*Pero magistrado, encuestadoras y actores dicen lo contrario
*Van nueve asesinatos de aspirantes a cargos o dirigentes
LO HAN denunciado magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, partidos de oposición, ministros religiosos, ciudadanos, dirigentes partidistas, empresas consultoras o encuestadoras y hasta el Gobierno de los Estados Unidos, pero la candidata de Morena y sus aliados, Claudia Sheinbaum se empeña en negarlo como si al hacerlo estuviera consintiendo lo que nadie desea: que el crimen organizado tiene injerencia en las campañas electorales que finalizarán con los comicios del 2 de Junio, esto a pesar de que van 9 asesinatos de políticos en lo que va del año. Por ello los expertos si bien consideran que el ámbito municipal es el más peligroso para realizar campañas, el proceso en curso pinta para ser riesgoso en demasía, y los Estados más inseguros para participar en política electoral son: Veracruz, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Michoacán y Chiapas, por lo que se preguntan si esa violencia se debe a la presencia de grupos de la delincuencia organizada o a tensiones políticas, partidistas y confrontación de redes clientelares, lo que se llama delincuencia autorizada encubierta por la impunidad del poder. Pero la candidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia, pese a los nueve muertos, niega que el crimen organizado tenga injerencia en las campañas electorales. De esa manera, Sheinbaum difiere de los señalamientos de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), respecto a la injerencia del crimen en las campañas electorales, pues asegura que Morena está blindada de este tipo de situaciones, muy a pesar de las detenciones o señalamiento de autoridades municipales o Estatales a las que ligan con el crimen. “Respetamos al Tribunal Electoral, pero no coincidimos en que esa sea la situación del país”, dice, pero no dice, entonces, cual es la situación, si fallaron los llamados abrazos y no balazos del Presidente, ya que una explicación debe haber ante tanta y semejante criminalidad que agobia a la nación, y que la gente, aun las consciencias compradas con programas sociales, ya no cree que todo sea culpa de Carlos Salinas de Gortari, de Felipe Calderón, Vicente Fox o Enrique Peña Nieto, e incluso del héroe en la guerra de intervención, Porfirio Díaz, porque ellos mismos o sus familias han sentido los efectos de la violencia virulenta que infecta a la Nación.
QUIZA POR ello, como un distractor y en aras de seguir medrando políticamente y denostando a la oposición que le pisa los talones en varios Estados del País, sobre todo en Veracruz, el gobierno Federal busca inventar un nuevo arguende, reviviendo la versión de un supuesto segundo tirador en el caso Luis Donaldo Colosio Murrieta, atribuyendo la responsabilidad al agente de inteligencia del antiguo Cisen, Jorge Antonio Sánchez Ortega. Como bien se recuerda, Sánchez Ortega fue detenido a 15 metros del lugar donde cayó herido el político sonorense aquel 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana. Tenía cerca de siete meses de trabajar para el Cisen, que le asignó vigilar el mitin de Colosio en la ciudad bajacaliforniana. Tras el atentado, en su chamarra se le encontró sangre y en sus manos plomo. Un dictamen de la Procuraduría General de la República, publicado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, indicaba que dio positivo a las pruebas que demostraban la presencia de plomo y bario “producto la deflagración de arma de fuego”, pero nunca se le comprobó nada, y hoy, su nombre está en el centro de la controversia, en pleno proceso electoral amañado.
PERO EL lunes pasado, el periódico Reforma dio a conocer que un juez negó a la Fiscalía General de la República (FGR) la detención de Sánchez Ortega, considerado por el Gobierno Federal (que busca sacar raja política del caso) como el “segundo tirador” en la revivida “teoría del complot” sobre los hechos ocurridos hace casi 30 años. Ese mismo día, en un comunicado, la FGR acusó al juez Jesús Alberto Chávez Hernández de quebrantar los principios obligatorios de valoración y análisis de pruebas que implican al agente del Cisen asignado a cubrir al candidato presidencial. Y se vio tan evidente la intensión de aprovechar el caso para hacer politiquería, que el hijo del fallecido político, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas increpó al presidente Andrés Manuel López Obrador restregándole que si no tuviera intención de politizar el caso de la investigación sobre la muerte de su padre, no tendría por qué hacer mención del tema en su conferencia mañanera, por lo que le pidió que simplemente permita que la Fiscalía Especializada siga con su investigación, luego de que el tabasqueño se negó a indultar a Mario Aburto, el asesino confeso del malogrado sonorense como se lo pidió Colosio Rojas para poder sanar heridas.
PERO QUIZA todo ese embrollo responda a una filtración del Gobierno de los Estados Unidos que revela que a través de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), se investigó un posible financiamiento del narcotráfico a la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), esto de acuerdo a las agencias ProPublica, DW e InSigh Crime. El reportaje firmado por el periodista Tim Golden, ganador de dos premios Pulitzer (uno de ellos por su cobertura de la corrupción de drogas en México), dice que testigos aseguraron a la DEA que narcos como Edgar Valdez, “La Barbie”, dieron alrededor de 2 millones de dólares a la primera campaña presidencial de López Obrador. Con base en más de una docena de entrevistas a funcionarios estadounidenses y mexicanos, así como en documentos del gobierno de EU revisados por Golden, explica a detalle cómo habría ocurrido tal financiamiento, pero aclara que la investigación de la DEA “no estableció si López Obrador sancionó o sabía de las supuestas donaciones de los traficantes”. Tim Golden es una voz autorizada; fue editor gerente y fundador de noticias e investigaciones en The Marshall Project; y escritor senior en The New York Times, donde fue corresponsal en México. El texto de ProPublica señala que la fuente inicial de la DEA para su investigación sobre el posible financiamiento del narco a la campaña de López Obrador, fue Roberto López Nájera, “una especie de abogado de Édgar Valdez”, quien habría acudido voluntariamente a la embajada de EU en México en 2008 pidiendo hablar con unos agentes. López Nájera le habría dicho a la DEA que en 2006 “La Barbie” acudió a una reunión organizada por Francisco León García, entonces candidato al Senado por el PRD y “amigo” de Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, un testigo clave en el juicio contra el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. El testigo de la DEA dijo que León García y otro empresario no identificado aseguraron durante la reunión que estaban allí con el conocimiento y el apoyo de López Obrador, y que la propuesta fue: a cambio de dar dinero en efectivo a la campaña, el candidato presidencial prometía elegir a funcionarios “encargados de hacer cumplir la ley que ayudaran a los narcotraficantes”. Según los relatos de Nájera a la DEA, “La Barbie” aceptó el trato y le encargó reunirse con cercanos a López Obrador para entregar los pagos. Habrían sido tres entregas, entre ellas, a Mauricio Soto Caballero, entonces operador de la campaña, y a Nicolás Mollinedo Bastar, colaborador cercano. Y en total, 2 millones de dólares en efectivo. Ahora en reciprocidad se afirma lo propio de Enrique Peña Nieto. Y uno se pregunta: ¿tiene razón la señora Claudia Sheinbaum o solo trata de seguir protegiendo a la delincuencia organizada?. Integralia dice que las organizaciones criminales capturan a los gobiernos locales para disponer de recursos clave, como datos personales, dinero público, policías y otros funcionarios a su servicio, entre otros, para operar con impunidad, consolidar o diversificar sus áreas de negocios, y neutralizar a organizaciones rivales. Así las cosas. OPINA [email protected]
