*Si los ciudadanos salen a sufragar podrá haber un cambio
*Desde la 4T fraguan elección de Estado; peligro latente
REUNIONES SUBREPCIAS en Casa de Gobierno –que, inicialmente se dijo, sería museo, luego sede de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz para finalmente quedar como el hogar subrepticio de Cuitláhuac García Jiménez-; colocación de mantas amenazantes contra candidatos de fuerza y corazón por Veracruz, sobre todo en Perote; presunta contratación de provocadores provenientes del Estado de México y vehículos incautados con documentos de MoReNa y el INE que simulan ser la crónica de un fraude anunciado, son algunos antecedentes que prenden luces de alerta a la elección del 2 de Junio en el País, pero sobre todo en Veracruz, donde al precio que sea, la encubridora Cuarta Transformación se empeña a imponer a candidatos que la sociedad detesta por sus antecedentes de corrupción y enriquecimiento sospechoso, y acaso por ello, cuatro diputados locales decidieron abandonar la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional y formar un grupo mixto, incluida Cecilia Guevara Guembe –que como bien se recuerda, fue la primera presidenta de la mesa directiva de la actual Legislatura- así como también los diputados Marco Antonio Martínez Amador (que será el coordinador del flamante grupo legislativo), Fernando Arteaga Aponte (el afamado huevo Arteaga) y el papanteco Bonifacio Castillo Cruz, aquel que reconvino a la soberbia legisladora cuenqueña Margarita Corro Mendoza para que pidiera disculpas a una mujer a la que exigió que hablara en español mientras realizan una reunión de trabajo. Todos ellos se van por el manejo poco transparente y sospechoso que del coordinador, Juan Javier Gómez Cazarín hace del Congreso, usándolos para sus fines políticos, destinando recursos que no debieran aplicarse en campañas. Por lo pronto, el acta de notificación de la renuncia a la bancada morenista y la constitución del nuevo grupo legislativo fue enviada el martes 21 de este mes a la presidenta de la mesa directiva de la LXVI Legislatura, Adriana Esther Martínez Sánchez, y al propio Gómez Cazarín, como presidente de la Junta de Coordinación Política, un sujeto simulador, oportunista y poco serio.
POR ELLO, no anda errado el análisis preelectoral elaborado por el Gabinete de Seguridad de cara a los comicios del domingo 2 de junio, en donde, para variar, se detectan puntos de riesgo en 12 entidades en materia de amenazas contra actores políticos y de seguridad pública para la jornada electoral del próximo 2 de junio. Hay como la intensión de engendrar un escenario de miedo que cohíba o apanique a los electores para que no salgan a sufragar y MoReNa pueda triunfar con su voto duro. Y es que en el documento se destaca la situación que prevalece en el estado de Chiapas, en donde han sido asesinados cinco candidatos a puestos de elección popular y otros cinco lograron sobrevivir a atentados en su contra; además de que más de 200 aspirantes han desistido de seguir en la contienda electoral, por diferentes motivos, amén de la renuncia de funcionarios de casillas en todo el País, lo que ha metido en un brete al Instituto Nacional Electoral.
PERO, TAMBIEN, los estados de Guerrero, Zacatecas, Guanajuato, Tamaulipas, Sinaloa, Sonora, Baja California, México, Michoacán, Oaxaca y Veracruz presentan diversos niveles de riesgo en algunos de sus municipios. Y aunque en todas las entidades se está trabajando en coordinación con las autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los Organismo Públicos Locales Electorales (Oples) para la elaboración de esquemas de seguridad y vigilancia para el primer domingo del próximo mes, lo cierto es que la violencia autorizada y solapada continúa. Basta saber que desde el arranque del presente proceso electoral 2023-2024 han sido asesinados 30 candidatos o personas que habían manifestado su interés de participar para contender por un cargo público. Guerrero encabeza la lista, con seis personas asesinadas, seguido de Chiapas con cinco; en Michoacán y Jalisco son tres aspirantes asesinados, por entidad; Guanajuato, Veracruz y el Estado de México registraron dos casos, por estado, mientras que los estados de Puebla, Colima, Morelos, Tamaulipas, Oaxaca, Sinaloa y la Ciudad de México registran el asesinato de un candidato o aspirante, desde el inicio del proceso electoral.
ALGUIEN DIRIA que hay menos violencia en Veracruz si consideramos que en 2021 fueron ejecutados ocho aspirantes en los municipios de Cazones, Misantla, La Perla, Cosoleacaque, Úrsulo Galván, San Andrés Tuxtla, Uxpanapa y Tierra Blanca, siendo el Estado con más víctimas de violencia política, y que en 2024 solo ha habido dos asesinatos, aunque no se toma en cuenta que en la entidad solo se votará para renovar gubernatura y diputaciones, pues las elecciones para las alcaldías serán en 2025, y sin duda, esas son las que mayor riesgo representan. Y si bien las cifras de violencia en Veracruz van a la baja, la sociedad asume que no reflejan la realidad, ya que las campañas transcurren en un contexto donde, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la violencia ha ido a la baja en los últimos cuatro años: de los 1 mil 431 casos de asesinato en 2019, se pasó a 828 en 2023, una caída del 42 por ciento. Asimismo, en los distritos electorales 3 y 6, que incluyen a poblaciones del norte de la entidad, como Papantla, Tuxpan, Poza Rica y Cazones, las cifras indican que, salvo Poza Rica —que con 42 homicidios en 2023 tuvo un aumento del 121 por ciento—, los asesinatos también se redujeron, o no alcanzaron cifras considerables. De hecho, en el propio Cazones las estadísticas indican que, en 2023, solo hubo un asesinato y un total de seis en los últimos tres años. Pese a ello, ciudadanos, aspirantes y dirigentes políticos aseguran que las cifras no están reflejando con precisión el clima de violencia en el que los diferentes candidatos y candidatas tienen que moverse para hacer campaña.
COMO FUERA, Veracruz se apresta a una elección de Estado que solo podrá ser contenida si la sociedad en general acude a las urnas a depositar su voto el domingo 2 de Junio, sin dejarse apanicar por amenazas de presunta violencia el día de los comicios, sin hacer caso a presiones o chantajes y, mucho menos, entregando de antemano la credencial de elector a cambio de alguna prebenda. Y es que, se quiera no aceptar, hay inconformidad entre la policía Estatal, empleados y trabajadores del sector salud, de la Secretaría de Educación y, en general, en toda la burocracia que es usada y tratada como sirvientes y no con la dignidad que merecen el servicio que prestan a la sociedad. Son miles de viudas, huérfanos o familiares de desaparecidos víctimas de desaparición forzada los que claman justicia y exigen un cambio, incluso, quienes reciben prebendas, y acaso por ello la participación en las urnas podría ser copiosa, lo que significaría un cambio de verdad, algo que destierre el mal gobierno para siempre y le dé una luz de esperanza a Veracruz. A ver que pasa. OPINA [email protected]
