El gobierno de Cuitláhuac favorece al “Cartel de la Sangre”, aún cuando la 4T multó a las empresas que lo conforman

* Gobierno del estado no quiere pagar becas a estudiantes de nivel superior porque dice que no tiene dinero

 

Marco Antonio Aguirre Rodríguez

 

El gobierno de Cuitláhuac García tiene preferencia por las empresas que el mismo Presidente de la Republica ha repudiado por sus prácticas corruptas y monopólicas, a esas a las que llaman “El Cartel de la Sangre”, porque se confabulan entre sí para conseguir los contratos en los servicios médicos ligados al tratamiento de la sangre para los pacientes.

Esto es una muestra de la “honestidad” que sí existe en el gobierno de la 4T en Veracruz, con Cuitláhuac García.

Los contratos a las empresas de “El Cartel de la Sangre” se les entregan vía los Servicios de Salud de Veracruz, por instrucción presumible de Rocío Nahle, pues el titular de la Secretaría de Salud, Roberto Ramos Alor, es de su cuadra.

El vínculo del Cartel de la Sangre con el gobierno de Cuitláhuac Garcíaes tan fuerte que incluso el mismo gobernador ha defendido en varias ocasiones los contratos entregados a los miembros de este grupo.

Estas empresas han sido tan corruptas que la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), multó el 10 de agosto de 2020, a 11 de las mismas por un total de 626 millones 457 mil pesos.

Y de esas 11 el gobierno del estado, la administración de Cuitláhuac García, le ha entregado contratos a la mayoría.

Las empresas sancionadas son:

  • Selecciones Médicas (Seme)
  • Selecciones Médicas del Centro (Semece)
  • Centrum Promotora Internacional (Centrum)
  • Impromed
  • Hemoser
  • Instrumentos y Equipos Falcón (Falcón)
  • Dicipa
  • Grupo Vitalmex (Vitalmex)
  • Vitalmex Internacional
  • Vitalmex Administración
  • Vitalmex Soporte Técnico

 

El gobierno de Cuitláhuac García conocía muy bien la investigación contra estas firmas, porque al inicio del actual gobierno ya estaban las investigaciones en curso y en marzo de 2019, la Cofece informó del inicio de una etapa de juicio en torno de este caso en particular.

Un ejemplo de la fuerte vinculación entre el “Cartel de la Sangre”, Ramos Alor, y por ende el gobernador Cuitláhuac García y Rocío Nahle, es uno de los últimos contratos entregados a la empresa Dicipa, apenas el 29 de mayo de 2020, por casi 271 millones de pesos, para el “Suminstro de pruebas de laboratorio clínico para las unidades médicas pertenecientes a Servicios de Salud de Veracruz”, para el segundo semestre de éste año.

La asignación se hizo mediante una licitación a la que “casualmente” sólo acudió Dicipa.

Este es uno de los muchos contratos que ha recibido Dicipa en el gobierno de Cuitláhuac García.

Entre otros a Dicipa le dieron en el 2019, el contrato 134/2019, con un techo de 170 millones 322 mil 321 pesos, por la prestación integral de pruebas de laboratorio en los hospitales.

Una de las tácticas de Dicipa para obtener contratos es la entrega de recursos a los partidos políticos. En 2013 el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán le impuso una multa por 112 mil 252 pesos, por una aportación en especie al entonces fuerte y poderoso Partido de la Revolución Democrática (PRD).

De esa época data la relación de Rocío Nahle, la secretría de Energía en el actual gobierno de la 4T, con Dicipa.

Rocío Nahle es la jefa política de Roberto Ramos Alor, el secretario de Salud en el gobierno del estado, y tiene mucha influencia en Cuitláhuac García, por esto también tiene incrustado al secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos.

Otra empresa sancionada, que está entre las favoritas del gobierno de Cuitláhuac García es Impromed, tanto que se le entregaron por lo menos tres asignaciones de forma directa en 2019: Un contrato por hasta 104 millones 857 mil pesos, por prestación de pruebas de laboratorio clínico para los hospitales y centros pertenecientes a los Centros de Salud de Veracruz, después de que la licitación inicial se declaró desierta y que se mostró que la empresa tenía varias irregularidades; otro, el 120/2019, por un monto máximo de 100 millones de pesos; y el 73/2019, por casi 24 millones.

