De Echeverría para acá, el único expresidente que ha sido enjuiciado es el propio Echeverría. De ahí en fuera ninguno, aunque si la justicia hiciera honor a su nombre más de uno debería estar en prisión. A Echeverría lo acusaron de genocidio y salvo tu mejor opinión lector (y la de los juristas), creo que ahí estuvo el error.
En el sentido literal de la palabra, genocidio es la aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos. A Echeverría debieron acusarlo de asesinato múltiple de estudiantes e incluso de desaparición forzada. Pero en la pachanga de juicio que hubo en su contra, el juez lo condenó a prisión domiciliaria (que ya no tiene) y en eso terminó la justicia para los muertos y desaparecidos del 2 de octubre y el 10 de junio.
López Portillo fue corrupto y nadie lo denunció; Miguel de la Madrid no tuvo ningún señalamiento judicial; Carlos Salinas fue otro corrupto pero tampoco tiene denuncias penales; a Ernesto Zedillo lo quisieron involucrar injustamente en la matanza de Acteal y demostró su inocencia.
Vicente Fox tampoco tiene señalamientos penales al igual que Felipe Calderón, por mucho que le digan asesino sus enemigos que los tiene a pasto en Morena principiando por López Obrador. Enrique Peña Nieto es el ejemplo más acabado de un presidente corrupto y sin embargo anda suelto, a pesar de lo que ha dicho de él el ladrón y corrupto Emilio Lozoya.
Pero hasta donde sé lector, a ningún presidente en funciones lo han acusado penalmente de nada. La excepción es Andrés Manuel López Obrador y esto podría ser el principio del fin de la impunidad para un presidente cuando deja el cargo.
Quienes lo acusan son los padres de niños con cáncer a los que les han escamoteado sus medicamentos. Aunque las denuncias (son ocho) están arrumbadas en la FGR desde hace dos años, los padres acudieron este lunes a solicitar que se les dé trámite y comparezcan formal y de manera inmediata ante esa dependencia el secretario de Salud Jorge Alcocer; el director del IMSS Zoé Robledo; el director del INSABI Juan Antonio Ferrer; el director del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez y Andrés Manuel López Obrador.
La abogada de los menores Andrea Rocha, dijo que deben responder por los delitos de homicidio, genocidio, discriminación, coalición de servidores públicos y abuso de autoridad. Todos son delitos graves.
Insisto en mi tesis que el genocidio no debe entrar en la acusación, pero sí el homicidio múltiple e incluso el infanticidio múltiple, porque al menos son 1,600 niños los que han muerto por falta de medicamentos oncológicos en estos dos años. Pero de eso sabe la abogada más que yo.
“La justicia tiene que llegar, no puedo decir quién es el responsable de esto, si fue provocado, si fue un error administrativo o como haya sido. Pero tiene que haber responsables y la responsabilidad de un funcionario público sobre la vida de niños no tendría por qué tener perdón” dijo el padre de uno de los menores.
¿Que a López Obrador le pelan los dientes? Ahorita sí, pero no será por siempre. Por mucho que quiera reinventar el Maximato, por mucho que su elegido le jure lealtad supina y se arrastre en su presencia, al final lo mandará al diablo.
Para un tipo de su arrogancia la acusación ante la FGR es un calambre casi imperceptible, apenas un toquecito eléctrico que no le espanta el sueño. Lo que ignora es que el voltaje puede subir y electrocutarlo.
Sin rodeos, Andrés Manuel ha causado mucho encono y se cuentan por cientos los enemigos poderosos que están esperando a que entregue la banda presidencial para írsele encima como lobos hambrientos. ¿Cómo lidiará con el pánico que embarga a un sujeto cuando sabe que ya no es presidente y que está más que indefenso?
Si llevado por su soberbia se abstiene de pedirle a los padres de esos menores que retiren las acusaciones y si se niega a tender puentes con sus enemigos, los años que le restan los pasará en los juzgados. Y es probable que la celda de un penal lo esté esperando.
