* La SSP puso un arco de “seguridad” en la carretera, que no sirve: M. Huerta
* El titular de la SSP se hace “de la vista gorda” con las transas de las grúas
Marco Antonio Aguirre Rodríguez
La ilusión que buscan crear de que en Veracruz la seguridad pública es lo ideal, es sólo eso.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024, apunta que el 79.3 por ciento de los habitantes del estado se sienten inseguros en el mismo.
Esto es, ocho de cada 10 personas que viven en Veracruz no sienten que la entidad sea un lugar seguro.
De hecho en Veracruz la percepción de inseguridad está por encima del promedio nacional, que según la ENVIPE, fue de 73.6 por ciento en promedio en el país.
Dicho de otra forma, los veracruzanos se sienten más inseguros que la mayoría de los habitantes del país.
Pero además se está muy, pero muy lejos, del estado donde hay una menor percepción de seguridad, que es Baja California Sur, donde sólo el 30.1 por ciento de sus habitantes tienen esta sensación.
Mientras aquí son 8 de cada 10 veracruzanos los que se sienten inseguros, allá son 3 de cada 10 habitantes.
Es mucha la diferencia.
Y aún así nos quieren vender la ilusión de que Veracruz es uno de los estados más seguros del país.
Pero además aquí, hay una corrupción rampante en la policía estatal.
LA SSP PUSO UN ARCO DE “SEGURIDAD” EN LA CARRETERA, QUE NO SIRVE: M. HUERTA
Uno de los casos de ineficacia de la policía estatal menos denunciado es el arco de seguridad que colocó la policía estatal en Tamarindo, en la carretera Veracruz-Xalapa.
El senador por Morena, Manuel Huerta, resume la utilidad de ese arco así: “no sirve para nada”.
La muestra de que a Cuitláhuac García nunca le ha importado informar a los veracruzanos de lo que se hace en su gobierno, es que ni el secretario de Gobierno, Carlos Alberto Juárez Gil, ni el secretario de Seguridad Pública (SSP), Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, ni el mismo gobernador, se dignaron atender las dudas que el senador de Morena expresó:
– ¿De qué sirve que en Tamarindo pongamos el dichoso arco que según va a ver las placas y las caras, para la delincuencia?
– ¿Cuánto costó?, ¿quién lo hizo?, ¿quién opera las cámaras de seguridad?, ¿quién las vigila?, ¿quién revisa?, ¿en qué está impactando en la seguridad?.
Si a un senador, y además de Morena, que se supone forma parte del circulo de los grandes místicos de la política en Veracruz, no le hace caso el gobierno de Cuitláhuac, mucho menos lo hará con un simple terrenal.
Manuel Huerta también cuestionó algo que es muy evidente: A la Fuerza Civil “nada más le cambiaron el nombre”, pero “el modelo que se ha implementado, no”. Ese, sigue vigente.
Manuel Huerta en cambio ponderó el cambio de estrategia de la seguridad a nivel nacional, y los resultados que ya se están teniendo.
Como ejemplo mencionó el caso del presunto delincuente al que identifican como el “Bukanas”.
“El caso del Bukanas, que aquí seis años y nadie pudo hacer nada. Pues ahora, en menos de dos meses, ya lo atraparon”, apuntó.
El Bukanas, es líder de un grupo delictivo que opera en los estados de Veracruz y Puebla, y es considerado un delincuente de alta peligrosidad por el que se ofrecía una recompensa de 5 millones de pesos por información que facilitar su captura.
Ismael N., alias El Bukanans, es señalado junto con su célula criminal como autores de la masacre en el bar Bling Bling, en Cuautitlán Izcalli, ocurrido el 10 de noviembre.
Antes, en el 2022 fue detenido en la colonia Doctores, de la Ciudad de México, por el homicidio de Irwin N., cuyo cuerpo fue abandonado con un mensaje intimidatorio en Tlalnepantla, en 2019; sin embargo, fue liberado por falta de pruebas.
EL TITULAR DE LA SSP SE HACE “DE LA VISTA GORDA” CON LAS TRANSAS DE LAS GRÚAS
La mayor expresión de la corrupción en la SSP son los negocios “irregulares” (llamémosle así para no decir como otros, que son negocios delincuenciales) del arrastre de vehículos con grúas, del cobro excesivo por los “corralones” y de las mordidas de miles de pesos que algunos ciudadanos han testimoniado como entregadas a algunos policías.
La diputada local panista Montserrat Ortega Ruiz, durante la comparecencia del titular de la SSP en la Cámara de Diputados local por el último informe de gobierno de Cuitláhuac García, le plantó cara y acusó a las autoridades de esa dependencia de estar coludidos o “hacerse de la vista gorda” ante los excesos de las empresas de grúas.
Cuauhtémoc Zúñiga, en lugar de atender el reclamo la señalo como vocera de la organización “Resistencia Ciudadana”, como si eso demeritara su imagen o invalidará el planteamiento, que es algo generalizado en Veracruz.
La panista le dijo a Cuauhtémoc Zúñiga de las quejas de ciudadanos por el cobro de hasta 20 mil pesos por el arrastre de vehículos con grúas particulares.
El titular de la SSP en lugar de responder trató de demeritar a quien presentó el reclamo.
No respondió Cuauhtémoc Zúñiga al reclamo de los veracruzanos. Sólo repitió lo que ya ha dicho antes: que no tiene injerencia con las empresas.
“Nosotros no tenemos ninguna injerencia con estas empresas, la relación que tenemos con ellas es por la concesión que les fue otorgada. Hemos hecho operativos contra grúas fuera de la normativa y hemos asegurado en nueve eventos a grúas que no cumplen con la normatividad”.
Pero ¿quién les dio la concesión?, ¿cuál fue el mecanismo que se utilizó para darles la concesión?, ¿de cuánto es la contraprestación que entregan las empresas por esa concesión?.
De eso, nunca ha querido hablar el funcionario policíaco.
Montserrat Ortega también criticó que hasta ahora no se ha aprobado el nuevo reglamento de tránsito para regular a las grúas, a pesar de que se trató de un compromiso de Cuitláhuac García.
“El 8 de febrero nuevamente el gobernador se comprometió a dar solución a este problema,. En la Legislatura anterior, el 7 de octubre se presentó una iniciativa que quedó sin dictaminar, Y no nos digan que es por falta de tiempo porque la reforma judicial pasó en fast-track. Es porque no les interesa regular el tema de las grúas”.
“Este gobierno y el Congreso han sido omisos en atender esto que daña a la sociedad. No es posible que no tomen cartas en el asunto. Cobran por el arrastre 5 mil, 10 mil, 20 mil pesos. ¡Es una barbaridad!. Por un arrastre que en otros estados cobran 300 pesos en este te cobran 20 mil y como la gente no puede, dicen ‘bueno, dame 10’ y no dan recibo, es una corrupción espantosa”.
“¡O están coludidos o se hacen de la vista gorda!”, puntualizó Monserrat Ortega.
Zúñiga Bonilla, como otra veces, buscó evadir el tema con el simple señalamiento de:
“Si saben de casos de abuso, invitamos a la ciudadanía a que presente su denuncia”.
Denuncias hay.
Soluciones, no.
Como no ha habido en todo este gobierno que ya termina.
Demos gracias a Dios.