El 27 de diciembre de 2018, apenas iniciando el gobierno de Cuitláhuac García, Fernando Castillo Acevedo, entonces director de Atención Médica de la Secretaría de Salud de Veracruz, le envió una circular a todos los directores de hospitales donde les informaba que Pharmacur e Impromed serían los nuevos encargados de los servicios de banco de sangre y de laboratorio, los cuales se les entregaron sin procedimiento licitatorio alguno, por 3 meses, por 300 millones de pesos, pero además utilizando los equipos de la anterior prestadora del servicio, Disequi, a la cual no la dejaron retirar sus equpos de los hospitales.

El 24 de mayo de 2019 Impromed junto con otra empresa del Cartel de los Medicamentos, y también de las sancionadas por la Cofece (y de las favoritas del gobierno de Cuitláhuac García), Instrumentos y Equipos Falcón (Falcón) buscaban un contrato por hasta 380 millones, en complacencia con el Director Administrativo de Servicios de Salud de Veracruz, Jorge Eduardo Sisniega Fernández, por instrucciones de Rocío Nahle –presumiblemente- y a seguimiento de Ramos Alor.

La licitación para esos servicios debió de realizarse en marzo, antes de que concluyera el contrato entregado con todo favoritismo a Pharmacur e Impromed, pero la convocatoria para la licitación se emitió hasta el 1 de abril, y luego se suspendió porque ambas empresas, a pesar de que recibieron apoyo desde los mismos Servicios de Salud, tuvieron el error de presentar registros sanitarios vencidos.

También se entregó un contrato directo a Pharmacur por 26 millones 509 mil 407 pesos para proporcionar el servicio integral de bancos de sangre, puestos de sangrado y servicios de transfusión de los hospitales y del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea.

Esto es sólo una muestra de cómo el gobierno del estado mantiene el contubernio con “El Cartel de la Sangre”, vía Roberto Ramos Alor, de la cuadra de Rocío Nahle.

Esto es un ejemplo de la “honestidad” del gobierno de la 4T en Veracruz. De la honestidad que dicen tener los que se sienten los grandes místicos de la política en el estado.

GOBIERNO DEL ESTADO NO QUIERE PAGAR BECAS A ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR PORQUE DICE QUE NO TIENE DINERO

La administración de Cuitláhuac García se resiste a pagarle a cerca de 20 mil estudiantes de nivel superior la Beca Manutención, la cual se entrega a quienes demuestran tener un buen desempeño académico, alegando carencia de recursos.

La táctica es la misma que se utilizó en el gobierno de Javier Duarte, para no pagar nada y acumular adeudos múltiples, mientras los recursos públicos eran sustraídos de diversas formas.

Los alumnos afectados solicitaron por diversas vías tanto el pago de la beca como una explicación del atraso, recibiendo siempre la misma respuesta, el no tener recursos para cubrirlas.

El alegato por parte de la Secretaría de Educación de Veracruz, que es la entidad que debe pagar las becas (y validado por el titular de la dependencia, Zenyazen) es la carencia de recursos, toda vez que el fideicomiso encargado de operar las becas Manutención fue extinguido por decreto del gobierno del estado del 21 de abril de 2020.

En ese decreto se apunta que los recursos de todos los fideicomisos que fueron extinguidos pasarían a la Secretaría de Finanzas y Planeación.

En la SEV la respuesta que le dan a los jóvenes es que “se están gestionando los recursos para poder cubrir los meses del periodo que se adeuda”, pero “por lo pronto”, no hay “fecha definida para cubrir estos pagos”, se lee en una de las respuestas emitidas.

Pero eso sí, mandan “Saludos”.

Paradójicamente, el “Fideicomiso Público Revocable de Administración e Inversión para la Operación del Programa de Becas Nacionales para la Educación Superiior (Manutención)”, antes de ser absorbido por la Sefiplan, al final de marzo de éste año tenía 34 millones 65 mil 827 pesos, de acuerdo con el “Primer Informe Trimestral de Finanzas Públicas” 2020 del gobierno del estado (página 231).

Pero buena parte de ese dinero desapareció y sin que se hubiesen pagado las becas a los estudiantes, pues en el Segundo Informe Trimestral, ya sólo quedaban 5 millones 224 mil 368 pesos.

¿A dónde fue el dinero si no se uso para pagar las becas?.

Al parecer –a menos que se aclare la información- el gobierno del estado utilizó para fines no definidos 28 millones 841 mil 459 pesos.