“La injusticia hecha a uno solo es una amenaza dirigida a todos.” – Montesquiu.
¡En Veracruz la “justicia” está podrida!
Está afirmación es el grito de millones de ciudadanos que alarmados han alzado la voz en un inmenso mar de indiferencia gubernamental y de displicencia de un Poder Judicial Estatal y de una Fiscalía General del Estado entregadas a las instrucciones del Ejecutivo.
Lo lamentable de ello, es que la serie de violaciones a los derechos humanos y los debidos procesos se cuenta por miles.
Las cárceles veracruzanas están atestadas de personas inocentes, que, por la pésima calidad en la impartición de justicia, llevan privados de su libertad –de manera indebida, a manera de secuestro de estado- más de la mitad de sus sentencias, sin que, al momento, autoridad alguna les haya dictado sentencia alguna.
La practicidad de esta norma no escrita por parte del Gobierno del Estado de Veracruz, es ya considerada un crimen de estado, al menos lo da a entender la Relatora Especial sobre Independencia de los Magistrados y Abogados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Margaret Satterthwaite, quien hizo pública este lunes, la comunicación oficial que envió al Gobierno de México en la que señala que los actos en contra de la jueza Angélica Sánchez podrían constituir violaciones al derecho internacional atribuibles a funcionarios del Estado de Veracruz.
Esta declaración en sí misma evidencia el grave deterioro de las instituciones impartidoras de justicia de manos de un régimen político que ha visto en ella, el instrumento indubitable de represión contra cualquier opositor al régimen.
La ONU a través de su relatora, confirma lo que en este mismo espacio hemos señalado, la detención ilegal –secuestro de estado- podría como en el caso de la juez ser constitutiva del delito de desaparición forzada de personas.
Según se ha difundido, la Relatora Especial señala contar con información que indicaría que las acciones judiciales en contra de la togada serían una represalia en contra de su actividad jurisdiccional, en particular, del cumplimiento de una sentencia de amparo dictada por un juez federal.
La comunicación exhibe que, de acuerdo con la información recibida, los jueces de control en Veracruz no cuentan con independencia para resolver los casos, pues resalta que:
“Los Jueces en Veracruz, tendrían la instrucción de notificar a sus superiores cuando van a resolver algún asunto que se considera relevante, además, cuando son asuntos de relevancia, recibirían llamadas o mensajes desde la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia donde se instruiría el sentido en Jueces deben resolver”.
Es decir, el documento señala que los jueces de Veracruz no resuelven con base en las carpetas de investigación; sino en las instrucciones dictadas por la Presidenta del Poder Judicial Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre.
Este martes en punto de las 10 de la mañana en conocido Café del Centro de Xalapa, Veracruz será testigo una vez más de esa parcialidad con la que actúan los jueces veracruzanos.
Las jóvenes Viviana y Luisa, hijas del perredista Rogelio Franco Castán –ex secretario de Gobierno- ofrecerán conferencia de prensa en conocido café de la capital veracruzana, para informar de una más de las tropelías y violaciones al debido proceso llevado en contra de su padre y de ellas como miembros de su familia.
Resulta que habiendo una custodia de una menor por resguardo judicial con amparo de por medio, las autoridades judiciales veracruzanas, han vuelto a ser parte del llamado de una supuesta madre –ex pareja sentimental de Franco Castán- quien con base en falsas imputaciones reclama la custodia de su menor hija –de la cual se acordó que es progenitora, muchos meses después de que literalmente la abandonó, a la que no le paga pensión alimentaria desde hace meses, y quien ahora por los favores del Gobierno en turno, vuelven a pretender asentar un nuevo golpe a una familia que lo único que desea es vivir en paz y alejados de su madre por el inmenso daño que les ha causado.
Cómo será posible que el Poder Judicial se preste a tan ruin acción, cuando de por medio existen estudios psicológicos periciales que arrojan que la menor en comento, fue brutalmente violentada por la misma madre, que hoy en complicidad con el Gobierno del Estado, pretenden reclamar la custodia de la menor.
El caso de Rogelio Franco Castán es la confirmación de la declaratoria de la Relatora Especial sobre Independencia de los Magistrados y Abogados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Margaret Satterthwaite quien acusa la construcción de una red de impartición de justicia por consigna, que tarde o temprano deberá comparecer ante las cortes internacionales por la violación flagrante de los derechos humanos de los afectados.
Al tiempo.
Twitter: @LuisBaqueiro_mx
