esa indolencia provoca que en el País sea la causa principal del aumento de la delincuencia e inseguridad. En ese contexto, el pasado mes de Noviembre el gobernador Cuitláhuac García Jiménez aseguró que se ha cumplido el compromiso de reducir la inseguridad en la Entidad (algo que, seguramente, solo ve en sueños ya que a diario siguen matando entre 6 y 9 personas sin que ninguno o casi ninguno de esos casos se esclarezca y se lleve a los responsables ante la justicia). Dice también que gracias a que su administración no pacta con criminales se ha terminado con la impunidad. Desconocemos si el Gobernador tenga claro el significado de esa palabra que constituye una excepción de castigo o escape de la sanción que implica una falta o delito, y que el conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, promulgado por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 8 de Febrero de 2005, define como: La inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, policíaca administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas. Pero no solo eso, el mandatario Estatal debería saber que el primer principio del mismo documento establece que: “La impunidad constituye una infracción de las obligaciones que tienen los Estados de investigar las violaciones, adoptar medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia, para que las personas sospechosas de responsabilidad penal sean procesadas, juzgadas y condenadas a penas apropiadas, de garantizar a las víctimas recursos eficaces y la reparación de los perjuicios sufridos de garantizar el derecho inalienable a conocer la verdad y de tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones.
COMO FUERA, lo cierto es que Veracruz tiene un grado de impunidad de 4, es decir, el más alto de los cuatro niveles del Índice de Impunidad de México, y un grado arriba del promedio nacional de acuerdo con los resultados del mismo índice. Y es que la entidad tiene características contrastantes tanto al interior de su sistema de justicia como en el de seguridad. Por una parte, presenta valores superiores a la media nacional en algunas variables de interés y, por otro, hay variables que resultan alarmantes al ser claramente inferiores a la tendencia nacional. Pero García Jiménez insiste una ya otra vez que en Veracruz ya no hay impunidad, sin embargo, el 85 por ciento de cuerpos hallados en fosas clandestinas del Estado siguen sin identificar y, consecuentemente, se trata de crímenes impunes que acaso nunca sean aclarados. Y eso lo dice la fundadora del Colectivo Solecito Veracruz, Lucía de Los Ángeles Díaz Genao, al reconocer la carencia de personal y de registros genéticos de ADN suficientes para dar identidad a los restos de personas asesinadas, los que desde la tumba claman una justicia que no llega ni llegará.
LA ACTIVISTA sostiene que sólo 15 por ciento de los cuerpos hallados en fosas clandestinas de Veracruz han sido identificados, por lo que uno de los mayores pendientes para el presente año es la identificación de los restos humanos hallados en las fosas clandestinas, pues no hacerlo sería seguir fomentando la impunidad, ya que se trata de crímenes sin castigo, como quedan 9 de cada 10 cometidos en el Estado, en tanto las autoridades siguen gritando a los cuatro vientos que ya no es como en el pasado, y que en este Gobierno los crímenes no quedan sin castigo, pero habría de considerarse que de 7 mujeres asesinadas en los primeros días del año solo dos asesinatos han sido esclarecidos, uno de estos gracias a un video y el otro porque familiares denunciaron al autor de un feminicidio en Papantla.
PERO SON cientos, o acaso miles de cuerpos que se quedarán en espera de justicia, pues aunque las cifras son contradictorias en cuanto al número de fosas clandestinas halladas y cuerpos localizados en Veracruz, lo cierto es que la entidad ocupa los primeros lugares en ambos casos. De acuerdo con estadísticas obtenidas vía transparencia, tan solo del 2010 al 2018 fueron contabilizadas de manera oficial en territorio veracruzano 601 fosas clandestinas con 518 cuerpos, 560 cráneos y 53 mil 606 fragmentos de cuerpos de personas, tanto hombres, mujeres y niños, y de acuerdo a datos de la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación, del primero de diciembre de 2018 al 30 de junio de 2020, Veracruz ocupa el primer lugar en número de fosas clandestinas, algo que no ha cambiado en el último semestre al ser ubicadas tumbas ilegales en Playa Vicente y la zona Centro y Norte
BASTE SABER que en el informe “Búsqueda, identificación y registro de personas desparecidas” (corte al 13 de julio) con fecha del 01 de diciembre de 2018 al 30 de junio de 2020 se tenían identificados de 658 sitios, un total de 1 mil 143 fosas, 1 mil 682 cuerpos exhumados que representan el 25.39 por ciento. Se habían identificado 712 cuerpos y se habían entregado 431 restos a sus familiares, que representaban 42.3 por ciento y 25.6 por ciento, respectivamente. Y es que, aunque las autoridades Estatales lo nieguen, las Entidades con mayor número de fosas clandestinas son Veracruz en primer lugar con 173 fosas (representando el 15.14 por ciento); le sigue Sinaloa con 151 (13.21 por ciento); Colima con 130 fosas (11.37 por ciento); Guerrero con 109 (9.54 por ciento) y; Sonora con 90 (7.8 por ciento).
Y UNO insiste en la pregunta: ¿Qué acaso no esclarecer la muerte de esas personas cuyos restos fueron encontrados en tumbas clandestinas, no se llama acaso impunidad? Y es que los autores de semejante hechos siguen libres, cometiendo atrocidades y riéndose de las autoridades y sus discursos huecos, tratando de engañar a una sociedad que ya no se chupa el dedo, pero que los morenos siguen viendo como retrasados mentales, acaso porque así los veían a ellos en el pretérito. En fin, que bueno que en Veracruz ya se acabo la impunidad, sino, imagine usted lo que viviríamos. OPINA [email protected]
