Ciudad de México— La Oficina de la Interpol México giró la ficha roja contra Javier Duarte Ochoa, exgobernador de Veracruz, para que sea buscado en más de 190 países por los delitos de delincuencia organizada y lavado de 439 millones de pesos.
En su página de internet, el organismo internacional publicó la ficha en contra del veracruzano, misma que la Procuraduría General de la República (PGR) precisó que fue emitida desde el año pasado.
En la versión electrónica del documento, además de los delitos que le imputan, la Interpol difunde una serie de ocho fotografías del prófugo de la justicia y señala que nació el 19 de septiembre de 1973 en Veracruz y sólo habla español.
La Interpol tiene un sistema de búsqueda de fugitivos basada en fichas de colores, según sea su prioridad. La roja o “red notice” consiste en un formato con los datos personales, delictivos y las fotografías del acusado.
Al emitirse, dicho documento es enviado a la red de oficinas afiliadas en todo el mundo -hoy en día más de 190 naciones-, con el propósito de localizar al prófugo de la justicia.
Dependiendo del país, los colores de las fichas tienen valores distintos, pues en algunos el color rojo basta para privar de la libertad a un individuo y en otros las policías sólo generan un aviso de localización o tránsito del fugitivo.
Duarte es prófugo de la justicia desde el 14 de octubre pasado, cuando Gerardo Moreno García, Juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte de la Ciudad de México, autorizó a la PGR el mandato de captura.
Le imputan los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, derivado de supuestos desvíos del Gobierno de Veracruz a una serie de empresas que inicialmente habrían triangulado el dinero en compras de terrenos ejidales en Campeche.
Presuntos prestanombres de Duarte supuestamente simularon la reventa de esas propiedades en más de 439 millones de pesos, inflando el costo real, y ese dinero después se habría destinado al remozamiento de un rancho en Valle de Bravo.
El exgobernador ha tramitado dos demandas de amparo contra la orden de captura, pero en ambos casos fue negada la suspensión, pues este recurso no puede frenar una aprehensión por el delito de delincuencia organizada.
